Un pago de 105.122,76 euros agranda el enredo de abogados del caso cloacas socialistas. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz exige al letrado Ismael Oliver, antiguo defensor de Koldo García e imputado por supuestamente pertenecer a este entramado de Ferraz, que justifique ese desembolso que fue a parar a un histórico letrado del PSOE. La diligencia llega apenas unas horas después de la ruptura de otra abogada del exasesor de Transportes, Leticia de la Hoz, con su cliente.

De la Hoz abandonó este martes 10 de noviembre la defensa de García por sus discrepancias con la nueva estrategia del antiguo colaborador del exministro José Luis Ábalos de acusar al PP de intentar sobornarle para sacar trapos sucios de Pedro Sánchez. Un día después, ambos abogados aparecen en una misma resolución judicial que vuelve a poner bajo la lupa el dinero destinado a pagar servicios jurídicos.

La providencia, fechada este miércoles 11, reclama explicaciones a Oliver por una transferencia realizada desde su despacho, Estudio Jurídico Oliver & Partners, al abogado Gonzalo Martínez Fresneda Ortiz de Solórzano, habitual defensor del PSOE y letrado asimismo del exconsejero socialista andaluz Gaspar Zarrías, también investigado en esta causa.

El pago aparece identificado en la documentación remitida por la Agencia Tributaria. Pedraz requiere expresamente a Oliver para que "manifieste los servicios prestados por dicho despacho que justificaron el mismo" y "aporte, en su caso, la documentación que lo soporte".

La cantidad exacta asciende a 105.122,76 euros. La resolución no precisa cuándo se efectuó el desembolso, qué trabajos se facturaron ni cuál fue su finalidad. Precisamente esos extremos son los que el instructor pretende esclarecer mediante el nuevo requerimiento al abogado, que figura como investigado en el procedimiento.

La documentación tributaria aporta otro dato sobre Martínez Fresneda: su relación profesional con Zarrías. El juez señala expresamente que el letrado del antiguo dirigente socialista cobró de este otros 4.840 euros, una cantidad que figura igualmente en los registros económicos incorporados a las diligencias.

Oliver había asumido anteriormente la defensa de Koldo García en el caso mascarillas. Su nombre aparece ahora en la investigación sobre las presuntas maniobras destinadas a interferir en procedimientos judiciales que afectaban a dirigentes socialistas y personas próximas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El otro requerimiento acordado por Pedraz afecta a Leticia de la Hoz, también investigada en el caso cloacas y hasta este martes responsable de la defensa del antiguo asesor de Ábalos. El magistrado quiere conocer si la documentación económica que entregó recientemente al juzgado recoge efectivamente todos sus honorarios.

En concreto, le exige que aclare si las aportadas "son las únicas facturas e importes que ha cobrado por tal concepto y por todo el periodo en el que ha ejercido la defensa del Sr. García Izaguirre".

DOS FACTURAS

La pregunta llega después de que la letrada presentara dos facturas y sus correspondientes justificantes bancarios para tratar de acreditar que sus servicios profesionales a Koldo García habían sido abonados por una empresa privada y que el PSOE no había financiado su defensa.

La primera factura, fechada el 27 de noviembre de 2025, asciende a 181.500 euros, IVA incluido. Fue emitida por IDBO Consultants, la sociedad vinculada a De la Hoz, a nombre de Dos Mil Palabras, empresa editora del periódico digital Okdiario.

La segunda corresponde al 23 de enero de 2026 y alcanza los 60.500 euros, también con impuestos. Ambas suman 242.000 euros y responden al concepto de "Honorarios, aranceles y gastos por asesoramiento jurídico y procedimientos del señor D. Koldo García".

De la Hoz acompañó las facturas con justificantes de las transferencias recibidas en una cuenta de Banco Santander. Los documentos identifican a Dos Mil Palabras como ordenante de ambos pagos, efectuados en las mismas fechas de emisión de las facturas.

NEGAR PAGOS

Su representación sostuvo entonces que "los documentos acreditan que el Partido Socialista Obrero Español no hizo abono alguno a mi representada por la defensa de Koldo García Izaguirre, como ella ha afirmado reiteradamente".

Pedraz quiere completar ahora esa información y determinar si existieron otros ingresos relacionados con la asistencia jurídica prestada al exasesor, cuya defensa asumió De la Hoz en junio de 2025. La resolución deja expresamente a salvo el derecho de ambos investigados a no facilitar información que pueda incriminarlos.

Estos requerimientos forman parte de una investigación económica más amplia sobre los pagos realizados a abogados y consultoras vinculados con personas investigadas en el caso cloacas. Entre las cuestiones pendientes figura establecer quién contrató determinados servicios profesionales, quién los abonó y qué trabajos justificaron las cantidades desembolsadas.

El rastreo alcanza directamente al PSOE. El pasado 6 de octubre, Pedraz reclamó al partido una relación de los abogados, despachos y consultoras contratados entre 2021 y 2025, junto con la documentación justificativa de los encargos, respetando las garantías del secreto profesional.

La formación socialista alegó dificultades para recopilar esa información y acudió al Consejo General de la Abogacía Española para plantear una consulta sobre la confidencialidad de las relaciones entre abogados y clientes. El juez rechazó que esa iniciativa pudiera retrasar las diligencias.

La propia De la Hoz intervino en aquella controversia mediante un escrito en el que cuestionó la amplitud de la documentación exigida. Su defensa argumentó que reclamar todos los encargos profesionales de cinco años podía afectar a relaciones amparadas por el secreto profesional y ajenas a los hechos investigados.

El instructor rechazó el 9 de octubre atribuir por entonces al PSOE la condición de persona jurídica investigada. Consideró que todavía faltaba un principio de prueba suficiente, aunque mantuvo abiertas las comprobaciones sobre pagos, autorizaciones, contabilidad y posibles responsabilidades.

ANDANZAS DE LEIRE

La investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sitúa el origen de una de las ramas del caso en las presuntas actividades de Leire Díez, antigua militante socialista, y otros investigados para desestabilizar causas judiciales incómodas para el PSOE, el Gobierno o el entorno familiar de Sánchez.

Entre los procedimientos afectados figuran las investigaciones sobre David Sánchez, hermano del presidente, y Begoña Gómez, su esposa. Los agentes examinan contactos con jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad, así como posibles intentos de obtener información comprometedora sobre investigadores policiales.

Zarrías aparece en esa vertiente por su relación laboral con Díez. El exconsejero andaluz declaró que la contrató durante cuatro meses a través de su consultora Zaño, con una remuneración de 4.000 euros mensuales, para elaborar un informe sobre el excomisario José Manuel Villarejo y su posible relación con el origen del caso ERE.