Pedro Sánchez no da la partida por perdida. El presidente del Gobierno encara la campaña del 29-N con las encuestas en contra, después de una legislatura convulsa que arrancó con la polémica amnistía al procés y ha estado marcada por los casos de corrupción que alcanzan a su entorno más próximo. En contra de lo que siempre dijo, el pasado 5 de octubre anunció un adelanto electoral cuyo detonante fue la imposibilidad de armar una mayoría que avalara su respuesta al principal problema de los españoles, la crisis de la vivienda. Ahora, se muestra convencido de que la remontada es posible. Pese a todas las dificultades que se ha encontrado para legislar, no cierra la puerta a reeditar la mayoría que lo invistió y defiende sin reservas a Óscar Puente. La entrevista se celebró este jueves en Ferraz, antes de que agentes de la UCO acudieran al Tribunal de Cuentas en busca de información sobre presuntas irregularidades en las donaciones al PSOE. Esa misma noche, en el mitin de arranque de campaña, Begoña Gómez subió por primera vez a un escenario para pedir el voto de las mujeres.

Usted dijo que esta sería la legislatura de la vivienda y la termina con una huelga general precisamente por ese motivo. ¿Lo vive como un fracaso propio? 

Lo siento como una llamada de atención a todas las instituciones, que tenemos que hacer mucho más en menos tiempo para resolver el principal problema de nuestros ciudadanos, probablemente el que explica en buena medida, hasta un 60%, el problema de la desigualdad en nuestro país. Por tanto, máximo respeto a un derecho constitucional, que es el derecho a la huelga, una huelga que se hizo no en contra de nadie, sino en favor de la mayor implicación de las instituciones en el problema real del acceso a la vivienda. He escuchado al jefe de la oposición hablar de que esta huelga general era un disparate, y lo que realmente es un disparate es llamar a los sindicatos mafia, basura, como lo han hecho el Partido Popular y Vox. 

En la campaña de 2023 prometió 184.000 viviendas de alquiler asequible. No se ha cumplido. 

Ahora mismo están ya construidas y entregadas más de 80.000, y están en proceso de construirse las otras 100.000 que restan hasta ese compromiso, y esperamos que se puedan entregar las llaves a los nuevos inquilinos en los próximos años. Para que se haga una idea, durante mi mandato se ha construido en torno a un millón de viviendas, de las cuales un 13% han sido viviendas protegidas, viviendas asequibles. Necesitamos, y esa es la discrepancia que yo tengo con la izquierda a mi izquierda, modificar la ley del suelo para reducir los trámites burocráticos y, por tanto, seguir construyendo a mayor ritmo. Pero también tenemos que regular aspectos que hoy, desgraciadamente, muchas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y Vox se niegan a aplicar dentro de lo que representa la ley estatal de vivienda. 

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El decreto de vivienda que provocó el adelanto electoral lo ha vuelto a aprobar para llevarlo a la Diputación Permanente, donde la mayoría es distinta de la del Pleno. ¿No le genera dudas democráticas sortear así la voluntad del Pleno? 

El Gobierno tiene plenas facultades, va a gobernar hasta el final de su mandato. 

Más allá de la regulación, los expertos coinciden en que el problema de fondo es la falta de oferta. El Banco de España calcula que hará falta construir un millón de viviendas para que el problema no se agrave. ¿Cuánto se tardará y qué puede hacer el Gobierno? 

Evidentemente tenemos que construir más vivienda. Pero aquí incorporo un matiz. Antes de la crisis financiera se construyeron 4,5 millones de viviendas y el precio aumentó también exponencialmente. Es decir, tú puedes construir muchas viviendas, pero si la gente joven o no tan joven no puede llegar a pagar la entrada de esa hipoteca o el alquiler de esa vivienda, poco o nada has hecho. La cuestión es que, dentro de ese volumen de construcción de vivienda nueva, el porcentaje de vivienda protegida, de vivienda asequible, sea mucho más importante. Pero siempre que hemos llevado todos estos temas al Congreso de los Diputados nos hemos encontrado con el muro del Partido Popular, de Vox y también de Junts per Catalunya, que se han negado a regular aspectos que a mi juicio son tan necesarios como construir más vivienda en nuestro país. 

Fue decisión suya gobernar con esta mayoría. Usted ya sabía de qué pie cojeaba Junts cuando lo eligió como socio de investidura. ¿No es en parte responsabilidad suya?

