Hubo un tiempo en que el relato político de la Moncloa pretendió instalar la tesis de que los informes de las fuerzas de seguridad del Estado eran poco más que "recortes de prensa", borradores contaminados por el ruido mediático o, en el peor de los casos, herramientas de un supuesto "lawfare" orquestado desde los más bajos fondos del Estado para acabar con el Gobierno que lidera Pedro Sánchez ante la imposibilidad de hacerlo a través de las urnas.

Pero no mucho tiempo después la realidad es que la estrategia de defensa adoptada por el Ejecutivo se desmorona a pasos agigantados. Tres de las causas judiciales más asfixiantes para el Gobierno -la del exministro José Luis Ábalos, la del ex fiscal General Álvaro García Ortiz y la del hermano del presidente, David Sánchez- se sostienen sobre un mismo pilar inquebrantable: los tribunales han bendecido con sus sentencias, una a una, las tesis de la benemérita.

En concreto, la imputación de José Luis Ábalos por la contratación irregular de mascarillas y material sanitario durante la pandemia destrozó la primera línea de defensa de la Moncloa. Durante meses, intentó encapsular el escándalo argumentando que todo se limitaba a las andanzas del que fuera mano derecha del todopoderoso ministro de Transportes, Koldo García, presentándolo como una "manzana podrida". Sin embargo, ese relato chocó de frente con la minuciosidad de la UCO, que -tras analizar miles de correos, chats de WhatsApp y registros de llamadas- demostró que la red corrupta de Víctor de Aldama tenía, en realidad, "barra libre" en el Ministerio de Transportes.

En el comienzo de la investigación Ábalos optó por no renunciar a su escaño de diputado y mantenerse como aforado para dilatar los plazos. No obstante, el peso de las pruebas técnicas aportadas por la UCO juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno hizo que este redactase una exposición razonada y el Tribunal Supremo no tuvo más remedio que declarar su competencia y nombrar a un magistrado instructor para investigarlo formalmente. Acabó siendo condenado a 24 años y tres meses de cárcel. Koldo, por su parte, a cuatro años y medio, mientras Víctor de Aldama no tendrá que entrar en la cárcel después de que los jueces, teniendo en cuenta su confesión, hayan suspendido la ejecución de su condena a cambio de no volver a delinquir y hacer trabajos para la comunidad.

Ahora el exministro ha decidido jugar su última carta judicial mediante un incidente de nulidad, alegando que debió ser juzgado por la Audiencia Nacional tras haber perdido su condición de aforado. Sin embargo, esta maniobra de su defensa se reduce a esgrimir un estricto defecto de forma sin poner en tela de juicio la solidez de los informes técnicos de la UCO, cuyas minuciosas evidencias sobre la trama siguen plenamente blindadas.

LA MANIOBRA DE ÁBALOS

Si el cerco a Ábalos dolió especialmente en el plano político por lo que este representaba para el PSOE, la investigación penal sobre Álvaro García Ortiz ha abierto una brecha sin precedentes en la arquitectura institucional del Estado. ¿La percha de la acusación? La filtración de correos electrónicos confidenciales relativos al pacto fiscal que buscaba la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Los agentes del instituto armado entraron en el despacho de García Ortiz en la sede de la Fiscalía General del Estado para incautar sus dispositivos informáticos y teléfonos móviles por orden del instructor del Supremo. El Gobierno criticó la medida por considerarla "desproporcionada".

Sin embargo, el análisis tecnológico de la UCO fue implacable: demostró que los correos que terminaron publicados en prensa habían sido seleccionados y manejados dentro del entorno directo del Fiscal General horas antes de su difusión generalizada. La precisión de la UCO al trazar la ruta digital del documento filtrado no dejó margen de defensa a García Ortiz, validando de nuevo la tesis judicial de que el aparato del Ministerio Público se utilizó presuntamente con fines espurios de contraataque político. Fue condenado a dos años de inhabilitación especial para el cargo y a una multa de 12 meses.

El tercer pilar que consagra la infalibilidad de la UCO se localiza en Extremadura. La defensa de David Sánchez y de la Diputación de Badajoz insistió durante semanas en la "normalidad" de su contratación y en que su puesto de coordinador de conservatorios de música se ejercía con total pulcritud. Sin embargo, los informes de la UCO cayeron como bloques de hormigón sobre el sumario. Tras registrar los despachos de la institución provincial, los agentes destaparon que el hermano del presidente apenas utilizaba herramientas corporativas, no tenía un despacho físico asignado y su huella informática sugería que residía habitualmente en la localidad portuguesa de Elvas para, presuntamente, ahorrarse el pago de impuestos en España.

Las tesis de la UCO sobre el "carácter ficticio" o de escaso contenido real del puesto de trabajo de David Sánchez fueron el motor que empujaron a la jueza Beatriz Biedma para prorrogar y blindar sus pesquisas. Una perseverancia en la instrucción que acabó propiciando que la causa diera el salto hasta el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, donde el recorrido judicial ha culminado con la reciente condena de nueve años de inhabilitación para el hermano del presidente.

Tres casos y tres condenas que avalan de lleno el trabajo de los agentes del teniente coronel Antonio Balas, colocado sistemáticamente en la diana de las presuntas 'cloacas' que lideraba la exmilitante socialista Leire Díez, cuyo caso también se está investigando ahora mismo por el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional y en el que la UCO también está aportando pruebas clave para valorar el verdadero alcance de la 'cloaca' del PSOE. "No necesito a todo el mundo, necesito a Balas", llegó a verbalizar la propia Leire en unos audios que salieron a la luz en mayo del pasado año y que ponen de manifiesto la maniobra para buscar trapos sucios del teniente coronel de la UCO. Hoy, con el goteo de condenas y la cúpula policial cercada por sospechas de obstrucción, la realidad se ha cobrado su particular revancha: los investigadores a los que se intentó apartar y desacreditar son los que han aportado las pruebas definitivas para las tres condenas.