Cinco profesores de enseñanzas artísticas denunciaron este jueves en la comisión de Educación del Parlamento de Navarra la situación de “interinidad laboral generalizada” que afecta a los centros públicos de este ámbito, “hasta el punto de rondar el 70 u 80 por ciento del profesorado en las últimas tres décadas”, y pidieron al Ejecutivo foral que no cubra sus plazas, “que deberían haber sido sacadas a [concurso de] méritos” para su estabilización en virtud de la ley 20/2021, a través de una oferta pública de empleo (OPE), como está previsto que ocurra este mismo año.

“Esto significa que las interinas e interinos, muchos ya con más de 50 años, tenemos que demostrar en una oposición que somos válidos para desempeñar un trabajo que venimos haciendo desde hace 5, 10, 15, 20, 25 o 30 años”, aseguraron los cinco docentes, con edades comprendidas entre los 49 y los 65 años y que, según expusieron, llevan de 8 a 33 años trabajando de manera ininterrumpida en sus puestos.

Los profesores —representantes de las Escuelas de Arte y Superiores de Diseño de Pamplona y Corella, el Conservatorio Profesional de Música Pablo Sarasate, el Conservatorio Superior de Música de Navarra y la Escuela de Danza de Navarra— alertaron de que esta convocatoria “va a suponer un ERE encubierto”, puesto que “personas con larga experiencia, pero con las facultades memorísticas y físicas de mujeres y hombres de 50, 55, 60 o 65 años”, deberán competir “con jóvenes recién licenciados”. “Esta OPE nos condena a la exclusión social, a no conseguir empleo y a vivir del paro o de los subsidios”, ahondaron.

Ibai Crespo Luna, del PSN, socio del Gobierno responsable del Departamento de Educación, señaló que “es justo reconocer” que existe “un abuso temporal de treinta años”, así como que “se han hecho esfuerzos” para revertir esta situación, “especialmente en los últimos años”. “Se han hecho cuatro procesos de estabilización”, reivindicó el parlamentario foral, “dando respuesta a quejas y a reclamaciones sindicales”.

Por otro lado, Crespo descartó la petición de los docentes de suspender las oposiciones, puesto que iría “en contra de otras sentencias, en este caso del Tribunal Supremo”, y “podría provocar la caducidad de plazas”. En ese caso, explicó, la Administración debería contratar personal interino, lo que incumpliría “los mandatos europeos y las normas” que pretenden “reducir la interinidad”. “Esto es una pescadilla que se muerde la cola”, sentenció.