 Hombre, la decisión es de los ciudadanos, que son los que eligen a sus representantes en el Parlamento con su voto. A partir de ahí, yo lo que trato es de articular una mayoría parlamentaria que pueda funcionar durante estos últimos cuatro años, y en muchos aspectos lo ha logrado y en otros no. Por ejemplo, en la regulación del mercado del alquiler, Junts per Catalunya, como partido conservador que es, al igual que el Partido Popular, ha votado en contra. 

Regular no tiene por qué significar topar precios. El Banco de España advierte de que los topes retraen la oferta a largo plazo, y en el último mes ha desaparecido de los portales uno de cada cinco anuncios de alquiler. ¿No le preocupa? 

La evidencia lo que nos demuestra es lo contrario. Ahora mismo hay efectivamente menos, pero no por este aspecto que señala usted, sino precisamente porque los contratos de alquiler son contratos más largos. En aquellos lugares, como la ciudad de Barcelona, donde sí se están aplicando algunos mecanismos de la ley de vivienda, como el de las zonas tensionadas, claramente se está conteniendo en mayor medida el precio del alquiler que, por ejemplo, en Madrid, donde no se aplica. 

Si se dan los números y vuelve a necesitar a Junts para gobernar, ¿buscará su apoyo?

 Yo trataré de pactar con todos los grupos parlamentarios para formar una mayoría. Creo que no hay ninguna sociedad, tampoco la española, que pueda avanzar dando marcha atrás. Y lo único que hemos escuchado por parte del PP y Vox es derogar, recortar y desmantelar. 

Se lo pregunto porque con esta mayoría tampoco ha aprobado Presupuestos y han decaído la mayor parte de las leyes de sus planes normativos, las que reflejaban su proyecto: la ley de familias, la reforma de la justicia, la universalidad de la sanidad…

Sí, pero por eso estoy diciendo que aspiro a tener, y es lo que pido, una mayoría más amplia y progresista para llegar más lejos y antes en materia de avances sociales. Lo que estoy manifestando es mi respeto a cual sea el resultado que salga de las urnas el próximo 29 de noviembre. Aquí de lo que estamos hablando, por decirlo con nombres y apellidos, es de si el próximo vicepresidente del Gobierno continúa siendo Carlos Cuerpo o es Santiago Abascal. 

Las encuestas dicen que, tras estos tres años, Vox puede doblar sus resultados. ¿Cree que ha sido un presidente divisivo? 

Es curioso, ¿no? Creo que la reflexión que se tiene que hacer la derecha, y cuando digo la derecha no solamente me refiero a la derecha política, me refiero también a la derecha mediática, a la derecha económica, es que lo que ha hecho ha sido contribuir a blanquear a la ultraderecha. Y creo que hay un error por parte del Partido Popular de no solamente hablar como Vox, insultar como Vox, sino plantear recortes como Vox. Pero es que además se ha instalado la mala educación a la hora de hacer política. El que hasta incluso el jefe de Vox diga que a mí me tienen que colgar por los pies. El que se amenace la sede del Partido Socialista, la sede de Ferraz en la que estamos haciendo esta entrevista, por parte de una organización fascista como es Núcleo Nacional, y no haya contado con el reproche ni la crítica ni la condena por parte del Partido Popular y de Vox, es abrir las puertas y deslizarse por una pendiente muy peligrosa. 

¿No cree que la amnistía, por ejemplo, ha contribuido a engordar a Vox? 

Quiero recordar dos cosas. Una, que siempre critiqué, y ahí está la hemeroteca, la judicialización que se hizo de una crisis política. Y dos, hay herramientas constitucionales -los indultos lo son, la Ley de Amnistía también, el Constitucional y el Tribunal de Justicia Europeo lo han reconocido como tal- que son instrumentos necesarios para la reconciliación. La sociedad que sufrió en primera persona esa crisis, que fue fundamentalmente la catalana, hoy lo ha avalado, no solamente situando al Partido Socialista como principal fuerza política en Cataluña, sino también teniendo a un presidente constitucionalista como es Salvador Illa al frente de la Generalitat. 

¿Pero no es legítimo preguntarse si la normalización se habría logrado igual sin amnistía? Antes de las elecciones de 2023 usted no la defendía, y solo la planteó cuando necesitó los siete escaños de Junts para ser investido. 

Así es, así es. Pero los resultados están ahí. Creo que lo que hemos demostrado es que desde la política se pueden resolver, o contribuir a resolver, esos problemas, a diferencia de lo que sucedió en 2017, donde la política de Mariano Rajoy nos llevó a la peor crisis territorial de los últimos 50 años. Y en esos años en los que, como jefe de la oposición, yo sí apoyé a Mariano Rajoy, la primera persona que me habló de Vox, sin estar todavía en el radar de las encuestas, fue Mariano Rajoy. Cuando yo le preguntaba por qué no abríamos un debate sobre el autogobierno en Cataluña para resolver políticamente, dentro de la Constitución, esa crisis, el señor Rajoy fue quien me dijo: «Vox». Por tanto, era evidente que para Mariano Rajoy era mucho más importante que no se le abriera el frente con la extrema derecha que resolver la cuestión catalana. 

