Este martes ha quedado suspendida la sesión del juicio por delito fiscal a la directiva de Osasuna de 2013 en la que se iba a ratificar el acuerdo entre las partes, tras la marcha atrás de José Manuel Purroy. Se ha propuesto celebrar el juicio en marzo.

El directivo Purroy, tras oponerse al pacto, renunció a su abogado ayer y el nuevo ha pedido la suspensión para conocer el caso. El abogado de Osasuna también ha pedido la suspensión porque ha venido un abogado sustituto, ya que el que ha llevado el caso está confinado. La juez lo aprueba con la aceptación de la fiscal. El directivo Manuel Ganuza tampoco iba a aceptar el acuerdo.

Según ese acuerdo, los miembros de la directiva de Miguel Archando de 2013, además del exgerente Ángel Vizcay, serían condenados a cuatro meses y medio de cárcel además de una multa por un delito contra la Hacienda Pública, en este caso por impagos de IRPF en 2013. Las partes alcanzaron un acuerdo que iba a ser ratificado este martes en el Juzgado de lo Penal número 2 de Pamplona.

El caso se judicializó tras una querella del Gobierno de Navarra, que reclamaba 257.954,83 euros correspondientes al IRPF de 2013 . En concreto, Hacienda sostiene en un informe que Osasuna dejó de pagar 137.957 euros en distintos importes satisfechos a empleados (fundamentalmente jugadores del primer equipo); 20.871 euros en retribuciones en especie; 12.891 euros en importes satisfechos a jugadores de Osasuna Promesas; 54.600 euros por un pago a la sociedad pantalla del exfutbolista Álvaro Cejudo y 31.633 euros de rentas indebidamente declaradas exentas por dietas. En total la cifra alcanza los 257.954 euros.