El Tribunal Supremo dio carpetazo definitivo a las investigaciones sobre el aumento del patrimonio del presidente del Congreso, José Bono. La Sala de lo Penal archivó la última querella presentada contra el expresidente castellano manchego, al que esta vez la asociación Justitia et Veritas acusaba de cohecho, falsificación de documentos y delito fiscal.

El TS dice que no puede abrir una causa penal contra Bono por el mero hecho de que su patrimonio y el de su familia se hayan incrementado de modo importante desde que en 1994 accediera a la presidencia de Castilla-La Mancha. "Que tal incremento sea constante no determina sin más que su causa u origen sea ilícito", como afirman los querellantes, a los que la sala recrimina que no den pruebas de que las operaciones sean ilegales y que basen su denuncias en noticias periodísticas o conjeturas.

La asociación cifraba su fortuna en seis millones de euros y denunciaba, al menos, cuatro supuestas irregularidades: el pago del Grupo Reyalurbis de la decoración de dos viviendas de Bono por casi 20.000 euros; el desembolso de 450.000 euros por una constructora de Francisco Hernando, El Pocero, para obras realizadas en la hípica Almenara; el regalo de varios empresarios de caballos al hijo de Bono valorados en 100.000 euros, y el regalo de una estancia en Baqueira a su familia por un grupo hostelero.