Ni la España ni la Cataluña de 2023 eran ya las de 2017. La Comisión de Venecia advirtió de que una medida así requería una mayoría mucho más amplia que la absoluta. ¿No piensa que abrió una brecha en el resto de España? 

Al contrario, toda la política de normalización en relación con Cataluña, y a los hechos me remito, ha contribuido a la cohesión nacional y la cohesión territorial. 

Esta semana se celebró el funeral por las víctimas de Urda en Toledo. ¿No se planteó aparcar sus convicciones y acompañar a los familiares? ¿O pensó que su presencia, lejos de reconfortarlos, podía perturbarlos? 

No. Yo he sido el presidente del Gobierno de la pandemia, el presidente del Gobierno de la dana de Valencia y, desafortunadamente, también el presidente del Gobierno de estos dos terribles accidentes de la alta velocidad en Urda y en Adamuz. Siempre he manifestado mi absoluto respeto a los oficios religiosos que pueda dar, en este caso, la catedral de Toledo y el arzobispo. Pero en todos estos homenajes, estas ceremonias de Estado de un país aconfesional, que es así como lo establece nuestra Constitución, lo he hecho. Lo hicimos en la pandemia, lo hicimos durante la dana y, por supuesto, si las víctimas de estos accidentes ferroviarios lo consideran oportuno y quieren que haya una ceremonia de Estado, pues también se celebrará. En esos funerales ha estado una de las máximas representaciones que puede llevar un Gobierno, en este caso con tres ministros: el vicepresidente Cuerpo, la ministra Milagros Tolón y la ministra de Defensa, Margarita Robles. 

¿Y por qué sí representantes del Gobierno, pero no usted? 

Porque estoy diciendo que yo soy el presidente del Gobierno que durante todas estas tragedias siempre he querido, vinculándolo con nuestra Constitución, hacer ceremonias de Estado. Y eso no es óbice ni es contradictorio con expresar mi más profundo respeto a las creencias religiosas que puedan tener las personas que han padecido la pérdida de un familiar en esta tragedia, como también durante la pandemia o durante la dana de Valencia. 

Ha calificado de acto de dignidad la dimisión de Óscar Puente tras el accidente de Urda. ¿No dimitir habría sido una indignidad? 

Hombre, una cosa es que el ministro ha dado la cara. La ha dado no solamente con las víctimas, aprobando el real decreto ley de indemnización material y de apoyo a las víctimas, sino que también ha dado explicaciones ante los medios de comunicación y en el Congreso de los Diputados. Y si tenía que dimitir el ministro Puente, precisamente era en ese momento, después de haber rendido cuentas en el Parlamento. Yo sé que esto puede ser noticia en la política española porque, por desgracia, hay otros partidos políticos que cuando gobiernan no asumen esas responsabilidades. Lo vemos, por ejemplo, en el caso del señor Mazón, que sigue en política activa cuando la sociedad valenciana le ha repudiado. Creo que ni por acción ni por omisión la gestión de Óscar Puente tuvo nada que ver con el accidente de Urda. 

Cuando él le informó de que iba a dimitir, ¿le pidió que no lo hiciera? 

Él me mandó un mensaje. En fin, me dejó poco margen, por no decir ninguno, porque me dijo que presentaba su dimisión irrevocable. Creo que Óscar Puente es uno de los mejores políticos con los que yo he tenido la oportunidad de trabajar y de compartir camino y con la decisión que tomó ha demostrado que es uno de los mejores políticos con los que cuenta no solamente mi organización, sino creo que también el sistema político español. Aunque esto suene paradójico en un momento en el que efectivamente hay mucho dolor por las víctimas de la alta velocidad. 

¿Entonces, no le pidió: “No lo hagas”? 

Si es que no me hizo falta, porque él me presentó la dimisión. 

En su relato de lo ocurrido, Puente apuntó a un operador de Adif antes de que concluyera la investigación, y se han difundido audios del centro de control en los que se le identifica por su nombre de pila. ¿Ha ordenado investigar la filtración? 

Estamos en un momento en el que da la sensación de que se filtra todo. Esto está ‘sub iudice’, está bajo la autoridad judicial, y veremos exactamente en qué deriva. Hay unas filtraciones en todos los ámbitos que dejan muy vulnerable la acción política. 

