La Sección Primera de la Audiencia Provincial ha dado carpetazo definitivo a la causa judicial abierta por supuesto fraude en algunos cursos subvencionados de Fundagro-Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN). El tribunal, al igual que hizo en junio la juez instructora, insiste en que no se aprecian “indicios racionales de criminalidad” y rechaza el recurso interpuesto por el Gobierno de Navarra -Fiscalía no recurrió-. Su auto es firme y no admite recurso.

La magistrada de Instrucción nº 1 argumentó cuando archivó el caso que había quedado probado que “los proyectos existían” y “que no eran parte de un proyecto inventado o ficticio”. Y aunque “se produjeron irregularidades en la elaboración de los expedientes que debían justificar la obtención y destino de las subvenciones”, consideró que quedaba acreditado que no hubo “una maquinación fraudulenta con el único fin de causar engaño al Gobierno de Navarra y así obtener un enriquecimiento injusto”. Para la titular del juzgado, no había ningún indicio de que los responsables investigados “hayan obtenido un beneficio económico personal en esta gestión”.

El Gobierno recurrió por tres motivos, los cuales han sido desestimados. Primero, afirmaba que de los 26 cursos sobre los que se firmó un convenio entre 2007 y 2015, la Guardia Civil solo analizó 9, por lo que quedarían pruebas por practicar. El tribunal responde que la fase de instrucción “se encuentra agotada” y ya no se pueden practicar nuevas diligencias, que “nunca fueron solicitadas” por las partes durante la instrucción, en la prórroga ni en la finalización. Sobre los cuatro nuevos cursos sobre los que el Gobierno foral reclama ahora una investigación, los magistrados afirman que en su día “no se puso de manifiesto ningún dato o circunstancia que revelara indicios de criminalidad”, ni se solicitaron pruebas, por lo que la reclamación del Ejecutivo en el recurso “carece de soporte legal”.

Al igual que la juez de instrucción, la Audiencia también considera que uno de los cursos está prescrito. Y acerca de los supuestos indicios de criminalidad para obtener subvenciones que subrayó el recurso de Gobierno, los magistrados responden que también han de ser desestimados. Para empezar, circunscriben este recurso solo a dos de los investigados, Jesús Recalde (coordinador de Fundagro) y Legardi Campos (exresponable de formación) -también llegaron a ser investigados Félix Bariáin, David Lezáun, Miren Sanz y José Andrés Palacios-, y en este punto el tribunal comparte el razonamiento de la juez de instrucción.

Afirma que de entrada que las subvenciones no superan los 120.000 euros en dos cursos, requisito para tratarse de un delito, y tampoco consta que se falsearan las condiciones requeridas para la concesión de las ayudas; otro curso está prescrito y el único que podría ser delito (por la cuantía), está demostrado que se celebró.