Salud

El Ministerio de Sanidad impulsará que el aborto farmacológico pueda realizarse en Atención Primaria

Modificará la ficha técnica de la mifepristona para ampliar su uso fuera del ámbito hospitalario

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros este martes
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La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una rueda de prensaEFE
La ministra de Sanidad, Mónica García, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros este martes

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Europa Press

Publicado el 28/09/2026 a las 12:17

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este lunes que su departamento impulsará la incorporación del aborto farmacológico a la cartera de servicios de Atención Primaria.

"Queremos que las mujeres elijan el método y que puedan acceder a él a través de sus centros de salud. Con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después", ha señalado García durante la inauguración del acto 'Abortar sin barreras: del reconocimiento del derecho a la garantía efectiva del acceso'.

En el marco del Día Internacional del Aborto Seguro, la titular de Sanidad ha explicado que se modificará el real decreto que regula la autorización de los centros sanitarios para adaptar los requisitos de esta prestación a los centros de salud.

Asimismo, se iniciarán los trámites para modificar la ficha técnica de la mifepristona, uno de los medicamentos utilizados en el ámbito farmacológico, para permitir su uso fuera del ámbito exclusivamente hospitalario.

También se actualizará la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud para incluir expresamente esta prestación en la Atención Primaria.

"Y lo haremos trabajando con las comunidades autónomas y trabajando de la mano de los profesionales, porque queremos que las mujeres sepan dónde tienen que acudir, cómo pueden elegir la información, y que tengan un equipo al que recurrir durante todo este proceso", ha destacado la ministra.

Al hilo, García ha subrayado que detrás de estos cambios se pretende "ahorrar desplazamientos, sufrimiento e inseguridades". "Saber a quién llamas si tienes una duda, sentir que hay un equipo que te conoce y que te acompaña. En definitiva, que cueste menos decidir con libertad, que haya menos barreras para esa decisión", ha manifestado.

Tras ello, ha reiterado que el Ministerio va a seguir defendiendo el derecho al aborto con "uñas y dientes", al tiempo que ha insistido en que todos los gobiernos autonómicos tiene la obligación de garantizarlo.

"La objeción de conciencia debe organizarse para que las mujeres reciban atención, y ningún prejuicio puede servir de excusa para bloquearla", ha indicado García. "Quienes tengan responsabilidades de gobierno deben cumplir la ley o nos tendrán enfrente. En eso no vamos a dar ni un solo paso atrás", ha advertido.

En este contexto, ha reivindicado el trabajo realizado por muchas mujeres a lo largo de los años para conseguir este derecho. "Por eso sabemos cuánto significa cada paso que se pueda dar sin miedo, cada duda que se encuentra una respuesta y cada decisión que se recibe con respeto, sin juicios y con alguien al lado", ha apuntado.

"Nos toca seguir haciendo nuestra parte, conseguir que las que vienen detrás hereden todos esos derechos y se encuentren con menos obstáculos y tenemos motivos para estar orgullosas y muchas ganas de seguir, para que cada mujer pueda decidir sobre y encuentre una sanidad pública dispuesta a atenderla", ha finalizado.

"CONSEGUIR QUE LAS MUJERES PUEDAN EJERCER REALMENTE EL ABORTO"

Durante la jornada también ha participado el abogado especializado en Derechos Humanos y Derecho a la Salud y exrelator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Salud, Anand Grover.

El experto ha destacado que la reforma de 2023 reforzó el derecho y se introdujeron medidas para mejorar el aborto en España. No obstante, ha alertado que los derechos reproductivos están siendo cuestionados.

En este punto, ha recordado que en 2024 se produjeron en España más de 106.000 abortos, pero solo el 21 por ciento se realizaron en centros públicos, mientras que el 79 por ciento en privados: "Existen diferencias territoriales importantes", ha agregado.

"El derecho al aborto no se garantiza únicamente reconociéndolo legalmente, sino cuando las mujeres pueden ejercerlo realmente. Para ello, es necesario que los servicios públicos sean accesibles y que las mujeres puedan acceder a ellos, así como que los profesionales puedan proporcionar una atención adecuada", ha declarado Grover, quien ha señalado que es necesario concretar "qué marco jurídico y sanitario hará efectivo este derecho".

Por su parte, la Oficial Médica e Investigadora de la Organización Mundial de la Salud, Antonella Lavelane, ha felicitado al Gobierno por las medidas que han fortalecido el derecho al aborto en el país.

Tras ello, Lavelane ha indicado que en muchos países, pese a que el aborto es legal, se tienen dificultades para acceder. "El acceso real depende de cómo se dicten las leyes y del funcionamiento de los sistemas", ha declarado.

"El objetivo es un marco que aborde el aborto como atención médica fundamentada en evidencia y respaldada por la salud. Quien necesite atención debe obtenerla de forma segura, con equidad y dignidad", ha finalizado.

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