Los jefes de Gabinete son, por definición, figuras de máxima confianza: acompañan al dirigente de turno, coordinan su equipo, filtran asuntos y, en ocasiones, ejercen como una suerte de 'número dos' con una enorme capacidad de influencia aunque su nombre apenas aparezca en los organigramas oficiales. Pero en los últimos años, varios de estos cargos en la sombra han terminado, sin embargo, bajo la escrutadora lupa de los tribunales. Algunos han sido investigados o imputados, otros han declarado como testigos y alguno ha acabado condenado. Sus casos permiten recorrer buena parte de las crisis políticas y judiciales que han marcado la actualidad española en los últimos tiempos. El nombre más reciente en incorporarse a esta nómina es el de Gonzalo Sanz, hasta hace unos días jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, que ha sido citado como testigo en la investigación sobre la entrada masiva de migrantes en el territorio de finales de julio. Su convocatoria por la jueza María Tardón se suma a otros episodios recientes protagonizados por responsables institucionales y políticos en el círculo más próximo de dirigentes de primer nivel. Por ejemplo, Juan Manuel Serrano -jefe de gabinete en su momento de Pedro Sánchez al frente del PSOE-, que figura como investigado en la causa que investiga las presuntas 'cloacas' socialistas. Y Miguel Ángel Rodríguez, el empoderado jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, no solo testificó en la instrucción y el juicio en el que acabó condenado el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. Él mismo fue imputado por la revelación de datos personales de dos periodistas, aunque la acusación acabó sobreseída. La lista se extiende además por otros ámbitos de la Administración. Eduard Rivas, actual jefe de Gabinete del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, está siendo investigado por un juzgado de Martorell en una causa sobre contratos del Ayuntamiento de Esparreguera, localidad de la que fue alcalde. Y cargos homólogos aparecen en causas de campanillas como Púnica: José Fidel Saura, que fue asesor principal del exconsejero murciano Juan Carlos Ruiz y terminó condenado en la rama murciana de la trama, a quien se sumaron Antonio Borrego, antiguo jefe de Gabinete del Ayuntamiento de Parla, y Alfredo Ovejero, que ocupó el mismo puesto en el de Valdemoro. Son protagonistas dispares, en situaciones distintas y con recorridos judiciales diferentes. Pero todas tienen como denominador común la figura del colaborador de máxima confianza que se encuentra muy cerca de quien toma las decisiones y que acaba enredado ante los tribunales por acción propia o por vinculación variopinta con los procedimientos.

El último por ahora en verse bajo el foco ha sido el hasta este septiembre jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta. No figura como investigado -al menos, no hoy-, sino que su papel aparece relacionado conla investigación que lleva a cabo Tardón en la Audiencia Nacional sobre la crisis ceutí. Sanz dimitió después de que los documentos del CNI desclasificados por el propio Gobierno al que pertenece su ya exjefe revelaran que había recibido el 29 de julio una advertencia sobre un posible salto de la frontera. Él sostiene que trasladó esa información al delegado, mientras que Pérez Triano mantiene que no recibió ese aviso. Su declaración permitirá a la jueza reconstruir uno de los puntos que centran las pesquisas: qué información llegó a las autoridades antes de la entrada masiva y cómo circuló dentro de la Delegación del Gobierno. 

Si hablamos de jefes de Gabinete que acaparan el mismo o más protagonismo incluso que para quienes trabajan -en estos días el señalamiento, por la gestión del reto ceutí, es el de Diego Rubio, el hombre de confianza de Pedro Sánchez-, Miguel Ángel Rodríguez salta de forma ineludible a la palestra. MAR fue primero mano derecha de José María Aznar -al que ayudó a llegar a la Moncloa en 1996-, pero con quien ha llegado a pisar los tribunales ha sido con Isabel Díaz Ayuso. Se convirtió en 'factotum' de la presidenta madrileña en 2020. Y tras el pulso con el exfiscal general del Estado, tuvo que sentarse en el banquillo por la difusión de los nombres y fotografías de dos periodistas que investigaban posibles irregularidades en la vivienda de Ayuso y su pareja, Alberto González Amador.

La Audiencia Provincial de Madrid ordenó reabrir las pesquisas después de que un juzgado las hubiese archivado y Rodríguez declaró como investigado en mayo por un presunto delito de revelación de secretos. Reconoció haber difundido la fotografía y la identidad de los reporteros, aunque sostuvo que la imagen se la había proporcionado González Amador y negó haber obtenido los datos a través de los policías que identificaron a los periodistas. La jueza concluyó que no había quedado acreditado que los datos hubieran sido obtenidos ilícitamente. El episodio ilustra también la singularidad del cargo que ocupa Rodríguez. Su relevancia política trasciende las funciones comunes de un jefe de Gabinete.

Una situación diferente es la de Juan Manuel Serrano, uno de los colaboradores más estrechos de Pedro Sánchez durante su etapa como secretario general del PSOE en la oposición al Gobierno. Fue jefe de Gabinete del actual presidente y, tras la llegada de Sánchez a La Moncloa, pasó a presidir Correos. Hoy está encausado por las 'cloacas', la supuesta operación urdida en Ferraz y con Leire Díez como brazo ejecutor para tratar de desbaratar los sumarios que afectan al jefe del Ejecutivo.

El juez Santiago Pedraz acordó en julio investigar a Serrano y autorizó el acceso, volcado y análisis de su teléfono móvil. El caso resulta especialmente significativo por el recorrido de Serrano dentro del entorno socialista: de hombre de máxima confianza de Sánchez en Ferraz a máximo responsable de una empresa pública de la dimensión de Correos.