Diario de Navarra

Más de un millar de los 2.500 trabajadores del sector financiero navarro, principalmente directores de oficina y empleados que ejercen de asesores y comerciales ante los clientes, están obligados a pasar una ‘reválida’ antes de enero de 2018. La Unión Europea les va a obligar a formarse y acreditar que están capacitados para informar y asesorar sobre los productos que comercializan. En Navarra hay unos 2.500 empleados de Banca y se calcula que más de un millar van a necesitar la formación El objetivo, aunque llegue tarde, es poner coto a una época de “descontrol” en la que se colocaban preferentes y depósitos estructurados a miles de usuarios y en muchos casos sin que los propios asesores financieros llegaran a conocer las condiciones y riesgos de los productos que ofrecían. La directiva sobre los Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID) de 2014 será aplicable desde el 3 de enero del año que viene y no deja lugar a dudas: los empleados que atienden y asesoran al público deberán saber de lo que hablan y para ello no les queda más remedio que formarse y contar con una certificación que acredite su capacidad. Transición de cuatro años De momento, parece que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la encargada de velar por la aplicación de la exigencia europea) va a posibilitar cierta flexibilidad y no todos los trabajadores se van a ver obligados a examinarse antes de enero de 2018. Así, en el caso de que un empleado no cuente con el requisito de formación podrá prestar servicios de información o asesoramiento sobre inversiones siempre que sea bajo supervisión directa de un empleado que sí lo tenga. Esta excepción solamente podrá darse durante un periodo inferior a cuatro años. Lo insoslayable es que el cliente siempre deberá estar perfectamente informado de cada opción que se le ponga encima de la mesa. Una de las novedades de la directiva europea afecta también a la figura del asesor. Con la directiva MiFID se persigue que las labores de asesoramiento y comercialización queden meridianamente diferenciadas para el ahorrador”. Hoy, el cliente que acude a una entidad financiera suele recibir asesoramiento por la misma persona que le vende el producto. No es infrecuente que dicho producto corresponda a una gestora externa que paga una comisión al trabajador por colocarlo, la llamada “retrocesión”, de la que el cliente no suele enterarse porque se incluye en el precio total que abona. En otros casos, es la propia entidad la que marca a sus empleados unos objetivos para colocar determinados productos propios. Es obvio que estas prácticas no redundan siempre en el mejor beneficio para el cliente y habrá que ver si la directiva logra clarificar las cosas. Eso sí, a partir de 2018, los asesores deberán etiquetarse como “independientes” o “dependientes Navarra se adelanta a 2018 Las entidades financieras navarras, como las del resto del país, han decidido anticiparse. Algunas, como Caixabank, han asumido la formación de sus comerciales y asesores mediante un programa externo. “Tenemos 247 profesionales que se han titulado desde 2014 en asesoramiento financiero tanto nacional (Diploma de Asesoramiento Financiero de la Universidad Pompeu Fabra) como internacional CISI (Chartered Institute for Securities and Investment). Son los niveles más altos exigidos en cuanto a certificaciones”, indican desde la dirección territorial de la entidad en Navarra. Los primeros en formarse han sido los directores de oficina y gestores de banca premier y banca privada (patrimonios a partir de 60.000 euros. Ahora, otros 62 empleados de la entidad están cursando esas mismas titulaciones y otros 69 están cursando en CAF (Curso en Asesoramiento Financiero). Laboral Kutxa también ha diseñado un plan formativo que incorpora dos certificaciones: Titulo Experto Universitario en Asesoramiento Financiero (150 horas) dirigido al personal relevante que asesora y un Curso Especialista en Asesoramiento Financiero (90 horas) para el personal relevante que informa. Aseguran que en noviembre de 2017, el 90% de las personas afectadas por las exigencias de MIFIDII contarán con la cualificación requerida, quedando un 10% del personal (todos ellos personas que informan) para 2018. Por su parte, Caja Rural también espera estar preparada para los cambios antes de que entre en vigor la normativa en 2018. “En previsión de esta nueva situación, hemos certificando a los trabajadores a través de títulos externos, principalmente EFA y CISI, y próximamente se complementará con formación de postgrado impartida por centros universitarios, todas ellas cumpliendo los requerimientos de la Directiva MiFID II”, aseguran desde la entidad. “Estos cursos -añaden- tienen una duración mínima de 150 horas y aunque suponen un esfuerzo a las personas que lo realizan, lo enfocamos como una formación especializada que esperamos redunde en una mejor atención y asesoramiento a nuestros clientes” Plantillas inquietas La directiva europea está generando algunas inquietudes entre los trabajadores del sector bancario. “Es un asunto que no se ha sometido a negociación en ninguna entidad bancaria, ni tampoco a nivel de sector”, explica Iosu Ros, secretario general de la Federación de Servicios de CC OO en Navarra. “No se han negociado las condiciones -afirma-, ni tampoco fórmulas compensatorias”. Hay que recordar que muchos de estos cursos no se desarrollan íntegramente dentro de la jornada laboral. Ros denuncia una especie de “nebulosa” en torno al asunto: “¿Qué pasa, por ejemplo, si un empleado no aprueba el curso?” Isidoro Iriarte, miembro del comité de empresa de Caixabank (UGT), destaca que pese al pago de los cursos “no se ha contemplado la devolución de horas” y recuerda que a empleados con cargas familiares y cierta edad les puede suponer una seria dificultad.

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