Lerín. Noviembre de 1942. Eran quince jóvenes, quince amigos en torno a los 20 años que acababan de recibir orden de incorporación a filas. Ante una posible entrada de España en la II Guerra Mundial a favor de Alemania, se alistaba a varios reemplazos al mismo tiempo, desde el del 39 al del 42. El problema es que casi todos estos jóvenes ya habían combatido en la Guerra Civil dentro del llamado “bando nacional”, algunos encuadrados en el Requeté.

El día 27 de noviembre quedaron para una cena de despedida en el Círculo Católico de Obreros, lugar habitual de esparcimiento para jornaleros y agricultores. Primero fueron a cazar, por la zona del despoblado de Baigorri. Tras la cena, comenzó la juerga, de bar en bar, cantando y bailando. En La Rana ya estaban bastante entonados. Les sirvió Luisa Soto, esposa del dueño. Entre risas y cánticos, Pablo Yanguas, que tenía 23 años, se acercó al omnipresente retrato de Franco y, con una botella de anís Las Cadenas, “le dio de beber” mientras le decía: “¡Bebe tú también, cabrón. Por ti vamos a la guerra!”.

La juerga siguió en El Valentinillo, bar que recibía este nombre de su propietario, Valentín Alonso Sánchez. Aquí las cosas fueron a más; primero echaron un vaso de agua al cuadro, que estaba sobre el mostrador, y después, Joaquín Lezáun, que había sido requeté en el Tercio de Santiago, le tiró otro vaso, haciendo trizas el cristal, mientras repetían la frase: “¡Cabrón. Por ti vamos a la guerra!”. El asunto no se quedó ahí. En medio de un gran alboroto, comenzaron los gritos: “¡Abajo Alemania!”, “¡Viva Rusia!”, “¡Viva el comunismo!” y otros parecidos. Ante el cariz que tomaban las cosas, el dueño decidió cerrar el bar, según consta en el proceso militar 1296/42, que terminó con los quince jóvenes ante un consejo de guerra.

APOLOGÍA DEL FRENTE POPULAR

Cuando en junio de 2002 cuatro de aquellos jóvenes -Joaquín Lezáun, Urbano Borja, Gregorio Chocarro y Jesús Solano- explicaban en una entrevista lo ocurrido, todavía no tenían claro cómo se había producido la denuncia ante las autoridades, ya que la Guardia Civil no comenzó a actuar hasta el 4 de diciembre, una semana después. La opinión general, según se desprende de sus manifestaciones, era que el alcalde, Eladio Beraza, que era carlista, se negaba a presentar la denuncia pero que el maestro, perteneciente a Falange, le amenazó con denunciarlo a él si no lo hacía.

El asunto es que, a instancias del gobernador civil, el día 4 comenzaron los interrogatorios a trece de los quince amigos: Urbano Borja Gorricho, Apolinar Borja Oscoz, Leónides Celaya, Gregorio Chocarro, Romualdo Cipriain, Ramón González Pinillos, Fidencio Gorricho, Julián Láinez, Ricardo León, Jesús Martínez Suescun, Máximo Martínez Yanguas, Domingo Ramos y Pablo Yanguas. Joaquín Lezáun y Jesús Solano no pudieron ser localizados y llevados a La Cochera, un almacén que servía de calabozo municipal, porque ya estaban en el servicio militar y habían regresado a sus cuarteles tras acabar el permiso que disfrutaban.

Cinco días después, el Juzgado Militar número 7 de Pamplona asumía las diligencias e interrogaba a varios testigos que confirmaron lo ocurrido, por lo que se acusó a los quince de atentar contra la seguridad del Estado, injurias a Franco y “pública apología de las doctrinas del Frente Popular”. Para los dos principales responsables -Pablo Yanguas y Joaquín Lezáun- se pedía de 8 a 20 años de prisión; para los demás, de 2 a 5 y otros diez de inhabilitación.

LA OTRA CUADRILLA

La explicación del sorprendente hecho de que unos “nacionales” gritaran “¡Viva el comunismo!” y “¡Viva Rusia!” estaba en que también había intervenido otra cuadrilla, en la que había varios jóvenes de izquierda. “Gritaron todo lo que quisieron, pero nosotros fuimos los que abrimos el fuego”, decía uno de los entrevistados. Sin embargo, la otra cuadrilla no aparece en el proceso ni nadie les denuncia. De hecho, en sucesivas declaraciones, testigos y procesados van cambiando su versión y, al final, nadie parecía conocer lo ocurrido cuando al principio todo estaba nítidamente claro. Daba la impresión de existir un pacto de silencio. En un momento dado, el fiscal se pregunta si no se había producido una reunión en el pueblo para presentar una única versión sobre el incidente. Solo el dueño de El Valentinillo se refiere en su testimonio a que “había otros que daban gritos de la misma significación, dentro y fuera del bar, que se oían claramente” pero tal era la confusión “que no se podía saber quién daba cuál”.

