Un desahucio de una desvalida anciana de 87 años, una conmoción social como no se recordaba desde los estragos de la Gran Recesión y un aldabonazo político que persuade al Gobierno de Pedro Sánchez de que puede ser el momento de aprobar el real decreto ley de medidas sobre vivienda que permanecía varado, hasta ahora, por el disenso de los grupos parlamentarios. 

El desgarrador desalojo, por resolución judicial, de Maricarmen Abascal del piso del madrileño barrio de Retiro en el que ha vivido de alquiler durante siete décadas ha levantado una oleada de solidaridad y de indignación que ha reavivado las brasas de la incomprensión ciudadana por el cada vez más empinado acceso a una vivienda digna y el operativo de los fondos de inversión en el encarecido mercado inmobiliario.

Un caso con cara y voz, el de Maricarmen, del que el Ejecutivo y el PSOE han culpado a las instituciones madrileñas comandadas por el PP, pero cuyo impacto, más amplio, ha llevado a los populares y también a Sumar y al resto de los partidos de izquierda a poner el foco, a su vez, sobre la gestión de Sánchez del mayor agujero social de la legislatura. Lo que ha empujado a la ministra Isabel Rodríguez a reactivar las negociaciones con los grupos parlamentarios y a Moncloa a apuntar como “muy factible” que el Consejo de Ministos del martes refrende el real decreto ley de vivienda pendiente, aun cuando no haya cristalizado todavía un acuerdo que amarre los votos imprescindibles en el Congreso.

La protagonista involuntaria del aldabonazo colectivo, que arrastra además las consecuencias de una discapacidad, continúa ingresada en el hospital Gregorio Marañón aquejada de un agotamiento extremo y sin que aún se haya despejado dónde va a vivir tras ser desahuciada. Una vulnerabilidad de origen agudizada después de que la empresa propietaria de la vivienda del número 46 de la calle Sainz de Baranda -Urbagestión S. L., a la que la izquierda identifica como un “fondo buitre”- rechazara alternativas para que la anciana no saliera del que venía siendo su hogar, incluida la compensación por donación anónima de la parte del alquiler que Maricarmen no podía cubrir; y después de que ésta descartara irse a la residencia ofrecida por las instituciones madrileñas.

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Ante la posibilidad de que un trance personal que muchos ciudadanos ven lacerante se le vuelva en contra como un bumerán, el presidente del Gobierno optó, en su comparecencia en Nueva York, por intentar convertirlo en una oportunidad para aprobar el real decreto de vivienda que se le resiste. Sánchez tildó de “tragedia social” la peripecia de Maricarmen y urgió a los grupos del Congreso a refrendar ese texto normativo cuyo contenido habrá de ser un sudoku que logre armonizar las posiciones no miméticas, cuando no divergentes, de las distintas formaciones; y que logre enjugar el fracaso de las dos veces que ha encallado este año en la Cámara Naja la moratoria antidesahucios, tumbada por el PP, Vox y Junts.

El día después al desalojo de Maricarmen amaneció con los ministros de Sumar en una acción concertada para apremiar a sus socios de Gobierno a que, “sí o sí”, lleven al Consejo de Ministros del martes la aprobación del real decreto tras el “punto de inflexión” que ha supuesto el drama de la vecina madrileña, con el añadido de que se expropie el piso en que vivía a sus propietarios; una intervención excepcional sobre la que Moncloa se limita a decir que “todo está sobre la mesa”. Las políticas de vivienda se han erigido en uno de los recurrentes puntos de fricción de la legislatura entre los dos socios del Gobierno, hasta el punto de derivar en un amago de ruptura de Sumar en un Consejo del pasado marzo.

El texto pactado por ambos antes de verano como cimiento para negociar con los grupos el real decreto -pospuesto hasta este otoño por la imposibilidad de aunar los dispares posicionamientos ideológicos y políticos- incluía como medida estrella “la prórroga reforzada” de los alquileres en escenarios de vulnerabilidad hasta el 30 de junio de 2028 -lo que beneficiaría a cerca de cuatro millones de personas-, además de iniciativas como la regulación del arrendamiento de temporada y de habitaciones, bonificaciones en el IRPF a los caseros que abaraten precios o el aumento del IVA a los pisos turísticos.

Un punto de partida cuya concreción los partidos aguardan -el PNV insiste en el “espíritu” del pacto que alcanzó en su día con el Gobierno para que sean las administraciones, y no los pequeños propietarios, los que tengan que responder ante casos de fragilidad-, mientras Junts ha reabierto un resquicio negociador en este asunto en medio de su divorcio con Sánchez. Los de Carles Puigdemont confirman esos contactos, después de haberle entregado “en mano” al presidente hace dos semanas su propuesta propia de real decreto, que incorpora como exigencia una mayor protección y bonificaciones a los dueños de pisos y que se acote el riesgo de ocupaciones ilegales.

Que los independentistas se avengan a dialogar constituye un alivio, en un contexto de notorias apreturas parlamentarias para el Gobierno, que también mantiene abierta, en el otro punto del tablero, la vía de diálogo con Podemos. Y en Moncloa ven la ocasión de presionar, de paso, al PP, al que inquieren sobre si no está dispuesto al menos a “abstenerse” con el real decreto tras la sacudida por el desahucio de Maricarmen Abascal.