Diario de Navarra

La parlamentaria del PSN Ainhoa Unzu denunció en el Parlamento que en buena parte de los contratos del Gobierno se prima la oferta con el precio más bajo. Y que la consecuencia es que se resienten las condiciones laborales de los trabajadores de las empresas adjudicatarias. Señaló que un ejemplo es lo que ha ocurrido en las empresas que se encargan de la limpieza en la Administración foral, o la reciente anulación del contrato del transporte escolar. Recalcó que el Gobierno no está controlando lo que sucede; que la aplicación de los criterios sociales en la contratación “se ha quedado en el mero discurso”; y que el cuatripartito mantiene un “silencio cómplice”. Una denuncia que la socialista realizó en la comisión parlamentaria de Hacienda, donde compareció el consejero Mikel Aranburu, a petición del PSN. En un informe que el Gobierno realizó sobre las contrataciones de la limpieza, se ve cómo en algunos centros educativos ha habido bajas que han llegado a alcanzar casi el 25%, destacó Unzu. “En una comparativa entre los años 2014 y 2017, de 44 licitaciones sólo 4 han tenido el precio al alza”. RESPUESTA DEL CONSEJERO Aranburu contestó que el Gobierno está “preocupado”, pero que “no se puede generalizar” al conjunto de contratación casos concretos. Sostuvo que “el control” de los contratos “es bastante eficaz”. Sin embargo, admitió que “efectivamente hay fallos”. “Los hemos constatado y hay voluntad de corregir esta situación”. Recordó que el Parlamento tiene ahora en sus manos modificar el proyecto de ley de contratación que ha elaborado el Gobierno para adaptar la legislación a la normativa europea. Señaló que entre otras medidas contempla cambiar las competencias de la Cámara de Comptos, para que el órgano fiscalizador pueda intervenir antes de una contratación. Aranburu anunció que van a centralizar en Hacienda la contratación del servicio de limpieza que hasta ahora licita cada departamento (excepto Salud y Educación por sus especificidades). CRÍTICAS DE LA OPOSICÓN E I-E El portavoz de UPN, Juan Luis Sánchez de Muniáin, indicó que urge el “control” de la Administración en materia contractual. Señaló que adjudicar a un buen precio es importante, pero eso no “exime” de que se atiendan además las cláusulas sociales. En esa misma línea, Ana Beltrán, del PP, manifestó que este Gobierno que se denomina “de lo social”, “no actúa como tal” y que es “indigno” que en estos dos años no haya hecho nada. Por el cuatripartito, la voz más crítica fue la de José Miguel Nuin, de Izquierda-Ezkerra, quien reclamó una “modificación radical de los pliegos que se vienen sacando hasta ahora en limpieza y otros contratos, que atienda contenidos sociales y laborales”. “Es una asignatura pendiente que hay que acometer”. Sostuvo que había esperado que el proyecto de ley del Gobierno hubiese sido “más ambicioso”. Y que en estos temas “el cambio se la juega”. Jokin Castiella (Geroa Bai) y Maiorga Ramírez (EH Bildu), tras rechazar las críticas que les dirigió el PSN, coincidieron en que en la nueva ley se pueden hacer los cambios precisos. Castiella dijo que esto les “preocupa y ocupa”. Laura Pérez (Podemos) señaló que las cláusulas sociales deberían ser de obligado cumplimiento y que si una oferta a bajo precio lleva a unas condiciones precarias de los trabajadores se debería rescindir el contrato. Cree que la raíz del problema es que se han externalizado servicios “esenciales” que debía prestar la Administración.

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El PSN acusa al Gobierno de contratar primando el criterio del bajo precio

Unzu (PSN) denuncia que está afectando a los trabajadores, como ha ocurrido en la limpieza o en el transporte escolar

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