Los servicios jurídicos del Parlamento no ven “objeciones” para que la Cámara Comptos le remita borradores y legajos utilizados por los auditores del informe de fiscalización sobre la gestión y construcción de la planta de biometanización de Ultzama. La auditoría concluyó con la detección de “indicios de responsabilidad penal”, con la consecuente remisión a la Fiscalía.

El informe jurídico fue solicitado por la comisión de investigación creada en el Parlamento, después de una primera negativa de Comptos de facilitar información que había solicitado UPN. La formación regionalista se interesó por siete cuestiones. En cinco de ellas, la comisión no presentó ninguna objeción. En las otras dos, concernientes a “los papeles de trabajo utilizados para emitir el informe de fiscalización”, solicitó la opinión de los asesores jurídicos del Parlamento, que no advierten ninguna dificultad de orden jurídico para que Comptos atienda a la petición.

En sendas respuestas, el órgano fiscalizador se ha acogido al derecho de preservar la información interna utilizada por sus técnicos. Se trata, como adujo en un primer comunicado, “de un conjunto heterogéneo de información entre la que se incluyen circularizaciones, encuestas, hojas de cálculos, notas, tablas, borradores, resúmenes, informes, notas de reparo, comunicaciones internas y externas”. Son, en algunos casos, aportaciones “no concluyentes”, como matizó.

En esa misma respuesta, reiterada en una posterior, Comptos deniega a la comisión los documentos remitidos a la Fiscalía, en la medida que afectan “a las diligencias que está realizando para esclarecer los hechos investigados”.

RAZONES JURÍDICAS

Así las cosas, los servicios jurídicos del Parlamento consideran que puede responder a la solicitud de los borradores o legajos de utilización interna, empleados en la fase previa a la elaboración del informe remitido a la Fiscalía. Los asesores se acogen al procedimiento de elaboración de los informes de auditoría que incluyen, de acuerdo a la normativa de Comptos, “el documento que coloquialmente se conoce como borrador sujeto a cambios, y que en la norma se califica de borrador inicial”. Se trata de un informe preliminar que “se entrega a los responsables de la entidad fiscalizada para su examen en un plazo no superior a quince días”.

En su última respuesta a la comisión de investigación, la Cámara de Comptos aporta información de las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Ultzama, la consejera de Medio Ambiente y los exalcaldes de la Agrupacion Ultzama, Patxi Pérez y Patxi Tornaría, que estuvieron al frente del consistorio en el período de gestión y construcción de la planta de biogás.

De la misma manera, su presidenta, Asun Olaechea, reitera su “plena disposición para comparecer ante la comisión de investigación cuando ésta lo estime oportuno, para explicar, aclarar y ampliar cuantos extremos relativos a este informe considere procedente”.

Si bien el informe elaborado por los servicios jurídicos de la Cámara encuentra justificada la voluntad de exigir los borradores y documentos que sirvieron de base a los auditores y cree que Comptos debe facilitarlos, la comisión de investigación decidió ayer atender en primer lugar las explicaciones de los técnicos de Comptos antes de posicionarse. La suma de votos de las cuatro fuerzas que sustentan el Ejecutivo foral bastaron para posponer cualquier gestión al respecto, como la requerida por UPN para disponer de los borradores o legajos utilizados por los auditores.

Será el 8 de septiembre cuando, después de analizar los argumentos del órgano fiscalizador, los comisionados decidan a propósito de la petición de UPN, tal y como informó el Parlamento foral en un comunicado. La postura de la comisión, sustentada en la opinión mayoritaria del cuatripatito, coincide con el postulado de Comptos, que desde el principio se ha ofrecido a explicar las razones de su negativa a enviar la documentación de uso interno.

Por otro lado, la Fiscalía Superior de Navarra, a la que a instancias de UPN la comisión de investigación del Parlamento pidió información, se ha escudado en la legislación para denegar también la solicitud.

En su escrito de contestación, el fiscal superior de Navarra esgrime que la ley “no contempla la aplicación del principio de publicidad de actuaciones respecto de los actos de instrucción o investigación, como son las diligencias de investigación del Ministerio Fiscal”.

La comparecencia del 8 de septiembre se dividirá en dos partes. La primera, que dará comienzo a las 9.30 horas y estará abierta a los medios de comunicación, se dedicará a la comparecencia de la Cámara de Comptos, cuyos técnicos explicarán los motivos por los que entienden que no deben facilitar los borradores y documentos previos al informe final enviado a la Fiscalía. Seguidamente, ya a puerta cerrada, los miembros de la comisión deberán determinar si los argumentos esgrimidos por el órgano fiscalizador dan pie o no a exigir la información, requerida por UPN. Ayer, la formación regionalista censuró el posicionamiento del cuatripartito después de conocerse el informe jurídico sin iniciar los trámites necesarios para obtener la documentación demandada. “Los mismos que pidieron la creación de la comisión de investigación -observaron en alusión a EH Bildu- ahora pretenden ocultar la información de los borradores”.