La consejera de Educación, María Solana, ha sostenido este miércoles que la negociación sectorial "no se ha roto de forma unilateral" por su departamento y ha asegurado que, con pacto educativo o sin él, seguirán adelante con la reversión de los recortes.

De esta forma se ha pronunciado en la rueda de prensa, posterior a la sesión del Gobierno, al ser cuestionada por la situación en la que se encuentran las negociaciones después de que lo sindicatos LAB, STEILAS, AFAPNA, CCOO, UGT, ANPE y ELA, todos ellos con representación en la mesa sectorial, denunciaran la semana pasada la la "ruptura unilateral" por el departamento de las negociaciones para un nuevo pacto sectorial.

"Cerrado no hay nada", ha remarcado Solana, quien ha subrayado la voluntad del Gobierno de seguir revirtiendo los recortes. Al respecto ha apuntado que no hay pacto educativo desde 2011 y desde 2015, sin pacto, "se están revirtiendo los recortes" y su compromiso es seguir en esa línea.

La consejera, quien se ha mostrado crítica con la forma en la que se ha llevado la negociación, ha comentado que el borrador que han propuesto incluye muchísimos puntos, en los que ha habido "bastante consenso" y que son importantes para la mejora de las condiciones laborales de los docentes y avanzar en la reversión de los recortes, que se han dejado de lado porque se ha llegado al "nudo gordiano de la cuestión".

Al respecto ha recordado que en 2015, la "línea roja era la reversión del número de alumnos por aula", eso era "vital para poder seguir trabajando con garantías de calidad mínima" y para "el bienestar físico y mental del profesorado".

Eso se revirtió ese año y supone unos diez millones de euros anuales al Gobierno de Navarra, según Solana, quien ha sostenido que esto es "una reversión de recorte de facto y como ésa otras muchas"

Ahora la "línea roja" es otra, la necesidad de revertir las horas de docencia directa de los profesores, una demanda que ha dicho compartir "absolutamente" pero que no se puede abordar en su integridad en un mismo momento, como se plantea, sino de forma "progresiva", con una "caldendarización".

La reducción de esas horas conllevaría la contratación temporal de unos 500 profesores, unos 132 en Infantil y Primaria y el resto en Secundaria, con una coste de 20 millones, que se consolidaría anualmente.

Tras remarcar que este incremento de la temporalidad no es posible en un momento en el que el Estado quiere reducirla para situarla en el 8 %, ha indicado que el compromiso del cuatripartito al hacer una enmienda al presupuesto de 2018 era arrancar con esa reversión de forma "progresiva" y "calendarizada", comenzando con Infantil y Primaria, porque "los 20 millones no están, nadie los ha dispuesto".