El juez que llevó a Pedro Sánchez a preguntarse durante cinco días si merecía la pena seguir en la Moncloa quiere dejar a Begoña Gómez camino del banquillo antes de colgar la toga. Se jubila el 27 de septiembre, cuando cumple 72 años. Apura el calendario después de una investigación en la que ha reunido indicios que la Audiencia Provincial de Madrid considera suficientes para continuar, pero que también ha obligado a sus superiores a deshacer una y otra vez lo que dejaba firmado.

"A pesar de su propia instrucción". Así ilustran de manera muy gráfica las fuentes jurídicas consultadas la posibilidad de que el caso Begoña Gómez llegue a juicio no obstante el abrupto camino por el que esta causa ha transcurrido, en muchas ocasiones forzada por el propio juez. Y es que los excesos (y excentricidades) de Peinado han sido el mayor enemigo de esta polémica investigación.

Es cierto, reconocen esas mismas fuentes, que sus formas han puesto en riesgo actuaciones, han multiplicado los recursos y, sobre todo, han proporcionado argumentos al Gobierno y al PSOE para denunciar una persecución política, el llamado "lawfare". Pero sea como fuere, la Audiencia ha respaldado la existencia de materia penal que esclarecer. Y eso a pesar de que es igualmente cierto que el tribunal se ha visto obligado a recortar delitos, apartar investigados y anular diligencias.

Su empeño en llevar a Gómez al banquillo ha convivido con unas formas que han dado al Gobierno argumentos para denunciar persecución política. Luces y sombras por doquier en una causa que saltó a la política nacional el 24 de abril de 2024. Aquel día trascendió que Peinado había abierto diligencias contra la esposa del presidente tras una denuncia de Manos Limpias construida con informaciones periodísticas. Sánchez canceló su agenda y anunció un periodo de reflexión. El 29 comunicó que seguía. Para entonces, el apellido de un instructor de Plaza de Castilla ya se había instalado en la conversación política española.

Peinado venía de una carrera menos expuesta. Nacido en El Tiemblo, Ávila, en 1954, había trabajado como secretario municipal antes de ingresar en la judicatura en 1994, por el turno reservado a juristas con experiencia. Pasó por Arenas de San Pedro, Talavera de la Reina y Getafe. Llegó al Juzgado de Instrucción 41 de Madrid en 2015. Había aspirado al Consejo General del Poder Judicial y después intentó obtener una plaza de refuerzo en la Audiencia Nacional. Ninguno de esos destinos prosperó.

Su trayectoria suma otras polémicas. En 2019 imputó a doce periodistas por publicar información del sumario de los Comités de Defensa de la República. Acabó archivado. En una investigación sobre un contrato de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, una prórroga acordada fuera de plazo impidió practicar nuevas diligencias. Otro retraso al ampliar la instrucción comprometió las pesquisas sobre las autorizaciones de un parque solar en Cáceres. Los problemas procesales alcanzaban a causas ajenas al enfrentamiento con la Moncloa.

En el caso Gómez, su insistencia se hizo especialmente visible con Air Europa. La Audiencia le ordenó dejar fuera el rescate de la aerolínea. En noviembre de 2025 volvió a corregirlo por apoyarse en "meras sospechas sin el más mínimo indicio". También tumbó el registro de las empresas del empresario Juan Carlos Barrabés, retiró las imputaciones al rector de la Complutense, Joaquín Goyache, y al directivo del Instituto de Empresa Juan José Güemes, y frenó la recogida de siete años de correos electrónicos.

El recorte más importante llegó el pasado julio. La Audiencia mantuvo el procedimiento del jurado contra Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, pero dejó sin efecto la primera apertura de juicio oral y ordenó repetir la fase intermedia. Separó a Barrabés para otra investigación y sobreseyó la corrupción en los negocios. La base indiciaria para continuar quedó avalada, sin prejuzgar una eventual condena. La Fiscalía y las defensas sostienen que no hay delito.

Los magistrados apreciaron indicios de que Gómez desvió hacia una sociedad suya el software desarrollado para la cátedra de la Complutense. Situaron esos hechos en la malversación, al afectar al patrimonio universitario, y descartaron encajarlos en apropiación indebida. El respaldo llegó acompañado de una reconstrucción jurídica del caso, después de meses en los que las imputaciones se habían extendido por distintos ámbitos de la actividad de Gómez.

El enfrentamiento con el Ejecutivo ha eclipsado el resto de una trayectoria que ya acumulaba controversias y errores procesales en otras investigaciones Peinado había convertido además sus resoluciones en un foco de controversia. Para describir las conductas investigadas escribió sobre "regímenes absolutistas" y se remontó a Fernando VII. En otro auto reprodujo sin citar párrafos de un artículo del catedrático Ignacio José Cubillo López publicado en una revista jurídica de Deusto. La polémica del plagio se añadió a las críticas por la motivación de sus decisiones: el texto prestado servía para justificar la agrupación de delitos ante un jurado.

Su forma de interrogar abrió otro frente. El 16 de abril de 2025 acudió a la Moncloa para preguntar al ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, por la contratación de Cristina Álvarez, asistente de Gómez. Según el recurso disciplinario del ministro, le advirtió de que podía pasar de testigo a investigado, censuró sus respuestas y llegó a reprenderlo por "esbozar una sonrisa". Bolaños denunció una actitud intimidatoria y hostil. La queja fue archivada y el ministro ha recurrido esa decisión.

El choque tuvo continuación penal. Peinado pidió al Supremo que investigara a Bolaños por malversación y falso testimonio. El alto tribunal rechazó la petición ante la "absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado". Antes había sido Sánchez quien se querelló contra el juez, después de que este insistiera en interrogarlo presencialmente en la Moncloa el 30 de julio de 2024. El presidente se acogió a su derecho a no declarar contra su esposa. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid inadmitió la querella: no apreció indicios de prevaricación.

Con los escoltas cruzó otra frontera. Al retirar el pasaporte a Gómez en junio, argumentó que los policías podían facilitar su fuga "por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos". El TSJM archivó la denuncia disciplinaria por esos comentarios el pasado 3 de septiembre. La Audiencia ya había levantado las cautelares: las investigadas habían atendido todas las citaciones, tenían arraigo y el riesgo de huida carecía de suficiente justificación concreta.

Enésima disputaHasta las comparecencias de trámite acabaron en disputa. Peinado citó a Gómez un sábado, el 27 de septiembre de 2025, para concretar una imputación que ya conocía. Su abogado acudió por ella, amparándose en la circular de la Fiscalía que considera prescindible la presencia del investigado en ese acto. Un año después, las prisas volvieron a marcar la agenda: el pasado 7 de septiembre convocó para el día siguiente la audiencia preliminar, pese a las dificultades de las defensas para acudir.

La vista duró apenas media hora. La Fiscalía y los abogados pidieron el archivo; las acusaciones populares mantuvieron su petición de juicio. Manos Limpias quiso intervenir para expresar discrepancias con la acusación unificada y advertir de "vicios técnicos y fácticos" que podían perjudicar el procedimiento. Peinado denegó esa intervención. Al día siguiente comenzaban sus últimas vacaciones antes de jubilarse.