Diario de Navarra

El Gobierno de Navarra ha vuelto a sacar a concurso la realización de un estudio sobre la conveniencia de que Navarra cuente con un banco público. Es la segunda vez que saca a licitación un trabajo en torno a una entidad financiera pública. En el anterior, tuvo que dar marcha atrás ante las tensiones desatadas con sus socios. El gabinete de Uxue Barkos debe convocar este concurso, ya que así lo recoge el acuerdo programático. No obliga a crear esa banca pública, sino sólo a realizar un informe que analice las posibilidades que habría. Fue la salida que encontró el cuatripartito para contentar a todos en un tema que les divide. Tres de los socios, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, son partidarios de poner en marcha una banca pública tras la desaparición como entidad financiera de Caja Navarra, hoy integrada en CaixaBank. Sin embargo, Geroa Bai es reticente. La convocatoria de ese último concurso fue publicada en el portal de contratación de Navarra el pasado 22 de junio, y se abrió un rápido y breve plazo para que las empresas interesadas se presentaran: desde el 23 de junio a las 9 de la mañana hasta el 11 de julio a la una del mediodía. El Ejecutivo de nuevo realiza esta adjudicación a través de la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN), la empresa matriz de las sociedades públicas de la Administración foral. 18.200 EUROS MÁS IVA El presupuesto máximo para realizar este informe es de 18.200 euros más IVA, menos de la mitad de lo que costaba el anterior (que era un máximo de 50.000 euros más IVA), ya que el trabajo se limitará ahora a ser un “estudio de opinión”. Consistirá en recoger las opiniones y expectativas sobre la creación de una banca pública en la Comunidad que tienen 28 entidades que han sido previamente seleccionadas (detalladas en el cuadro inferior). Entidades que serán consultadas La finalidad es “perfilar en qué ámbitos económicos y espacios sociales de la sociedad navarra crearía valor una entidad financiera de carácter público”. Así, la adjudicataria del estudio deberá contactar con las entidades elegidas para abordar qué aportaría o no una banca pública a la financiación de las familias, las empresas y las administraciones, cuál es la visión sindical de la misma y qué función social tendría. La adjudicataria deberá procesar y analizar la información que obtenga de esas 28 entidades y elaborar un documento final sobre “las posibilidades de una institución financiera pública en Navarra, en base a la información recogida en las entrevistas”, se detalla en las bases del concurso. Y tendrá que realizar ese trabajo para el 10 de noviembre. EL POLÉMICO CONCURSO ANTERIOR Hace prácticamente un año, el 3 de agosto de 2016, el vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, convocó una rueda de prensa para anunciar el malogrado primer concurso para encargar el informe (de este segundo no ha habido rueda de prensa ni nota informativa del Gobierno). Aquel estudio era de mayor calado para la empresa que resultara adjudicataria, ya debía redactar un trabajo sobre la posibilidad de que se creara en Navarra una institución financiera pública y para ello debía analizar la viabilidad de la intervención de la Administración foral, las diferentes alternativas existentes e incluir una recomendación final sobre la opción más idónea. Además, tenía que recoger la opinión de 6 entidades, a las que luego el Gobierno tuvo que añadir también a los sindicatos. Podemos fue uno de los primeros socios en criticar las condiciones de este concurso porque no se consultaron con el cuatripartito y dejaban fuera a algunas entidades. El 22 de septiembre, el portal de contratación del Gobierno anunciaba que la adjudicación del trabajo sería para AFI Consultores de las Administraciones Públicas (por 39.800 euros más IVA). El adjudicatario no gustó a los socios de Geroa Bai. Podemos fue quien más rotunda e insistentemente rechazó el resultado, indicando que AFI, presidida por Emilio Ontiveros, es “una empresa en la que los bancos privados son accionistas” y que fue “juez y parte” en el desenlace de CAN. AFI asesoró a la entidad navarra. En octubre, el vicepresidente Ayerdi llamó por teléfono a Ontiveros y le comunicó que anulaban la adjudicación. Ayerdi tuvo que acudir al Parlamento a dar explicaciones: “El Gobierno ha tomado conciencia de que este asunto, que el adjudicatario sea AFI, ha generado mucho ruido mediático, no sólo entre los socios del cuatripartito, como es público y notorio, sino también fuera”, señaló. La oposición advirtió del “grave precedente” que el Ejecutivo había generado al declarar desierto un concurso que contaba ya con el nombre de una empresa para ser la adjudicataria. El cuatripartito cerró filas con Ayerdi, quien anunció que buscarían otro procedimiento para hacer el trabajo. AFI no cobró indemnización por lo ocurrido. Renuncio a ello en el contrato de “desistimiento mutuo” que el 14 de octubre firmó con el Gobierno navarro. A licitación Acuerdo programático. “Se acuerda realizar en el primer año de la legislatura un informe que analice las posibilidades de recuperar una institución financiera pública en Navarra”. 2016, primer concurso. En agosto del año pasado, se saca a licitación la realización de un informe sobre la posibilidad de crear una banca pública. En septiembre se anuncia que AFI sería adjudicataria. Las discrepancias en el cuatripartito llevan al Gobierno a declarar desierto el concurso. 2017, segundo concurso. Se va a contratar un estudio de opinión sobre una entidad financiera pública.

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El Gobierno vuelve a licitar un estudio sobre una posible banca pública navarra

Ya convocó otro concurso y dio marcha atrás por diferencias con sus socios; ahora el informe consistirá en recoger la opinión de 28 entidades sobre la conveniencia de crear una banca pública

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