Diario de Navarra

En ocasiones, acceder a un centro penitenciario por haber cometido un delito no es la mejor solución. Ni para la sociedad ni para el nuevo recluso y mucho menos para su entorno familiar. “Es indudable que entrar en la cárcel deja una profunda huella en la persona, en su trabajo, y en su familia”, explicó el jueves Amador Ruiz Sanz, jefe del Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas, servicio que depende del Ministerio de Interior y donde trabajan nueve personas. Por eso, cuando las condenas son inferiores a dos años y un día, y en aquellos casos en los que sea el primer delito de una persona, para conseguir que no vuelva a delinquir, los juzgados imponen una pena alternativa. Los juzgados navarros interpusieron el año pasado 2.318 medidas penales, este dato lo dio a conocer este jueves Amador Ruiz dentro de las jornadas Policía Municipal de Pamplona, 30 años en defensa de la mujer y del menor, organizadas por el ayuntamiento de la capital navarra y que conmemoran las tres décadas de existencia de UPAS (Unidad de Protección y Acción Social). La mayor parte de estas 2.318 personas, el 71% (1.656) fueron condenadas a trabajos en beneficio la comunidad. Los tipos de trabajo en beneficio de la comunidad son tan variados como las asociaciones en las se prestan: el Comedor París 365, Fundación Xilema, Cáritas, la Protectora de Animales, parroquias de cualquier religión... etc. Desde el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas lamentan la escasa implicación de algunos consistorios que no cuentan con personas condenadas a trabajos en beneficio de la comunidad. “De este modo es complicado ejecutar tal cantidad de medidas”. El aumento de este tipo de condenas se debe a las sucesivas reformas del Código Penal, según explicó Amador Ruiz, que señaló que el número de sentenciados con algún tipo de medida alternativa en 2006 fue de 562 frente a los 4.422 de 2010. EL 87,5% SON HOMBRES El perfil de la persona que realiza un trabajo en beneficio de la comunidad es el de un hombre (ocurrió en el 87,5% de los casos) y de nacionalidad española. Solo en 463 casos, el 20% del total, eran extranjeros. Las personas a las que se les concede una pena alternativa han cometido, sobre todo, delitos relacionados con la seguridad del tráfico (653 personas) y violencia de género 642 (27,7%). En los delitos de seguridad vial los infractores han de acudir a un taller impartido por expertos en tráfico para ‘reeducarse’, duran aproximadamente 10 meses, y también interviene un psicólogo. En el caso de aquellos hombres que son condenados por violencia de género, la pena alternativa impuesta en 245 casos fue la obligación de realizar un programa terapéutico. En otros 206 casos, tuvieron que asistir al Pria-Ma (Programa de intervención para agresores de violencia de género en medidas alternativas). Otro de los programas que gestiona el Servicio de Gestión de Penas y Medidas se denomina ‘Encuentro’. Está dirigido a violencia en el ámbito doméstico. Esto es, cuando la agresora es una mujer o el agredido es un menor. Hay una tercera posibilidad que es la de “edad adulta”. Esta se refiere a los casos de maltrato en los que , por ejemplo, un hijo maltrata a su padre. Atendieron a 24 personas. Otros 11 casos estaban relacionados con delitos contra la libertad sexual, como por ejemplo, exhibicionistas. EN CIFRAS 1.656 Trabajos en beneficio de la comunidad. El 71% de las medidas y penas alternativas impuestas tienen que ver con trabajos en beneficio de la comunidad. Total de Medidas 2.318 Suspensión condiciona 651 Medidas sustitutivas 3 Medidas de seguridad 8 Trabajos a la comunidad 1.656 87,5% de los 2.318 sentenciados, el 87,5% (2.028) eran hombres. El resto, 290 (12,5%) eran mujeres. El 20%, un total de 464 personas eran extranjeras Tipos de delitos Contra la seguridad vial 653 Violencia de género 642 Violencia doméstica 24 Otros; 999 Contra la salud de justicia 12% Contra el patrimonio 37% Contra las personas 21% Quebrantamientos 20% Contra el orden público 8% Contra la libertad sexual 1,8% 642 Violencia de género. En 245 casos fueron sentenciados a realizar un programa terapéutico. En 206 tuvieron que realizar el programa de intervención para agresores de violencia de género (Pria-ma) 58 Altas terapéuticas. Dentro del programa Pria-ma, un total de 58 hombres (el 28%) recibieron el alta terapéutica. Otros 119 varones continúan realizando el programa y en un 14% de los casos (29 personas) han abandonado el programa o han sido expulsados de él. Se pidió incapacitar a 401 personas El año pasado la Fiscalía de Navarra pidió incapacitar a un total de 401 personas. Por ejemplo, el Juzgado de primera instancia número 8 de Pamplona, que se encarga de estos casos en su jurisdicción, incapacitó a 136 personas por deterioro cognitivo; el motivo de la incapacidad en otros 44 casos fue una enfermedad mental y en otras 45, una discapacidad intelectual. José Antonio Sánchez, Fiscal Superior de Navarra, aportó estos datos para dejar constancia de la importancia de la Unidad de Protección y Acción Social de Policía Municipal de Pamplona. En otros 432 casos se decretó el internamiento.

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2.318 personas condenadas en 2017 con penas y medidas alternativas en Navarra

En 1.656 casos fueron sentenciados a realizar algún trabajo en beneficio de la comunidad

La gran mayoría de las sentencias tienen que ver con delitos de tráfico y violencia de género

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