Nuevo golpe de efecto de los ‘arrepentidos’ de Plus Ultra: la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) sabía antes de aprobar el rescate de la aerolínea, por valor de 53 millones de euros, que una parte del dinero público acabaría en manos de grupos opacos de acreedores internacional que habían financiado a la aerolínea mientras esperaba la ayuda del Estado.

Los correos que ha entregado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama el exconsejero delegado de la compañía Roberto Roselli muestran que, en noviembre de 2020, el organismo preguntó qué acreedores podían “beneficiarse indirectamente de la potencial concesión de apoyo público temporal”. La documentación que obra ya en la causa que investiga el papel que el expresidente socialista del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tuvo para forzar ese rescate estatal cobra ahora una dimensión distinta.

Roselli sostiene que entre las deudas cuyo pago terminó admitiendo la SEPI figuraban los denominados préstamos puente, una financiación internacional captada por Plus Ultra durante la tramitación del rescate. Y, al mismo tiempo, denuncia que algunos contratos relacionados con esos fondos que luego llegaron a la causa desde Suiza son “inauténticos”, “mendaces” y contienen firmas supuestamente “pegadas”.

El escrito presentado este jueves ante Calama abre un nuevo frente sobre los controles aplicados por la SEPI antes de que el Consejo de Ministros autorizara el rescate el 9 de marzo de 2021. La cuestión no es solo que el organismo supiera que existían acreedores. Sabía también que esos demandantes podían ser pagados con dicha ayuda.

El correo clave está fechado el 27 de noviembre de 2020. José Ángel Partearroyo, entonces director de Participadas de la SEPI, escribió a Roselli y a Julio Martínez Sola, expresidente de la aerolínea, para precisar qué empresas de una relación previa eran realmente acreedores de Plus Ultra. “¿Todos los de la lista son acreedores con los que tenéis deuda relevante que puedan beneficiarse indirectamente de la potencial concesión de apoyo público temporal?”, preguntó. Roselli dijo que podía remitirle aquellos con mayor deuda pendiente.

Conflictos de interés

La conversación había comenzado el día anterior. Partearroyo había reclamado a Martínez Sola los datos de sus “principales acreedores” para comprobar posibles conflictos de interés en los trabajos de asesoramiento del rescate. La relación entregada incluía, entre otros, la petrolera venezolana, PDVSA, con casi 4,7 millones pendientes; Modus Securitisation, con 522.372 euros; y otras compañías y proveedores internacionales.

Pero Roselli va más allá. Su escrito asegura que las páginas del contrato definitivo recogen la deuda que la SEPI terminó aprobando para su pago y que en ella figuraban “los préstamos puentes, así como las rentas pendientes de abonar a Modus Securitisation”, sociedad de Luxemburgo. Son cinco créditos ahora bajo sospecha. Wailea Invest prestó 500.000 dólares el 28 de octubre de 2020; Allpa Wira Trading UK Limited, otros 500.000 el 20 de noviembre; Panacorp Casa de Valores, 450.000 euros el 4 de enero de 2021; y Valerian Corporation concedió otros dos préstamos de 450.000 euros, el 29 de enero y el 26 de febrero. Fueron formalizados con el expediente del rescate ya en marcha.