El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha negado en el juicio que ha comenzado este martes en la Audiencia Nacional haber cometido los delitos de corrupción que se le atribuyen por supuestas irregularidades en contratos de Canal de Isabel II para favorecer a un hermano y a un cuñado suyos.

Los hechos por los que es juzgado se remontan a 2004 y 2006 cuando él era vicepresidente del Gobierno autonómico encabezado por Esperanza Aguirre y presidía la citada empresa pública madrileña.

La Audiencia ha iniciado con las cuestiones previas el primer juicio a Ignacio González en el marco del caso de corrupción Lezo relacionado con el PP, por el que fue detenido en 2017 y estuvo más de seis meses en prisión provisional.

La Fiscalía Anticorrupción pide en sus conclusiones provisionales seis años de prisión para Ignacio González, un hermano y un cuñado suyos y otros dos acusados, todos los cuales han negado en la vista la autoría de los hechos y los delitos de cohecho que se les imputan.

Están acusados de presuntas irregularidades en las adjudicaciones de las obras de un campo de golf en terrenos del Canal de Isabel II en Madrid y de un contrato para la gestión y explotación de las instalaciones deportivas de este ente público de la Comunidad de Madrid.

Los acusados han pedido declarar al final del juicio ante lo que el presidente de la Sala, Fernando Andreu, se ha limitado a preguntarles si reconocían la autoría de los hechos y la comisión de los delitos que se les atribuyen, lo que todos han negado.

Además de la Fiscalía, ejercen las acusaciones la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y el PSOE.

El tribunal ha rechazado la solicitud de los acusados de ser dispensados de asistir al juicio hasta que tengan que declarar al final del mismo, ya que los magistrados entienden que deben asistir a los interrogatorios a los testigos y peritos antes de que presten declaración.

Entre los testigos citados para este juicio se encuentra Esperanza Aguirre, cuya declaración está prevista para el próximo día 21.

En su escrito de acusación, la Fiscalía relata que Canal de Isabel II convocó el 14 de enero de 2003 un concurso para la ejecución del proyecto de consolidación, impermeabilización y ajardinamiento sobre la cubierta del tercer depósito, que se adjudicó a Dragados por 40.876.128 euros.

El objeto del proyecto consistía en la remodelación del depósito de agua y la ejecución de jardines, estanques, un campo de fútbol y un helipuerto.

El fiscal explica que en junio de 2004 Ignacio González y el también acusado Ildefonso de Miguel -que era director gerente de Canal de Isabel II- impulsaron y facilitaron la tramitación de un modificado del concurso para beneficiar a familiares del primero.

En concreto, decidieron cambiar los usos asignados a las instalaciones en el concurso eliminando el helipuerto y la zona de ajardinamiento e incluyendo un campo de golf con césped artificial.

El Ministerio Público agrega que ambos convinieron con Dragados que Canal de Isabel II le adjudicaría directamente a esta sociedad dicho modificado con la condición de que subcontratara para determinados trabajos a la empresa Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería S.L. (TCT), cuyos socios eran los otros tres acusados, José Antonio C.M., Pablo G.G. y Juan José C.E..

Según indica el escrito del fiscal, estos dos últimos, hermano y cuñado de Ignacio González, ostentaban su titularidad en esa sociedad a través de personas interpuestas para ocultar sus vínculos familiares con el entonces vicepresidente.

Además, Canal de Isabel II convocó el 27 de julio de 2006 otro concurso para la gestión y explotación de las instalaciones deportivas de Canal de Isabel II-Tercer Depósito y el 27 de diciembre siguiente el Consejo de Administración del ente público acordó su adjudicación a la unión temporal de empresas (UTE) formada por TCT y otras dos sociedades por 3.250.000 euros y un plazo de ejecución de cinco años.

La Fiscalía concluye que los acusados permitieron que "TCT, empresa sin capacidad técnica para efectuar los trabajos, se beneficiara indebidamente con al menos 504.780 euros de fondos públicos".