Si la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV) daba por cerrado el asunto de la inclusión de pleno derecho de la Federación Vasca el miércoles con un comunicado, la Española abrió este jueves el frente judicial. La entidad que preside en funciones Julián García Angulo recabó en Madrid el apoyo del Comité Olímpico Español (COE) y de la Asociación del Deporte Español (ADESP) -todas las de federaciones deportivas españolas- para judicializar lo sucedido en la Asamblea de la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV) celebrada el pasado 28 de diciembre en Pamplona. Lo hará en dos planos diferentes, el de la justicia ordinaria, y el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). El proceso puede demorarse durante más de medio año.

“No nos preocupa que se haya admitido a Euskadi como miembro de pleno derecho, porque es algo que sabemos que antes o después se iba a producir”, explicaba este jueves Julián García Angulo, presidente de la Gestora de la Federación Española. “Lo que nos preocupa es la forma en la que se ha hecho. Esa asamblea estaba convocada para que eso se aprobara si o si y se han vulnerado todos los derechos de la Federación Española de Pelota”.

García Angulo y Javier Trigo, ex vicepresidente de la Internacional, se reunieron este jueves en la sede del Comité Olímpico Español con su presidente, Alejandro Blanco, además del secretario general de todas las federaciones deportivas españolas, Vicente Martínez. En su encuentro explicaron lo sucedido, y pidieron su apoyo para judicializar lo sucedido en la Asamblea de la FIPV de Pamplona del pasado 28 de diciembre. Los dos organismos se posicionaron con la Española.

SIN RESPETAR LA NORMA

La Federación Española de Pelota ha pensado en abordar el asunto en dos planos jurídicos diferentes. De una parte, a través de la justicia ordinaria ante la que reclamarán que la Asamblea de la Federación Internacional celebrada en Pamplona se hizo después de numerosas irregularidades desde su convocatoria (no se solicitó autorización a la propia Española) hasta su ejecución. De otro lado se reclamará ante el Tribunal de Arbitral del Arbitraje del Deporte (TAS) la ilegalidad de los acuerdos establecidos en Pamplona y las sanciones que la Internacional dictaminó contra Cuba y el propio García Angulo.

La defensa jurídica de la Federación Española de Pelota recae sobre Gonzalo Jiménez Illana, un jurista deportivo de reconocido prestigio que ya tiene una extensa experiencia en este tipo de casos.

“Lo que buscamos es que se garantice que esta situación se resuelva conforme a los principios de justicia y legalidad respecto a las normas internacionales y el espíritu del movimiento olímpico”, comentaba ayer García Angulo, quien asegura que él no insultó a nadie en redes sociales. “Lo único que hice fue criticar a la Federación Internacional”.

MEDIO AÑO, MÍNIMO

¿Y qué va a pasar ahora? Tras presentarse de la denuncia ante la justicia ordinaria y la justicia deportiva, se abre todo un periodo de instrucción del caso, en el que los demandantes deberán aportar toda la documentación y soporte jurídico sobre las irregularidades cometidas. Lo mismo que la parte demandada, la Internacional.

Se estima que transcurrirá más de medio año para cuando el caso comience a esclarecerse judicialmente. Los demandantes esperan que los acuerdos a los que se llegaron en la asamblea de Pamplona el pasado 28 de diciembre queden en suspenso durante la instrucción y que al final se llegue a la anulación de lo acordado allí.

Antes de haberse reunido con el COE y con ADESP, la Federación Española de Pelota presentó el pasado lunes una denuncia en el Consejo Superior de Deportes (CSD) por las irregularidades que a su criterio se dieron el 28 de diciembre en la asamblea de la Internacional. García Angulo comentaba ayer que no han recibido aún respuesta alguna, pero confían en que no ratifique lo acordado en Pamplona. Al final, el CSD es quien va a determinar hasta dónde y en qué condiciones va a poder actuar la Vasca.