Ante el recurso judicial planteado por el Estado, la consejera de Relaciones Institucionales, Ana Ollo, defendió este martes en el Parlamento la convocatoria de ayudas que ella aprobó para investigaciones y recopilaciones documentales sobre “hechos violentos provocados por grupo de extrema derecha o funcionarios públicos en Navarra”. Por esta convocatoria, el Gobierno ha dado 17.909 euros a un trabajo de la Universidad del País Vasco (UPV) sobre la tortura en Navarra. Ollo abordó este asunto en la Cámara a petición de UPN y el PP.

La Abogacía del Estado ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) la orden foral de la consejera sobre esta convocatoria de subvenciones. Recuerda que, tras un recurso del Estado, el Tribunal Constitucional suspendió parte de la ley navarra de 2015 de reconocimiento y reparación a las víctimas “por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos”. Argumenta que el Gobierno da estas ayudas para que otras instituciones realicen lo que el Constitucional prohibió hacer al Ejecutivo navarro.

LA UPNA QUEDÓ FUERA

Esta convocatoria de ayudas fue publicada en el BON el 2 de octubre del año pasado. Su objetivo era subvencionar trabajos realizados entre el 1 de enero y el 1 de diciembre de 2017. La solicitudes debían presentarse en 20 días naturales a partir del 3 de octubre, un breve plazo que provocó que Iñaki Iriarte, de UPN, se preguntara si fue una convocatoria ad hoc para el informe de la UPV.

Ollo contó que el 3 de noviembre el PP presentó un recurso de alzada contra la convocatoria. El Gobierno no lo aceptó por plantearse un día después de finalizar el plazo, y por considerar que un partido no podía recurrir este acto administrativo. El 23 de noviembre, el responsable de Paz y Convivencia, Álvaro Baraibar, resolvió la convocatoria, concediendo 17.909 euros al Instituto de Criminología de la UPV y 12.090 a otras investigaciones planteadas por la UPNA. Al final, sólo se ha dado la ayuda a la UPV, ya que a la UPNA no le dio tiempo a presentar los justificantes necesarios, dijo la consejera. El Estado recurrió al TSJN el 5 de diciembre.

DENUNCIAS "SOCIABLES"

El informe sobre torturas en Navarra desde 1960 que ya ha realizado la UPV es sólo el “inicio de una investigación”, afirmó Ollo. Señaló que este equipo ha realizado una labor de documentación, ha buscado información para localizar a personas “que alegan ser víctimas de malos tratos o torturas”, han elaborado una base de datos para realizar un censo “de denuncias judiciales y/o sociales” y han recogido testimonios, entre otras actuaciones.

Ollo destacó que está en manos de sus autores el dar a conocer los resultados. La consejera sostuvo que el de la UPV es un equipo “cualificado”, y que se ha querido “demonizar” su trabajo y cuestionar su validez.

Mientras el cuatripartito cerró filas con Ollo y la concesión de estas ayudas, la oposición cuestionó el informe que el mismo equipo de la UPV realizó sobre torturas en Euskadi por encargo del Gobierno vasco.

LAS DUDAS DE LA OPOSICIÓN

Iñaki Iriarte, de UPN, señaló que no demonizaba a nadie, sino que expresaba dudas. Indicó que el trabajo en el País Vasco confunde denuncias con casos verificados. Cuestionó la verificación de los datos que se hizo y señaló que la mitad de los psicólogos que trabajaron en ello tienen afinidad con la izquierda abertzale. Pidió al Gobierno que no se limite a dar dinero, ya que una investigación debe cumplir unos requisitos y llevarse a cabo con procedimientos públicos y contrastables.

La portavoz del PP Ana Beltrán afirmó que el Gobierno lo que pretende, “a petición de Bildu, es denigrar” a la Guardia Civil, la Policía Nacional, Policía Foral y a jueces. Dijo que deberán “cumplir y pagar” aquellos que la justicia diga que han torturado, pero se preguntó quién es el Gobierno o una universidad para decidir quién lo ha sido.

Ollo cuestionó que mostrar una ideología ponga en cuestión un trabajo científico. Recalcó que un informe “que permita avanzar en la verdad” es “oportuno” y que en este caso el equipo investigador está avalado por el vicerrector de Investigación de la Universidad del País Vasco. Añadió que Amnistía Internacional dijo que el trabajo realizado en Euskadi permitía “avanzar en la verdad”.