El 30 de diciembre son trasladados a Burgos y repartidos entre la prisión provincial y los calabozos de Intendencia. El 23 de enero se nombra defensor al teniente de Infantería Carlos Palomar, quien plantea que todo se debía a daños accidentales por una borrachera y que los insultos a Franco en realidad iban dirigidos a otros miembros de la cuadrilla, solicitando prisión atenuada mientras se se formaba el tribunal militar, medida que se concede para todos menos para Yanguas y Lezáun. En el sumario figura también la intercesión del sacerdote Jerónimo Roos, que regentaba una academia en Madrid y que, en una larga carta al capitán general, recuerda el valor mostrado por Gregorio Chocarro y Domingo Ramos combatiendo como requetés, respectivamente, en los tercios de Abárzuza y Santiago.

El consejo de guerra se celebró finalmente el 8 de marzo en el Cuartel de Caballería, siendo condenados Yanguas y Lezáun, como principales responsables, a ocho años de prisión mayor y los demás a un año de prisión menor, condenas que el capitán general de la VI Región Militar haría firmes y ejecutivas el 16 de marzo de 1943, hace ahora exactamente 75 años.

La mayor parte fueron recluidos en el Fuerte San Marcos, junto a Rentería; otros pasarían por las cárceles de Burgos, Jaca, Pamplona e incluso por el presidio de La Mola (Mahón), gigantesca fortaleza del siglo XIX convertida en campo de concentración con miles de soldados sometidos a castigos disciplinarios. Según explicaban, tenían que llevar un uniforme con las letras P-T (Penados Trabajadores) y durante ocho horas al día acarreaban tierra de un lado a otro sin más objeto que el castigo.

Hoy todos han fallecido. Ninguno cumpliría totalmente la condena, beneficiándose de indultos, reducciones o recursos, como el que envía Domingo Ramos desde la prisión de San Marcos el 8 de septiembre de 1943 solicitando la libertad provisional. Yanguas y Lezáun apenas llegaron a los dos años.

En la década de los 70 todavía coleaba aquella protesta espontánea contra Franco porque algunos de los condenados, como Gregorio Chocarro, Julián Láinez, Ramón González o Joaquín Lezáun, intentaban que la Justicia Militar borrara sus antecedentes penales. Este último lo conseguiría en febrero de 1976, tres meses después de la muerte del dictador, causa en definitiva del consejo de guerra contra “los 15 de Lerín”.

Los sucesos de Lerín, como otros casos similares, fueron presentados por las publicaciones del Partido Comunista de España como un ejemplo de que la estrategia de la Unión Nacional era posible. Según esta estrategia, impulsada por el navarro Jesús Monzón Repáraz, que dirigió el PCE y el maquis durante la Guerra Mundial, se debía alcanzar una alianza de todas las fuerzas antifranquistas sin tener en cuenta el bando en que hubieran combatido durante la Guerra Civil.

Por ese motivo, periódicos y boletines clandestinos, como España Popular o Reconquista de España, difundían y magnificaban aquellos casos en los que antiguos requetés participaban en actos de protesta contra la dictadura. En el caso de Lerín, la edición de España Popular del 18 de junio de 1943 no solo se hace eco de la protesta sino que asegura “nadie acudió al llamamiento a filas”, que los falangistas y la policía tuvieron que ir casa por casa pero que “los recibieron a tiros”, registrándose “cinco muertos y bastantes heridos”.

Exageraciones similares se refieren a otras protestas registradas en Olite, Baztan, pueblos de la Ribera y Pamplona, donde los mozos de reemplazo recorren las calles al grito “¡Por España, sí; por Alemania, no!”. Igualmente destacan la detención de tres capellanes de requetés por colaborar con los aliados, un hecho que sí era cierto e incluso de más gravedad que la noticia de España Popular, ya que los tres párrocos de la Cuenca de Pamplona fueron encarcelados en el convento de los Capuchinos de San Sebastián.

La política de Unión Nacional, además de por Jesús Monzón, fue defendida por destacadas personalidades navarras del Frente Popular, como Martín Gil Istúriz, responsable de los grupos clandestinos en Navarra, detenido en 1943, condenado a muerte y ejecutado, las hermanas Josefa y Elisa Úriz Pi, dirigentes de los primeros núcleos de la Resistencia Francesa en París, y Julia Álvarez, del PSOE, máxima responsable de El Socialista, órgano de expresión de ese partido. Cuando la dirección oficial del PCE consiguió recuperar el control de las organizaciones clandestinas en Francia y España al acabar la Guerra Mundial, Jesús Monzón y sus seguidores fueron acusados de “desviacionismo de derechas”, de “agentes franquistas”, apartados o expulsados del PCE y, en algunos casos, incluso asesinados por sus propios compañeros.