Más de cuarenta profesores de las Escuelas de Arte y Superiores de Diseño de Pamplona y Corella y del Conservatorio Profesional de Música Pablo Sarasate de Pamplona han presentado ante el Departamento de Educación una solicitud de suspensión temporal de las oposiciones para profesores de los conservatorios y escuelas de arte de Navarra, previstas para 2026, mientras no se resuelva “la situación de fraude de ley” que enfrentan los docentes con contratos temporales. En un escrito remitido a este medio, los impulsores de esta solicitud afirman que “decenas de profesores” de estos centros “podrían ir a la calle tras más de 20 y hasta 30 años encadenando contratos temporales para cubrir plazas que son permanentes”. “Es una situación que en la empresa privada sería sancionada como abuso de temporalidad y fraude de ley, pero que en la Administración lleva décadas normalizada y ya está siendo cuestionada por Europa”, aseguran.

“Para solucionar esta temporalidad, quieren hacer una oposición, con lo que eso supone. Una oposición hay que aprobarla sí o sí, porque si no lo haces, directamente ya no tienes opción a plaza”, expone por teléfono uno de los profesores firmantes, que afirma que la última oposición ordinaria para profesores de música y artes, “aunque no en todas las especialidades”, se celebró en 2010. Por tanto, de llevarse a cabo ahora estas oposiciones, numerosos docentes podrían encontrarse en una “situación de vulnerabilidad”, motivo por el que piden acometer su estabilización antes de que se realice la prueba.

Entre los profesores temporales, señalan en el escrito, hay “muchos” con edades cercanas a los 60 años, y “la mayoría son mujeres”, dos factores que “prácticamente les condenan a una falta de empleabilidad”. “Estas personas ya no se encuentran en las mismas condiciones para preparar una oposición, lo que puede conducirles irremediablemente a la calle, pudiendo disfrutar solo de dos años de paro, y luego se quedarían sin poder jubilarse, lo que les condenaría a una situación de precariedad”, denuncian.

Además, según estos profesores, los requisitos de acceso a la oposición presentan “una incoherencia”. “Muchos docentes” adquirieron sus plazas tras incorporarse a la bolsa de trabajo una vez superadas las “pruebas teóricas y prácticas de su especialidad” pertinentes y con “las titulaciones exigidas” en regla. “Sin embargo, para presentarse ahora a la oposición, esas titulaciones no se tienen en cuenta”, lamentan. De esta manera, los docentes afectados no podrían “siquiera presentarse al examen de su especialidad”. “Es paradójico: profesionales válidos para impartir clase en su especialidad no lo son para presentarse a su oposición, según las exigencias de Educación”, añaden.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

En el escrito, los firmantes resaltan también que “los contratos no se encuentran bien realizados”. “Tenemos que firmar contratos administrativos cuando estos deberían ser laborales. Nos obligan a firmar nuestro finiquito a la par que los contratos y nos impiden firmar contratos cuando nos los adjudican vía ATP(adjudicación telemática de plazas) desde el Departamento de Educación si nos encontramos en situación de baja laboral”, denuncian. Esta inestabilidad, aseguran, les está generando “profundas situaciones de estrés y ansiedad” y está afectando a su salud.

“¿Dónde está la empatía?”, se pregunta uno de los profesores firmantes, que pide a los responsables de Educación que piensen que “detrás de los números y de las plazas hay personas que llevan 20 o 30 años trabajando de forma temporal y que denuncian desde hace años esta situación, pero se alarga, se alarga, se alarga y no se soluciona nunca”. “No solo buscamos nuestra estabilidad particular, buscamos estabilidad en beneficio del interés general del sistema educativo”, refrendan en la conclusión del escrito.