El límite a la subida de la tarifa regulada de gas (TUR) aprobado por el Gobierno para evitar un sablazo en el recibo a partir del 1 de octubre esconde una letra pequeña que cambia por completo las reglas de juego para los consumidores. A diferencia de lo ocurrido en la crisis energética de 2022, la norma que aprobó este martes el Consejo de Ministros -y que fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE)- no destina ni un solo euro de dinero público ni de créditos presupuestarios a subvencionar la factura del gas. En esta ocasión el Estado actúa únicamente como regulador e imparte un modelo de "compre ahora y pague después" que introduce una permanencia implícita: cualquier hogar que se beneficie de la contención tarifaria este invierno y decida cambiarse al mercado libre antes de tiempo tendrá que abonar un finiquito obligatorio de deuda en su última factura.

La respuesta del Ejecutivo a la espiral de precios por la guerra de Ucrania en 2022 incluyó partidas presupuestarias directas para asumir el sobrecoste energético, pero el esquema actual lo financian 100% los consumidores. En esta ocasión el Ejecutivo ha fijado una limitación temporal para evitar el golpe directo de una subida del precio de la materia prima que habría superado el 45% en el recibo final. Pero la realidad es que asume explícitamente que genera déficit y el tope del 15% en las siguientes revisiones de la TUR solo se aplicará hasta que se haya recuperado el desfase y se restablezca el equilibrio. Es decir, que en la práctica, la diferencia entre el precio real del gas internacional y lo que figura en la factura no se perdona, solo se pospone para cobrarlo en los recibos de 2027.

Este aplazamiento no sale gratis. El BOE especifica que las cantidades diferidas devengan intereses financieros calculados con la tasa de retribución del sector gasista que fija la CNMC, unos costes que también terminará abonando el usuario en sus recibos futuros. Y si el cliente intenta eludir este recargo cambiándose de compañía, la ley estipula que la deuda le persigue: el artículo 1.6 obliga a pagar de golpe en la factura de finiquito la parte de la deuda acumulada que le corresponda si abandona la TUR antes de que el 'agujero' se haya amortizado por completo.

El mercado del gas es altamente cíclico y suele desplomarse durante la época de menor consumo. Mientras las comercializadoras del mercado libre podrán bajar sus ofertas estivales para reflejar esa materia prima más barata, la TUR estará atada a la baja: la fórmula regulada deberá mantener sus precios elevados o aplicar subidas trimestrales para saldar la deuda acumulada durante el invierno. Así, la posibilidad de acogerse a la TUR para pasar el invierno y huir al mercado libre en primavera, cuando las comercializadoras lanzarán ofertas baratas, queda neutralizada.

De hecho, el artículo 1.4 del BOE prohíbe explícitamente bajar el precio de la materia prima en la TUR mientras existan cantidades pendientes de amortizar. Así, la tarifa regulada quedará atada por ley a precios altos en pleno verano para ir saldando el agujero del invierno, y los clientes que intenten huir hacia una oferta libre más atractiva en ese momento se toparán con el peaje de salida de tener que liquidar de golpe toda su deuda si se cambian antes de tiempo.

ASIMETRÍA COMERCIAL

Esta penalización y el hecho de que el mercado regulado ya concentre a casi el 40% de los hogares del país son las razones principales por las que el sector descarta una fuga masiva como la que llegó a colapsar los servicios de atención al cliente hace cuatro años. Para las gasistas, esta medida acentúa además una distorsión única de España respecto a otros países de nuestro entorno. Mientras en la Unión Europea la tarifa regulada es una red excepcional para colectivos vulnerables, en nuestro país roza ya los 3,1 millones de clientes, el 39,5% de los hogares. Fuentes de esta industria critican que el tope consolida esta anomalía competitiva al intervenir por decreto una tarifa que, según informes como el de KPMG y la propia CNMC, se calcula con una fórmula desfasada que no refleja las compras reales del mercado, aumentando la distancia artificial con las ofertas libres.

La intervención estatal a la tarifa del gas sitúa a las comercializadoras del mercado libre en la disyuntiva de trasladar el encarecimiento a sus contratos con el riesgo de fuga a la TUR, o absorberlo a costa de erosionar sus márgenes. Esta presión impacta de forma desigual según el perfil de cada operador. Los grandes grupos tradicionales, con Naturgy (líder con el 42% de los clientes), Endesa (20%), TotalEnergies (13%) e Iberdrola (10%), tendrán que adelantar de su propio bolsillo la diferencia del gas caro, pero cuentan con la ventaja de retener la migración dentro del grupo a través de sus comercializadoras de referencia. En el extremo opuesto, firmas como Repsol (con un 5% de cuota en hogares pero un 11% en volumen industrial) y las comercializadoras independientes sufren un golpe directo: al carecer de filial habilitada para ofrecer la TUR, no disponen de red para retener a los clientes que decidan cambiar de modalidad, perdiendo la cuenta y rompiendo sus estrategias de fidelización.

España soporta la menor carga por el gas de toda la UE Pese a la escalada del gas en las últimas semanas, España presenta uno de los balances energéticos más favorables para los hogares europeos. Según el último informe de Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) y del Consejo de Reguladores Europeos de la Energía (CEER), el gasto en gas representa apenas el 1,1% de la renta mediana de los hogares españoles, frente al 2,7% de media en la UE. En electricidad, el esfuerzo es similar al comunitario: un 2,2% de la renta frente al 2,1% europeo. Descontado el efecto de la inflación, España registró entre 2019 y 2025 una de las mayores caídas de la UE en el precio real de la electricidad residencial, del 23%, mientras que el del gas se redujo un 7%.