Diario de Navarra

Bajo una denominación tan técnica como “Procedimiento de Reintegro por Alcance nº 350/15”, el Tribunal de Cuentas juzga hoy a la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, por las dietas que cobró cuando ejercía como concejal en el Ayuntamiento de Pamplona. El juicio se celebrará a las diez de la mañana en la planta baja del número 100 de la calle Ortega y Gasset de Madrid, la sede del tribunal. No se espera que acuda Barkos (la juez no lo ha considerado necesario) ni ningún otro testigo, solo el abogado de Justitia et Vertias, la asociación que inició el procedimiento, y el letrado de la presidenta. Enfrente, la consejera de la Sección Primera de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, la magistrada María Antonia Lozano Álvarez, que accedió al puesto en 2012 tras ser propuesta por Izquierda Unida al PSOE. Ella será la encargada de dictar la sentencia, para la que no hay una estimación de plazos pero que podría llegar antes de dos meses. Periodistas de cuatro medios de comunicación se han acreditado ya para cubrir el juicio. A continuación se detalla quién es quién en este procedimiento y qué se juzga. ¿Qué es el Tribunal de Cuentas? El órgano supremo fiscalizador del sector público La tarde del 13 de junio de 1978, en pleno debate sobre la redacción de la Constitución, se aprobó el artículo 136, con el siguiente texto: “El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica de Estado, así como del sector público. Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado”. Es un órgano que comparte todas las características de la Cámara de Comptos, a las que suma la función de enjuiciamiento. Los orígenes de este tribunal, en su faceta de control económico-financiero se encuentran en la Alta Edad Media. A partir de 1851 se constituye el germen del actual Tribunal de Cuentas como fiscalizador financiero de la Administración Público, y ya en la Constitución de 1931 se aprueba su Ley Orgánica. Sus funciones quedan definidas en la Constitución de 1978. Sobre los miembros que componen el tribunal, que no se llaman jueces sino consejeros, la Constitución refleja que “gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los jueces”. Son nombrados a instancias del Senado y el Congreso, seis por cada cámara, mediante votación por mayoría de tres quintos de cada una de las cámaras. ¿Qué funciones tiene? Fiscalizar las cuentas públicas y enjuiciar posibles responsabilidades contables Al igual que la Cámara de Comptos, tiene como objeto fiscalizar las cuentas de los organismos públicos, en este caso de toda España, pero a diferencia del órgano navarro también tiene una función jurisdiccional en la que analiza y enjuicia “la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos”. Es en esta segunda función en la que se encuadra el procedimiento abierto por las dietas cobradas por Uxue Barkos como concejal. El enjuiciamiento contable, tal y como explica el propio tribunal, se ejerce respecto de las cuentas que deban rendir quienes “recauden, intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen bienes, caudales o efectos públicos, en orden a la exigencia de la responsabilidad contable en que aquellos pudieran haber incurrido”. La jurisdicción contable es “necesaria e improrrogable, exclusiva y plena, y su actuación es compatible con la de la jurisdicción penal”. Es decir, si un organismo público o asociación detecta una posible irregularidad en las cuentas, puede presentar una denuncia penal por esos hechos y también instar a que de forma paralela se abra un procedimiento en el Tribunal de Cuentas, para dirimir posibles responsabilidades penales con independencia de si se ha cometido o no un delito. Es lo que han hecho algunos ayuntamientos tras recibir informes de Comptos, por ejemplo: remitirlos a la Fiscalía o al Juzgado y a la vez al Tribunal de Cuentas. En cuanto a la faceta fiscalizadora, el Tribunal de Cuentas somete la actividad económico-Financiera del sector público a los principios de legalidad y buena gestión, también fiscaliza subvenciones, créditos, avales y otras ayudas concedidas por el sector público, y también la fiscalización de las formaciones políticas, por ejemplo. ¿Quién lo juzga? Una consejera propuesta por el PSOE a instancias de IU El caso se juzgará hoy en el departamento Primero de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, cuya consejera es María Antonia Lozano Álvarez. La magistrada, que procede de la Audiencia Nacional, accedió al cargo en 2012 dentro del cupo que correspondía al PSOE de los seis candidatos que debía proponer el Congreso a este tribunal. En realidad, fue una candidata lanzada por Izquierda Unida, ya que el entonces líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, ofreció al coordinador general de IU de aquella época, Cayo Lara, uno de los nombramientos, y Lara le propuso el de María Antonia Lozano. Era la primera vez en la historia en la que una persona propuesta por IU accedía a este tribunal. María Antonia Lozano Álvarez se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en 1970. Ejerció como abogada, fundamentalmente en derecho laboral, y tras pasar por juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Barcelona y Madrid, en 1988 ocupó plaza en la Audiencia Provincial de Madrid. En 1991, tras superar un concurso-oposición, accedió a la plaza de Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social de Madrid nº 29. Nombrada Letrada del Consejo General del Poder Judicial en 1998, prestó servicio en la Inspección de Tribunales y Juzgados Penales de Madrid capital y Madrid-Región. En 2004 se