María Tardón quiere llegar hasta el fondo del asalto de Ceuta. Con la competencia de la Audiencia Nacional ya consolidada y después de que el juzgado ceutí que investigaba al delegado del Gobierno acordara inhibirse a su favor, la magistrada ha pasado a diseñar una auténtica macrocausa sobre los hechos de los días 30 y 31 de julio. Ahora que concentra la investigación principal, Tardón abre todas las líneas necesarias para reconstruir qué hizo posible la movilización, quién pudo dirigirla, cómo se financió, qué ocurrió en el lado marroquí, qué sabían las autoridades españolas y qué respuesta dieron. Sus doce grupos de diligencias pueden agruparse en ocho grandes frentes conectados entre sí. La jueza rechaza que se trate de pesquisas prospectivas y sostiene que parten de indicios ya incorporados a una causa que define como "organizada, compleja y con posibles ramificaciones internacionales".

AUTORÍA SUPERIOR

El auto del 7 de septiembre distingue cinco niveles: quiénes cruzaron, quiénes difundieron la convocatoria, los organizadores sobre el terreno, los planificadores y los directores. En los dos últimos quedan pendientes las identificaciones. Ahora Tardón pide a los servicios de Información de Policía y Guardia Civil, al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) que averigüen "quiénes pudieron diseñar la operación" y sus conexiones con las "estructuras superiores". La comparación con las crisis de 2021 y 2024 buscará semejanzas y posibles vínculos. No presupone los mismos responsables. El CENIF describe una estructura "muy difusa", sin una jerarquía convencional acreditada.

REDES Y TELÉFONOS

El rastro digital debe permitir pasar de perfiles y teléfonos a personas, relaciones y lugares. Tardón reclama al CENIF el informe íntegro de organización digital y los identificadores de administradores y difusores. Después prevé acudir, mediante cooperación judicial internacional, a Meta, WhatsApp, TikTok, Telegram, Google o Apple, entre otras compañías. Solicita la "conservación inmediata y posterior remisión" de registros, conexiones, dispositivos y contenidos utilizados entre el 1 de julio y el 15 de agosto. La investigación tecnológica tendrá su propia pieza secreta. El auto anterior describe el tránsito desde mensajes públicos de captación hasta grupos cerrados con instrucciones operativas. Averiguar quién hablaba con quién permitirá examinar si esa coordinación enlazaba con los organizadores de la frontera.

CADENA DE MANDO

El auto de competencia recoge escenas en las que hombres sin uniforme imparten instrucciones a agentes marroquíes. La jueza asume la descripción policial de un "guiado activo" hacia el cruce, pero faltan identidades y relaciones de dependencia. Encarga análisis biométricos y reconocimientos faciales, con comprobaciones en archivos policiales, registros fronterizos y bases de Interpol y Europol. El CNI también recibe esa petición. Habrá un informe individual por persona. Para los uniformados, expertos de Policía y Guardia Civil deberán precisar cuerpo, unidad, graduación, funciones y conducta observada, e intentar reconstruir la cadena de mando en Castillejos los días 29, 30 y 31. El objetivo es atribuir actuaciones concretas a personas concretas.

PISTA DEL DINERO

Para Tardón, una movilización de entre 75.000 y 85.000 personas, la estimación que maneja el sumario, "difícilmente puede producirse sin recursos materiales y financieros". La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigarán su posible financiación. Examinarán movimientos económicos, sistemas informales de transferencia, como la hawala, y contratación de transportes colectivos. Se trata de localizar apoyos logísticos y a quienes los proporcionaron. La intervención del Sepblac, el servicio de prevención del blanqueo, queda para una eventual fase posterior, según lo que revelen esos informes. El auto todavía no identifica financiadores ni acredita la existencia de pagos a los participantes.

AVISOS Y DECISIONES

La investigación española exige reconstruir la circulación de las alertas y las decisiones posteriores. Interior, la Delegación y distintas unidades de Policía y Guardia Civil deberán aportar comunicaciones, correos y órdenes entre el 20 de julio y el 7 de agosto, con destinatarios, horas y medidas adoptadas. La búsqueda de avisos alcanza también a Defensa y a la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad. Los mensajes desclasificados ya documentan el aviso del CNI al gabinete de la Delegación el 29; queda por precisar quién lo conoció y qué decidió.

Las declaraciones del presidente ceutí, Juan Vivas, del jefe de la Policía Local y del entonces jefe de Gabinete del delegado, Gonzalo Sanz, ayudarán a contrastarlo. Tardón reserva otros testimonios para cuando disponga de los informes. Reclama además la ocupación diaria del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) durante julio y agosto para examinar la capacidad de acogida. La causa local sobre el delegado, Miguel Ángel Pérez Triano, tiene acordada su remisión a la Audiencia Nacional desde el día 14, sin que esa decisión establezca responsabilidades.

RECONSTRUCCIÓN DEL ASALTO

La secuencia de imágenes permitirá contrastar los relatos con los movimientos registrados. La jueza reclama vídeos operativos, grabaciones de drones, cámaras fronterizas e imágenes satelitales. Al jefe del Estado Mayor de la Defensa le pide el material disponible de sus centros y mandos sobre Castillejos y El Trampolín, entre el 20 de julio y el 7 de agosto. Todo deberá integrarse en un informe pericial audiovisual "único" que reconstruya itinerarios e identifique participantes. También pregunta a HI Iberia si recibió encargos para obtener imágenes mediante la herramienta SEDA u otras plataformas y, en caso afirmativo, quién los hizo. El requerimiento abarca cinco kilómetros hacia territorio marroquí y uno hacia España: interesa tanto lo observado como el rastro de las solicitudes.

MUERTES INVESTIGADAS

La referencia judicial son 83 cadáveres recuperados en aguas españolas. Tardón ha reclamado las causas abiertas por los fallecimientos y comprobará si contienen las periciales necesarias. Cuando falten, pedirá informes sobre la causa concreta, las condiciones del cruce y "la posible intervención de terceros en la generación del riesgo que desembocó en dichas muertes". El auto del 7 de septiembre contempla provisionalmente homicidios y lesiones imprudentes vinculados al favorecimiento de la inmigración irregular. La investigación deberá establecer la relación entre las conductas atribuidas a los posibles responsables y cada resultado lesivo, teniendo en cuenta las circunstancias y la vulnerabilidad de los fallecidos.

EL NEGOCIO POSTERIOR

La instrucción alcanza los viajes clandestinos hacia la Península y los alojamientos utilizados tras la entrada. El auto del 7 de septiembre descarta la autoría directa de las redes conocidas de tráfico de migrantes, pero señala su posible aprovechamiento posterior de la crisis. El CENIF deberá actualizar sus pesquisas e identificar embarcaciones, propietarios, patrones, financiadores, rutas y beneficiarios, además de viviendas, garajes y locales de ocultación o tránsito. Su informe previo recoge pasajes de entre 3.000 y 7.000 euros por persona y al menos diez embarcaciones particulares que podrían realizar esos traslados. Hasta el 24 de agosto contabiliza 150 migrantes llegados a la Península desde Ceuta.