Situó en Transportes a dos perfiles muy políticos, y uno de ellos, José Luis Ábalos, ha sido condenado por corrupción. ¿Cómo va a convencer a los ciudadanos de que esos nombramientos no tienen nada que ver con la seguridad ferroviaria? 

Ábalos dejó el Ministerio en 2021. Estamos en el año 2026. Los accidentes, por desgracia, han tenido ocasión en 2026 y los datos son los que son. En 2018, cuando llegamos al Gobierno, la inversión en mantenimiento estaba en torno a los 700 millones de euros. Hoy está en más de 1.100 millones. Y hace una semana acordamos en Adif, bajo criterios técnicos, una inversión en seguridad para los próximos cuatro años de 19.000 millones de euros. ¿Que haya que hacer más? Haremos más. 

Tres meses después del asalto a Ceuta, la ciudad autónoma sigue gestionando sus consecuencias. Usted se fue de vacaciones pese a haber denunciado una violación de la integridad territorial de España. ¿Se arrepiente? 

Al contrario, yo estuve el día siguiente de este asalto en la ciudad de Ceuta dando la cara. Un presidente del Gobierno es presidente del Gobierno 24/7, con independencia de cuál sea el código postal, y yo me fui a una residencia oficial que contaba con todos los medios telemáticos para continuar trabajando. 

Dijo que pediría explicaciones a Marruecos. ¿Qué garantías tiene de que Rabat no volverá a relajar el control de la frontera? 

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Centro Nacional de Inteligencia están haciendo su trabajo para esclarecer exactamente qué es lo que sucedió, pero a día de hoy no tenemos elementos de certeza como para señalar la responsabilidad de uno u otro actor. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que se propagó un bulo, una lectura interesada de una sentencia del Tribunal Supremo que decía que, si se entraba a nado en España, era imposible el retorno en frontera, cosa que era mentira. Y también es justo reconocer que Marruecos respondió en su lado de la frontera y ha aceptado el retorno voluntario y las expulsiones. Como presidente del Gobierno, yo me tengo que basar no en suposiciones, sino en hechos. 

Cuando estuvo a punto de tirar la toalla en esta legislatura, a raíz de la investigación del juez Peinado a su esposa, sometió a su partido a un fin de semana de infarto sin una sucesión preparada. Gobierne o no, ¿es la próxima legislatura la de preparar su relevo? 

(Risas) Lo importante es que quién vaya a sucederme lo decidirá la militancia de base con las primarias. Pero para eso queda tiempo. 

¿Usted tiene ganas de seguir cuatro años más? 

Si miramos cómo estaba España en 2018 y cómo está España hoy, en 2026, creo que es evidente que está mejor. Con todos los problemas que tengamos, singularmente, el problema de la vivienda. Por tanto, creo que necesitamos cuatro años más de avances para culminar y consolidar muchas de estas transformaciones. Y creo y sostengo que el mejor antídoto contra la involución es la movilización y, como va a haber una movilización histórica, creo que habrá también una remontada histórica de la España progresista frente a la involución que representan Feijóo y Abascal.

- Su exministro de Transportes José Luis Ábalos ya ha sido condenado por corrupción.

- Yo llevo al frente del Gobierno más de ocho años. José María Aznar estuvo ocho años también al frente del Gobierno de España. En mi caso -y he pedido perdón, he asumido las responsabilidades y he actuado con proporcionalidad-, solamente ha habido un ministro condenado por corrupción. El resto son personas íntegras que han dado lo mejor de sí mismos por garantizar el progreso y el avance de España. Si nos vamos a la época de Mariano Rajoy o de José María Aznar, me gustaría saber cuántos ministros estaban imputados y cuántos fueron condenados. Ya le aseguro que muchísimos más. Y esto no es para compararme con nadie, porque la corrupción es grave aunque sea una persona quien la haya cometido, pero sí para poner las cosas en su justa dimensión y para reivindicar que, cuando esos casos se han dado en mi partido, he actuado con contundencia, con prontitud y con mejoras en los controles de la toma de decisiones en la sede central del Partido Socialista.

- ¿Se siente culpable de no haber visto lo que ocurría tan cerca de usted? No solo con Ábalos, también con quien fue su sucesor en la secretaría de Organización, Santos Cerdán, aún investigado.

