Diario de Navarra

Ni la empresa, Mediterránea de Catering, ni el Gobierno de Navarra. Nadie quiere saber nada de los 127 trabajadores que actualmente están empleados en las cocinas del Complejo Hospitalario de Navarra y que a partir del 1 de junio estarán en la calle. Así lo pusieron de manifiesto Ángel Salguero, presidente del comité de empresa, y José Ignacio Martínez, miembro del comité. Este jueves, los trabajadores salieron a la calle para dar a conocer su situación de “desamparo absoluto” y protestar por la actuación del Ejecutivo. Como se sabe, Salud anunció el 11 de mayo su intención de asumir todo el servicio de las cocinas desde el 1 de junio, y no sólo la compra y elaboración de las comidas como estaba previsto, obligada porque ninguna empresa se presentó al concurso para hacerse cargo de las labores de emplatado, distribución y limpieza de las cocinas. Pero, además, anunció que recurriría a las listas de contratación del Servicio Navarro de Salud, principalmente de servicios múltiples, para contratar al centenar de trabajadores necesarios para realizar estas tareas. Este jueves, los trabajadores de las cocinas mostraron su “malestar” con el Gobierno. “No ha tenido en consideración a los 127 trabajadores de las cocinas, ya que no se nos informó de esta decisión y tuvimos que leer en el periódico como en 15 días nuestros puestos de trabajo van a dejar de ser gestionados por una empresa privada, lo que conllevará la pérdida de nuestros puestos”. “No nos parece correcta la actuación del Gobierno de Navarra”, añadieron. A esta situación se añade que la empresa les ha comunicado que no les va a despedir. “La empresa ha echado mano del artículo 44 del contrato de los antiguos pliegos de contratación para decir que somos personal subrogable, pero claro siempre y cuando la nueva empresa que entre sea privada”, dijo Martínez. “Saben que no es posible que una Administración pública subrogue a los trabajadores de una empresa privada”. Esta decisión supone, según indicaron, que además de no tener puesto de trabajo “tampoco tengamos papales para ir al desempleo, ni la indemnización que nos corresponde”. José Ignacio Martínez apuntó que posiblemente sea necesario denunciar al Gobierno de Navarra y a la empresa. “El juez de lo Social decidirá quién tiene que hacerse cargo de nuestras indemnizaciones”. A día de hoy, añadió, no saben si les van a dar carta de despido o qué van a tener que hacer para acceder al desempleo. “Nos hemos quedado en el vacío”. Según indicó Martínez, la empresa sólo les ha indicado que el día 31 les dará una carta con la nómina y posiblemente el papel de subrogación. “El 1 de junio nos dará de baja en la Seguridad Social. Y con ese papel, la carta de subrogación y la negativa de subrogación del Gobierno, que son incongruentes, tendremos que denunciar a las dos partes en los juzgados. Un juez tendrá que decidir quién tiene la responsabilidad”. “Veremos si con la baja de la Seguridad Social y las denuncias nos aceptan el paro”, añadió. Con todo, apuntó que, por el momento, tienen intención de venir a trabajar el día 1 mientras no tengan una carta de despido para demostrar que la plantilla no se niega a trabajar. CLAVES 1. Privatización. Salud decide en 2012 unificar las cocinas de los hospitales y privatizar el servicio. Se adjudicó a la empresa Mediterránea de Catering por 22,8 millones para cuatro años. El cambio supuso que más de un centenar de trabajadores se quedase sin empleo. 2. Reversión parcial. En febrero de 2016, con el nuevo Gobierno, Salud anunció la reversión parcial: personal público se encargaría de la adquisición y elaboración de la comida y una empresa privada del resto del servicio. Se descartó la reversión total debido al “elevado coste”. 3. Sin empresa. En febrero de 2017 Salud publicó los pliegos para este servicio. Los modificó y los nuevos salieron el 30 de marzo. Se contemplaba que la nueva empresa podría subrogar a los trabajadores. Pero ninguna se presentó al concurso y Salud se ha visto abocada a asumirlo.

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Trabajadores de las cocinas del CHN denuncian “desamparo absoluto”

Los 127 empleados anuncian denuncias a empresa y Gobierno para dilucidar el responsable de las indemnizaciones

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