Diario de Navarra

Los ciberataques registrados en España en 2016 sumaron más de 100.000, el doble de los de 2015 y, en cifras ofrecidas ayer por el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido en Madrid, cinco veces más que en 2014. Los cuerpos policiales son perfectamente conscientes de esa realidad en aumento que llega cada día a sus comisarías en forma de las denuncias más variopintas y que era prácticamente inexistente hace unos años. Desde estafas bancarias a sextorsión, pasando por la intromisión de un hacker en la web de una empresa o un ayuntamiento, por citar las más cotidianas. A petición del Colegio de Abogados de Pamplona, la Guardia Civil invitó ayer a Pamplona a Enrique Ávila (Madrid, 1965), experto nacional en ciberseguridad, que impartió una charla por la tarde a profesionales del Derecho. Ávila, que trabaja codo con codo con la Benemérita en este ámbito, concedió esta entrevista por la mañana. ¿Se puede decir que nuestra ciberseguridad es a día de hoy muy vulnerable? La dimensión digital impregna todos los ámbitos de nuestra vida. En las redes sociales desarrollamos una personalidad digital paralela a la analógica. Nuestra relación con el Estado es cada vez más telemática y cada vez son más frecuentes las compras por Internet. Pero esta situación esconde una paradoja. Hasta el siglo XIX no existían los contratos por escrito. Todo se certificaba verbalmente y tenía validez. ¿Por qué? Muy sencillo. La gente no sabía leer y escribir. Sin embargo, ahora, en pleno siglo XXI y a pesar de que somos unos analfabetos funcionales, la nueva dimensión digital impregna todos los ámbitos de nuestra vida. ¿La consecuencia? El montón de problemas que nos acarrea. Los delitos relacionados con el mundo digital están en auge, hasta entre los más pequeños. Un ejemplo es el del acoso escolar, más vivo que nunca gracias a esas herramientas poderosas que son los dispositivos. Y no hablo de ordenadores, que apenas suponen un 10% en el ámbito de la ciberseguridad... Ante esta situación, ¿qué se puede hacer? El panorama responde a un llamado juego de guerra. Los vectores de ataque son infinitos. El peligro puede llegar de cualquier lado. Las defensas son finitas. Es así. Nadie está a salvo de ser el objetivo potencial de un ciberdelincuente, pero tengo que decir que en España se ha realizado hasta el momento un muy buen trabajo, sobre todo en el campo de las Administraciones Públicas y existe un esquema nacional de seguridad que es de obligado cumplimiento. También va a cambiar la ley de Protección de Datos y se colabora intensamente en la prevención y formación de los profesionales en este ámbito. ¿Podría valorar el nivel de riesgo real en el que nos encontramos actualmente? Existe ese riesgo, no voy a negarlo. Es difícil de definir. Un modelo conceptual que podría asemejarse a la situación que vivimos es el de una partida de ajedrez en la que, a diferencia de lo que estábamos acostumbrados, las piezas no tienen reglas fijas. No hay que perder de vista que se ha producido un salto cualitativo importante. Somos hiperdependientes de la tecnología y nuestras ciudades e infraestructuras críticas son puntos muy vulnerables de nuestro sistema. Un ataque contra ellas puede devenir en pocos minutos en una situación de caos real por lo que necesitan una protección. En esa labor se enmarca mi trabajo con Guardia Civil. ¿Cuál es el perfil de un ciberdelincuente? Hay quien busca fama o su contrario (minar la reputación de alguien, desde una expareja a la empresa de la competencia) o ganar dinero. La ciberdelincuencia no responde a muchos cánones tradicionales. En un escenario tradicional los investigadores buscan indicios y pruebas para respaldar una acusación. En un entorno digital el escenario es muy diferente, esas pruebas son más difícilmente rastreables y no existe un núcleo básico de Derecho Público que aborde algunas de estas cuestiones. Por un lado, ayudaría avanzar en definir conceptos como las identidades digitales de personas físicas, jurídicas o incluso algoritmos. Por otro, acotar este asunto puede dar lugar a otros debates, como qué reglas de juego existen para esos sujetos. Afianzar la responsabilidad penal de las personas jurídicas es un paso clave. Más allá de la investigación policial, la acción de los expertos y el marco legal, ¿qué margen de maniobra le queda al ciudadano de a pie? Capacitarnos. Trabajar la continua adquisición de capacidades en el mundo de la ciberseguridad. Las personas tenemos derecho a que nos protejan, pero también obligaciones. Cuando nos interesa, desarrollamos la pericia para instalarnos una aplicación en el móvil de origen dudoso y para la que tenemos que habilitar los ajustes del teléfono, pero que nos deja ver el fútbol gratis. Esto es lo mismo. Nuestra hiperdependencia nos vuelve más vulnerables si somos meros espectadores. Está claro que es mucho más probable convertirse en objetivo de un ataque si se tiene algo de valor, y hay que velar por ello. El 90% de nuestro tejido industrial son pymes y cuentan con patentes en formato electrónico que pueden ser objeto de un hacker. Lo estamos viendo en la prensa en la diario. Y no es a coste cero. Incrementar las capacidades en ciberseguridad implica necesariamente gastar más en ello.

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“Nadie está a salvo de ser el objetivo de un ciberdelincuente”

La hiperdependencia digital ha revolucionado el mundo de un crimen con nuevos escenarios forenses. Enfrente, expertos como Enrique Ávila, que trabaja para la Guardia Civil y ayer impartió una conferencia en Pamplona.

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