Diario de Navarra

La fiscal pide 8 años de prisión para el acusado de perpetrar la mayor estafa piramidal en la historia de Navarra: más de 50 afectados de Ultzama y Cuenca de Pamplona, 15 años de actividad delictiva en los que pagó los intereses prometidos con la captación de nuevos clientes, y más de 12 millones de euros adeudados a los afectados. El fiscal también reclama 5 años de prisión a las dos hijas del procesado, el asesor pamplonés Miguel Olagüe Roncal, de 74 años. El juicio se celebrará en los próximos meses ante la Audiencia Provincial. Como el acusado ya reconoció la estafa piramidal (la investigación se inició tras su confesión en el juzgado en 2015), la vista girará en torno a las cantidades adeudadas a cada cliente (el acusado solo reconoció 1,5 millones), si los seguros son responsabiles civiles de lo estafado y tienen que hacerse cargo de la indemnización, y la participación o no de las hijas en toda esta trama, que arranca en 1999. Según el fiscal, que acusa a a padre e hijas de un delito continuado de estafa en concurso con otro de falsedad en documento mercantil, el asesor se aprovechó de “su solvencia profesional y la confianza que los clientes tenían en él” para estafarles. Lo hizo a través de su asesoría, situada en Pamplona, y donde el acusado se dedicaba desde 1992 a la asesoría de empresas en el área fiscal y contable. También ofrecía servicios de asesoramiento fiscal, administrativo y financiero como agente del Banco Santander y de Iberagentes (que fue adquirido por Credit Lyones y luego por Banco Popular), asesorando a sus clientes en la realización de inversiones en esas entidades. Al menos desde 1999 y hasta 2014, “con ánimo de obtener un lucro ilícito”, el asesor ofrecía a los clientes de la asesoría y a otras personas conocidas invertir cantidades de dinero. “El acusado induía a error a estas personas al hacerles creer que realmente destinaba su dinero a inversiones reales, prometiendo la entrega de elevados intereses”. Para dar veracidad a estas supuestas inversiones y que los inversores confiaran en él, sigue el fiscal, elaboraba documentos “mendaces” como un balance de cuentas que mostraba a algunos clientes, indicándoles que el dinero se invertía en inmuebles para grandes compañías que recibían rentas por el alquiler de los mismos. Sin embargo, el acusado “utilizaba el dinero entregado por los nuevos inversores para abonar falsos intereses a los anteriores y así conseguir que estos siguieran entregándole dinero”. La mayoría de las entregas se llevaban a cabo en la asesoría, y como recibos el acusado les entregaba documentos con el membrete de la asesoría. El fiscal añade que el acusado explicaba a los clientes que, en caso de que él falleciera, sus hijas “responderían de las inversiones”. Para la acusación, ellas colaboraban con su padre en la recepción del dinero y la firma de los recibos, “pese a saber que las inversiones no eran reales”, y lo hicieron con “idéntico ánimo ilícito de enriquecimiento”. Desde 2009, además, ambas constituyeron una asesoría sucesora de la de su padre, que siguió concertando nuevas reuniones con clientes en la oficina junto a sus hijas. La juez impone a cada acusado una fianza de 16 millones El Juzgado de Instrucción nº 5, de Pamplona el que ha llevado toda la investigación del caso, dictó este martes el auto de apertura de juicio oral contra el asesor pamplonés y sus dos hijas. A cada uno de ellos reclama que, en el plazo de un día, presten una fianza de 16 millones de euros para asegurar las posibles responsabilidades civiles que les podrían imponer en una futura condena. La misma cantidad es la que exige a una de las compañías de seguros, mientras que a la otra rebaja la cantidad a un millón de euros. Las pólizas de seguros, la vía para recuperar el dinero El acusado siempre ha sostenido que está arruinado y que en los últimos años dedicó su patrimonio a pagar los intereses, hasta que ya no pudo más y confesó en el juzgado. La investigación no le ha encontrado dinero, así que la única vía para que los inversores recuperen el dinero es que el tribunal condene a las compañías de seguros como responsabiles civiles subsidiarios. La fiscal explica que entre 2000 y 2014 Miguel Olagüe estuvo dado de alta como miembro de la Asociación Profesional de Expertos Contables y Tributarios de España, y como miembro de esa asociación tenía concertadas dos pólizas de seguros. Además, entre 2002 y 2014 el acusado tenía otro seguro de responsabilidad civil profesional; mientras que sus hijas tenían otro seguro de responabilidad civil profesional desde octubre 2009 a octubre de 2013.

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La fiscal pide 8 años de cárcel al autor de la mayor estafa piramidal

Le acusa de quedarse con más de 12 millones de 50 inversores con una trama que duró 15 años; la fiscalía también reclama 5 años de prisión para las dos hijas del asesor pamplonés

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