Luz verde para que la justicia investigue el supuesto tráfico de influencias de José Luis Rodríguez Zapatero más allá del rescate de la aerolínea Plus Ultra. La Audiencia Nacional ha avalado que el juez José Luis Calama pueda seguir adelante con sus pesquisas sobre las supuestas mordidas de 200.000 euros cobradas por el expresidente a cambio de gestiones ante las autoridades de Bolivia para favorecer a un conglomerado empresarial peruano enfrentado a la administración de aquel país en litigios millonarios.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal rechaza el recurso con el que el exjefe del Ejecutivo pretendía expulsar del sumario el informe de la Policía que abrió esta línea de investigación. Los magistrados descartan que las pesquisas fueran "prospectivas" o vulneraran su intimidad económica, como denunciaba su defensa.

El auto notificado este martes confirma la decisión del juez instructor de mantener en las actuaciones el informe 2910/2026 de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que fue el que desveló la existencia de negocios del exmandatario español también en el país andino. Los agentes identificaron tres transferencias a una cuenta personal de Zapatero procedentes de Focus Social Research: 100.000 euros el 2 de julio de 2024 y otros 50.000 euros los días 20 y 24 de junio de 2025. Los abonos se justificaban formalmente mediante un contrato de asesoramiento, cuya verdadera finalidad cuestiona la Policía.

Según la hipótesis de la UDEF, Focus pudo actuar como sociedad interpuesta para pagar al expresidente servicios de mediación o influencia en beneficio del Grupo Gloria. El conglomerado mantenía varios litigios con la Administración boliviana y buscaba decisiones favorables para sus intereses, entre ellos los relacionados con la cementera Soboce.

La resolución recoge que Zapatero pudo reunirse o contactar con el entonces presidente boliviano, Luis Arce, los ministros de Economía y Justicia y el procurador general del Estado. Esas gestiones se sitúan en torno a un viaje a La Paz y Sucre en septiembre de 2024.

Según la reconstrucción policial, al desplazamiento acudieron también el entonces secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Zurab Pololikashvili, y los empresarios Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón.

La Audiencia considera decisivo que los investigadores hallaran documentación sobre Focus en el registro de la oficina del expresidente, realizado el 19 de mayo, y conversaciones relacionadas con los pagos en el teléfono intervenido a su secretaria, María Gertrudis Alcázar.

Esos hallazgos proporcionaron "nuevos datos que apuntaban a un posible delito de tráfico de influencias ante las autoridades de Bolivia a favor del grupo peruano Gloria".

La Sala admite que las transferencias aparecían ya en un informe policial de abril sin resultar entonces sospechosas. De hecho, reconoce que "los pagos en cuestión no despertaron ninguna sospecha a la fuerza actuante". Pero el posterior registro permitió interpretarlas de otra manera. El tribunal considera razonable investigar los ingresos a la luz de las conversaciones encontradas.

Zapatero alegaba que el auto de mayo en el que se acordó investigarlo no mencionaba Bolivia ni Focus y que, por tanto, la Policía había desbordado el objeto de la causa, centrado en el rescate de Plus Ultra. Los magistrados replican que aquella resolución precedió al registro: "Lógicamente, puesto que el auto fue anterior al registro que en él autorizaba, el hecho no podía figurar entre los imputados al Sr. Rodríguez en esa misma resolución".

La Audiencia también descarta que deban descubrirse previamente varios delitos para investigar una supuesta organización criminal. Recuerda que el auto de mayo describía indiciariamente una estructura estable y jerarquizada, encabezada por Zapatero, que habría utilizado contratos de consultoría y sociedades intermediarias para cobrar por influencias.

Cita asimismo un proyecto de expansión a Dubái con ingresos previstos de tres millones de dólares en cinco años.

Incluso si se acreditara que los negocios bolivianos no guardaban relación con aquella estructura y respondían a una actividad particular del expresidente, los magistrados consideran justificada su investigación por la conexión aparente con los hechos iniciales.

Cuentas personales 

El segundo frente del recurso era bancario. La defensa sostenía que la UDEF había examinado 174 transferencias de once pagadores durante cinco años sin autorización judicial y que el detalle de los movimientos revelaba un acceso indiscriminado a las cuentas personales de Zapatero.

La Sala replica que existe "una clara falta de prueba del acceso completo a las cuentas bancarias del Sr. Rodríguez". El informe refleja principalmente ingresos, sin constancia de que sean todos. Añade que la legislación permite a la Policía obtener información de inteligencia financiera a través del Sepblac sin necesidad de consultar íntegramente las cuentas.

El tribunal recuerda que este organismo recibe comunicaciones de las entidades bancarias y puede remitir sus análisis a las autoridades competentes en investigaciones sobre blanqueo de capitales.

La investigación principal examina la presunta mediación de Zapatero para conseguir el rescate público de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra en 2021. En ese episodio, la UDEF sitúa a Julio Martínez Martínez, vinculado a Análisis Relevante, como principal colaborador del expresidente y atribuye a varias sociedades la canalización de pagos.

En la operación boliviana, en cambio, los 200.000 euros llegaron directamente a una cuenta de Zapatero. Anticorrupción y la acusación popular se opusieron a su recurso para impedir que se retirara el informe policial.