El Tribunal Supremo ha rechazado suspender el voto a los hijos de los nacionalizados por la 'ley de nietos', de forma que podrán votar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Según sendas resoluciones, la Sala de lo Contencioso-Administrativo rechaza las peticiones de Vox e Iustitia Europea, que habían reclamado extender la suspensión del voto, mientras que la Abogacía del Estado, en nombre del Gobierno, se mostró en contra por "no resultar conformes y ajustadas a derecho".

Los magistrados señalan que la suspensión del voto a los nacionalizados por la 'ley de nietos' se adoptó el pasado 10 de septiembre, "mucho antes de la disolución anticipada de las Cortes Generales y de la consiguiente convocatoria de elecciones generales", una decisión que ratificaron el 12 de octubre, "en un tiempo aún hábil, posible, anterior al inicio del periodo electoral".

"Por el contrario, la pretensión cautelar que debemos resolver ahora, pudiendo haberse planteado antes, se nos plantea en un momento muy diferente, transcurrido más de la mitad del periodo electoral, a una semana del comienzo de la campaña electoral y, tratándose del voto de los electores inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), a dos semanas del inicio del depósito del voto en urna en los consulados", contraponen.

A su juicio, "iniciar ahora un proceso de revisión del CERA, además de los interrogantes que suscita la posibilidad material de ejecución efectiva en el breve lapso temporal existente hasta la fecha de votación y de su escrutinio, resulta contrario a las exigencias derivadas de los principios de seguridad jurídica y de estabilidad electoral".

"Por todo ello, en estas circunstancias, la valoración de los diferentes intereses en conflicto debe decantarse por la denegación de la pretensión cautelar, por entender que de su concesión pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales", concluyen.

189.678 HIJOS, MÁS QUE LOS 'NIETOS'

Sin embargo, el alto tribunal discrepa de la alegación de la Abogacía del Estado "sobre la ausencia de incidencia material suficiente, que pretende justificarse basándose en el porcentaje de participación en las últimas elecciones generales electores incluidos en el CERA".

"No sólo porque no es un criterio que pueda resultar aplicable --no es posible conocer qué participación puede haber en el próximo proceso electoral--, sino, sobre todo, porque es un colectivo mayor que aquel al que la Sala ha acordado ya la suspensión cautelar", indica.

Los magistrados recuerdan que su decisión de suspender el voto a los nacionalizados por esa vía fue al entender que "había un riesgo cierto de alteración del censo electoral por la vía de un incremento excepcional de la cifra de nuevos inscritos en el CERA, lo que afecta a su regularidad jurídica y, por ende, a la pureza del proceso electoral", por lo que --abundan-- "con mayor razón esa apreciación es aplicable a una cifra mayor", que es la que representan los hijos.

"Adviértase que, según datos oficiales, la cifra de este colectivo, 189.678 personas, es superior a la de los destinatarios de la suspensión cautelar ya acordada, 162.454 personas (163.355, descontadas las 901 que aportaron certificación consular y no les resulta aplicable la suspensión)", cuantifican.

Por otro lado, el magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero ha formulado voto particular contra no suspender el voto para los hijos, indicando que "resulta evidente que la sentencia futura" que resuelva el fondo del asunto "tendrá que afrontar esa cuestión".

"Si en el primer caso era necesaria la adopción de la medida cautelar para garantizar la sentencia futura, en el segundo es igualmente necesaria", apostilla, para añadir que "es ineludible si quiere mantenerse una línea de actuación internamente cohesionada".

"PERSISTEN LAS RAZONES" PARA CONTINUAR LA SUSPENSIÓN

Lo que el Supremo sí que conserva es la suspensión ya acordada, rechazando en otro auto las alegaciones planteadas por varias asociaciones y particulares afectados personados en el proceso.

"Ahora con mayor intensidad, después de conocer la relación nominal de las personas que aparecen afectadas por las medidas cautelares acordadas en nuestros autos anteriores, su considerable cifra y las presuntas irregularidades con que, aparentemente, han podido acceder al CERA, persisten las razones que llevaron a esta Sala a apreciar la existencia de este último requisito", considera.

Y como en anteriores ocasiones, la magistrada María Alicia Millán ha formulado un voto particular contra la decisión de mantener la suspensión cautelar para los nacionalizados por esa disposición de la Ley de Memoria Democrática, que permite conseguir la nacionalidad española a descendientes de exiliados.

"No comparto la tesis de que la sola invocación del interés general consistente en preservar la pureza o regularidad del censo electoral permita justificar la suspensión cautelar del derecho de sufragio activo de ciudadanos españoles incorporados al censo en virtud de actos plenamente eficaces", argumenta.

En su opinión, "aun en la hipótesis" de que la 'ley de nietos' "hubiera ampliado indebidamente" su ámbito de actuación y de que "figuraran en el censo personas que no debieron adquirir la nacionalidad por esa vía, no cabría equiparar esta situación a la provocada por actuaciones fraudulentas dirigidas a alterar la composición del cuerpo electoral".

Millán abunda en que "los electores afectados representan, además, una proporción reducida del cuerpo electoral", esto es, "aproximadamente el 0,42 por ciento de los 38.728.356 electores del censo aplicable a estas elecciones". Por ello, señala la magistrada que "el eventual impacto de esos sufragios sobre el resultado electoral no puede erigirse en fundamento autónomo de la medida cautelar".