hizo cargo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 25 de Madrid. En 2009 fue destinada al Juzgado Central nº 2 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, donde ejercía hasta que en 2012 pasó al Tribunal de Cuentas. ¿Qué se juzga? Las dietas que cobró Barkos de 2007 a 2012 en el Ayuntamiento El tribunal juzgará si Uxue Barkos incurrió o no en “responsabilidad contable” al cobrar dietas del Ayuntamiento de Pamplona entre 2007 y 2012, cuando compaginaba los cargos de concejal en Pamplona y diputada en el Congreso. El objeto del proceso, tal y como señaló el propio tribunal, no es dirimir sobre “la legalidad y conformidad” del sistema de dietas utilizado por el Ayuntamiento, ni la forma en cómo justificaban los ediles ese cobro. La presidenta fue denunciada por la asociación Justitia et Veritas, que veía incompatible los viajes y estancias en Madrid con el cobro de dietas por reuniones en Pamplona. Barkos tendrá que demostrar que entre los años 2007 y 2012 asistió a todas las reuniones de su grupo municipal, a pesar de que buena parte de la semana la pasaba en Madrid. Barkos era en esa época la portavoz de Nafarroa Bai en el ayuntamiento y diputada por Navarra. En concepto de dietas cobró esos años un total de 69.435 euros por asistencia a plenos, comisiones, juntas de portavoces y reuniones con sus compañeros de grupo. El ayuntamiento tenía entonces un sistema de dietas carente de control para justificar las reuniones de grupo que se celebraban, pero sin embargo los ediles siempre cobraban el máximo (1.561 €) y por adelantado. Justitia et Veritas considera también responsable a Barkos del cobro irregular de los 139.174 € de sus compañeros de grupo, como encargada de justificar las dietas de todos. Por “responsabilidad contable” piden el reembolso de más de 208.000 € por ambos conceptos. La presidenta siempre ha defendido la legalidad de sus cobros y ha señalado que en todo caso habría que investigar al “pagador”, en referencia al Ayuntamiento de Pamplona. En mayo de 2013, el grupo municipal de NaBai explicó que celebraban reuniones en días inhábiles, fin de semana y festivos fuera del consistorio. Recientemente, Barkos explicó que en un mismo día se podía estar en Madrid y en Pamplona. Los fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y el Tribunal Supremo no apreciaron delito y la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no admitió la querella presentada por estos hechos. ¿Qué es el reintegro por alcance? La ausencia de justificación en cobros de las arcas públicas Las dietas de Barkos se analizarán bajo el prisma de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Concretamente, si se vulneró el artículo 72.1 de esta norma, el llamado “Procedimiento de Reintegro por alcance”. La redacción literal del artículo dice lo siguiente: “Se entenderá por alcance el saldo deudor injustificado de una cuenta o, en términos generales, la ausencia de numerario o de justificación en las cuentas que deban rendir las personas que tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos, ostenten o no la condición de cuentadantes ante el Tribunal de Cuentas”. ¿La sentencia es definitiva? Puede recurrirse hasta el Tribunal Supremo No hay una fecha ni unos plazos estimados para saber cuándo dictará sentencia el Tribunal de Cuentas. Como caso reciente, el juicio por la compra de preferentes por parte del que fuera alcalde de Egüés en 2011 se celebró el 10 de diciembre de 2015 y la sentencia (no apreció responsabilidad contable) se dictó el 26 de enero, mes y medio después. No obstante, su decisión no será definitiva. El fallo puede ser recurrida por ambas partes en apelación (lo resuelve una sala del mismo Tribunal de Cuentas) y en última instancia en casación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Para acudir al Supremo la ley exige como requisito previo que el procedimiento supere 18.000 euros, algo que en este caso ya se da. De prosperar los recursos de una u otra parte, la decisión del Supremo no llegaría hasta el año que viene. ¿Quién denunció? Justitia et Veritas, asociación de abogados Justitia et veritas es una asociación independiente de abogados que también participó en la querella contra el socialista José Bono por su patrimonio, procedimiento que fue archivado. Desde algunos sectores han sido calificados de “ultras” y de colectivo de “extrema derecha”, algo que su presidente, Antonio Alberta, rechaza. Y cita como ejemplo de su labor que gracias a su denuncia sobre la situación de los detenidos en Madrid -se les pasaba inmediatamente a disposición judicial, “vulnerando sus derechos- se ha cambiado el sistema. Alberca saltó a la palestra como abogado de Rafa Zohuier, condenado a 10 años por los atentados del 11-M. Posteriormente ha defendido el expresidente balear Jaume Matas (Partido Popular).

Diario de Navarra

Así es el tribunal que juzga este miércoles a Barkos

El máximo órgano fiscalizador de España juzgará hoy si la presidenta del Gobierno foral incurrió en “responsabilidad contable” en el cobro de dietas cuando era concejal en el Ayuntamiento de Pamplona. Barkos no declarará en el juicio

Comentarios

Cultura destina 600.000 euros para impulsar la realización de actividades de Arte y Cultura en Entidades Locales

Dos heridas leves en una colisión de dos vehículos en un camino en Añorbe

Salud selecciona ocho proyectos innovadores para la mejora de la humanización en la atención sanitaria en Navarra

Finalizan las obras de rehabilitación de la NA-718 en Urbasa tras el desprendimiento de una ladera

Un detenido de 18 años por robo con violencia en el Ensanche