El Consejo de Navarra cuestiona la legalidad de varios artículos del decreto que ha elaborado el Gobierno de Uxue Barkos para regular el uso del euskera en las administraciones públicas. El decreto es todavía un proyecto, ya que sin este informe preceptivo “pero no vinculante”, como recordó el Gobierno, la norma no se puede aprobar.

El Consejo de Navarra cuestiona los criterios para establecer las plazas bilingües en la Administración foral, por un lado, y por otro, que se imponga el euskera como mérito en el concurso oposición o en la movilidad interna de los funcionarios en la zona mixta y en la no vascófona.

Sobre las plazas bilingües

En la regulación de las plazas bilingües, el Consejo destaca que debe incorporar “dos elementos esenciales” para su validez jurídica: “la referencia a la realidad sociolingüística y la zona en la que radique el puesto de trabajo de referencia”. Y es que en el decreto “no existe ninguna diferencia” a la hora de regular los puestos de trabajo “que prioritariamente deberán tener perfil obligatorio de conocimiento de euskera” en la zona vascófona (donde el vascuence es oficial junto al castellano), la zona mixta y la no vascófona, apunta el órgano consultivo.

Acceso y “discriminación”

Otra cuestión “básica y fundamental” para el Consejo es la regulación de la valoración del euskera como mérito en los concurso-oposición de acceso a la función pública y en la movilidad interna de los funcionarios, tanto en la zona mixta como en la no vascófona. Hay que recordar que el euskera se valora como mérito y no como requisito en plazas que no son bilingües.

Subraya, por un lado, que la propuesta varía “de forma sustancial” las reglas existentes, y aumenta la ponderación que debe otorgarse al euskera en los baremos respecto a la puntuación total “sin que se haya ofrecido justificación alguna”. Eso ya “puede conllevar” la vulneración de la ley del Gobierno, señala.

El Consejo no ve impedimento legal para que puntúe el euskera como mérito en cualquier puesto de la zona vascófona. Pero la “aplicación imperativa” de la valoración del euskera como mérito en cualquier puesto de trabajo sin perfil lingüístico obligatorio en la zona mixta, en la no vascófona y en los servicios centrales de la Administración “puede conllevar la aplicación de criterios discriminatorios en el acceso a la función pública”.

Defiende que no sea obligatorio, sino potestativo, como lo será en las entidades locales.

 

En la zona mixta y en los servicios centrales, la ponderación del euskera como mérito propuesta por el Gobierno se fija en un 7% del baremo total en el concurso-oposición y de hasta un 14% en función del grado de atención al ciudadano. Y será de un 6% para la provisión por méritos que en función de la plaza puede ser del 12%. El Consejo destaca que no se aportan razones que aconsejen esa subida al 14% y al 12%, lo que hace dudar que se cumpla con el criterio de “razonabilidad y proporcionalidad”. Aconseja que los porcentajes se fijen como máximos y que se gradúen en atención a las funciones del puesto y a la “realidad sociolingüística” del lugar en el que se vaya a desempeñar.

En la no vascófona, donde no había una regulación “en virtud de su realidad sociolingüística”, el euskera puntuará como mérito en un 7% en los concurso oposición y en los de méritos un 6%. “Supone extender aquí también el régimen previsto para la zona mixta”, indica el informe.

 

Objeciones sindicales

El Consejo recuerda que de todas estas objeciones “se han hecho eco buena parte de las organizaciones sindicales, que estiman que dichos cambios pueden comprometer el principio de igualdad y no discriminación en el acceso a la función pública y concursos de traslado”.

Hay que recordar que el decreto sobre el uso del euskera en la Administración foral, que de momento es sólo un proyecto, en la mesa general de negociación pública sólo contó con el voto a favor del sindicato ELA.

 

Al dictamen del Consejo de Navarra se ha planteado un voto particular (en contra del mismo) por una de sus integrantes, Socorro Sotés, consejera secretaria del órgano consultivo. Hay que recordar que Sotés fue también la autora de otro voto particular, en este caso contra el dictamen en el que el Consejo de Navarra concluyó que derogar la ley foral de Símbolos no convalida que se pueda poner la ikurriña.