- Como bien dice, hay uno condenado. El otro está siendo investigado, veremos en qué acaba. Pero yo diría que (me siento) responsable. Y para mí, cuando me preguntan cuál ha sido su mayor decepción de estos años, ha sido esa, porque realmente mi proyecto es un proyecto político que ha regenerado la política española. Y, de hecho, no lo digo solo yo: hay indicadores internacionales que miden la calidad democrática de los países donde, en efecto, durante estos años de Gobierno ha mejorado la calidad democrática de nuestro país. Y si nos vamos, por ejemplo, al ámbito de la transparencia de las organizaciones políticas, el Consejo de Transparencia sitúa al Partido Socialista como el partido más transparente de los grandes partidos: nos da una puntuación de más de un 80%, mientras que al Partido Popular y a Vox les da una puntuación del 30%. En definitiva, la cultura de la transparencia, de la rendición de cuentas y de la asunción de responsabilidades políticas nosotros la ejercemos.

-A diferencia de lo que ha hecho en otros casos, sigue defendiendo a José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Cuánto desgaste cree que supone este caso?

-A José Luis Rodríguez Zapatero se le está investigando por dos temas. El primero, sobre el préstamo a la compañía aérea Plus Ultra. Y para que los lectores sean conscientes, estamos hablando de un préstamo, no de un rescate, al igual que hicimos con todas las aerolíneas. En todas las conversaciones que yo he tenido con el presidente Zapatero, que hemos hablado mucho a lo largo de estos años, fundamentalmente de política, nunca me ha preguntado por ninguna empresa, y mucho menos por Plus Ultra. Y dos, las joyas. Él sostiene que son joyas que le dieron unas autoridades, como todos los presidentes de Gobierno recibimos algún tipo de regalo por parte de las autoridades, pero, conociendo a José Luis Rodríguez Zapatero, ya le digo yo que lo último que quiere es quedarse con esas joyas, que ahora mismo están bajo autoridad judicial. En todo caso, creo que hay que respetar la presunción de inocencia. Y el legado de José Luis Rodríguez Zapatero es un legado del que este partido se siente muy orgulloso, sobre todo cuando hablamos de los derechos de las mujeres o del fin de la violencia de ETA.

Bildu puede convertirse por primera vez en la fuerza más votada del País Vasco en unas generales. ¿Le preocupa o le parece una buena noticia?

- Nosotros tenemos un entendimiento estratégico con el Partido Nacionalista Vasco y creo que está siendo bueno para Euskadi y también para España. Y en relación con Bildu, en el Parlamento hemos tratado siempre de articular mayorías en favor de políticas que beneficien a la gente. Y eso significa, por ejemplo, revalorizar las pensiones, aumentar las becas o hacer una apuesta decidida por la formación profesional. El Parlamento es el que es, es el que deciden los ciudadanos, y la clave está en articular políticas de entendimiento en favor de la gente.

- ¿Avalaría un gobierno del PSE con Bildu en Euskadi en la próxima legislatura?

- Eso no está sobre la mesa. Nosotros tenemos una alianza estratégica con el Partido Nacionalista Vasco, que no solamente es a nivel de gobierno de coalición en Euskadi, sino también en las diputaciones forales y en una amplia mayoría de ayuntamientos. También le digo: nosotros aspiramos a liderar más instituciones y no a cogobernarlas con el Partido Nacionalista Vasco.

- Las asociaciones de víctimas, como la AVT, denuncian que el Gobierno vasco, a través de la consejera socialista de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha concedido progresiones de grado a presos sin que medie arrepentimiento, y que algunas han sido revocadas después por los tribunales. ¿Responde a aquello de «presupuestos por presos» que dijo Otegi?

- En absoluto. Todo lo que ha hecho el Gobierno de España en relación con este asunto se ha hecho siempre conforme a la ley y siempre con la autorización judicial. Pero permítame reivindicar lo que ha hecho este Gobierno con las víctimas: hemos impulsado el centro de víctimas del terrorismo en Vitoria-Gasteiz, vamos a abrir un centro de víctimas del terrorismo aquí en Madrid y hemos llevado a las víctimas a muchos centros educativos, para que los jóvenes conozcan lo que supuso el terrorismo y la memoria de las víctimas y su dignidad permanezca presente y viva.

- El 26 de octubre, Bildu fue el único partido que no suscribió la condena del Ayuntamiento de Bilbao a los disturbios de la noche anterior, porque incluía un reproche a los gritos de «Gora ETA». ¿Dónde sitúa eso a Bildu?

- Yo lo que le digo es dónde nos sitúa a nosotros. Nosotros sí apoyamos esa moción y sí hemos condenado en reiteradas ocasiones. No solamente hemos condenado: es que nosotros, en el pasado, hemos sido los principales impulsores del pacto de Estado frente a la violencia terrorista y, por cierto, bajo las administraciones socialistas fue cuando se puso fin a la violencia terrorista.