Diario de Navarra

Una joven navarra que perdió ambas piernas por una negligencia médica ha recurrido al Defensor del Pueblo para que el Gobierno de Navarra cumpla la sentencia que le condenó a indemnizarla con 250.000 euros y así, poder costearse las prótesis que necesita. Los hechos se remontan al 20 de diciembre de 2008, cuando la demandante tenía 14 años, y dependía, por circunstancias familiares, de los Servicios Sociales del Gobierno de Navarra. Ese día, sobre las 19.00 horas acudió al centro de Salud de San Martín, en Pamplona, acompañada por su tía y una educadora porque se sentía indispuesta con “fiebre, dolor de cabeza, cuello, extremidades y fuertes convulsiones”. El Gobierno de Navarra se niega a pagarle hasta que la sentencia sea firme o deposite un aval de 250.000 euros Según la sentencia, “la médico de urgencias se limitó a tomarle la temperatura sin ninguna exploración adicional”. Le diagnosticaron un proceso gripal y le prescribieron paracetamol. La demandante explicó que durante esa noche persistieron la fiebre y las convulsiones. A las 9 de la mañana siguiente no podía mover las piernas, las cuales, además, se estaban pigmentando progresivamente. La sentencia relata que a las diez de la mañana fue trasladada al Hospital Virgen del Camino, donde tuvo que sufrir las amputaciones”. “El error ha quebrado la vida y las ilusiones de una persona joven, con gravísimas connotaciones, tanto a nivel psíquico como a nivel físico, con serias retroalimentaciones con ambos cuadros”, argumenta el abogado Jesús Alfaro Lecumberri, que ha llevado el caso de manera altruista. Por estos hechos, el Servicio Navarro de Salud fue condenado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 en julio de este año. Aunque la compañía de seguros daba por válida la sentencia, el Gobierno foral interpuso recurso de apelación contra ella con el argumento de que los hechos juzgados ya habían prescrito, y por lo tanto, la indemnización no estaba justificada. Según su criterio, solo debe pagarla si la sentencia se ratifica y llega a ser firme. La defensa de la joven critica la actitud del Gobierno foral. Explica que la tutela de la menor correspondía en el momento de los hechos a Servicios Sociales y, por lo tanto, ellos “eran o debían ser los garantes” de la defensa de los intereses de la menor, algo que no efectuaron. Por esta situación, califica de “sarcasmo tener que invocar al Servicio Navarro de Salud” para que su defendida fuera indemnizada. Esta línea de defensa fue avalada por el propio Defensor del Pueblo, al que han vuelto a recurrir. En el escrito remitido tanto al Defensor del Pueblo como a Uxue Barkos, la presidenta del Gobierno foral, los consejeros de Salud y de Servicios Sociales, y a la presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznárez, también se explica que “los propios Servicios Sociales del Gobierno de Navarra, no solo estuvieron pasivos y silentes en la defensa de los intereses de la menor, sino que desaconsejaron y coaccionaron a la madre de la joven para que no ejerciera ninguna acción”. Piden 250.000 euros de aval Uno de los argumentos que ha empleado el Gobierno de Navarra para no pagar la indemnización, además de que la sentencia no es firme, se basa en que la joven no tiene recursos y “podría dilapilarla”, tal y como consta en el escrito que el abogado ha remitido al Defensor del Pueblo. “Con ese pretexto de la pobreza y carencia de recursos, en una oposición absolutamente inhumana y alejada de las circunstancias del caso, de manera inaudita en contra de la actitud procesal de la aseguradora responsable del siniestro, el Gobierno de Navarra dice que no se le dé la indemnización salvo que ponga el aval de los 250.000 euros”. Un auto del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Pamplona avala la situación. Reconoce el derecho de la joven a recibir la indemnización con “la correlativa obligación de aportar un aval por ese importe”. “A todas luces es imposible de cumplir en una persona pobre, como dice el Gobierno de Navarra y sin posibilidad alguna de obtener ninguna fianza de ninguna entidad bancaria y, por tanto, dejando en la indigente a la joven”, dice el escrito. El consejero de Servicios Sociales, Miguel Laparra, está al tanto del tema. Le han entregado la demanda de reclamación patrimonial: “Lejos de conceder una reunión para saber de propia mano las vicisitudes del caso, nos conduce al cauce procedimental de toda reclamación patrimonial, siendo totalmente insensible y ajeno”.

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Piden ayuda para que Salud acate una sentencia por la que ha de pagar 250.000€

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