La investigación de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil sobre el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), que el pasado 18 de enero costó la vida a 46 personas, cuestiona la cualificación, la supervisión y la trazabilidad de los técnicos que intervinieron en la ejecución y validación de las soldaduras entre las vías antiguas y nuevas durante los trabajos de renovación en 2025. El informe remitido a la jueza de Montoro no solo certifica que la fractura en el carril que provocó el descarrilamiento del Iryo tuvo lugar 22 horas antes del siniestro y que esta rotura no fue detectada por los sistemas auxiliares de mantenimiento. El documento también hace hincapié en las múltiples dudas que alberga la fiabilidad de los controles realizados durante la última remodelación, en la que se unieron vías de 1989 con raíles fabricados en 2023, así como sobre la documentación aportada por las empresas implicadas.

Uno de los aspectos más relevantes que subraya el atestado es la existencia de "distintas incongruencias" detectadas en la documentación analizada. En concreto, los investigadores señalan que dichas anomalías "consistían, según los investigadores de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), en dudas sobre la validez de las firmas, que no son ni manuscritas ni electrónicas, y en las fechas de los documentos aportados.

Estas inconsistencias afectan directamente a los registros que debían acreditar la correcta ejecución de las soldaduras, un elemento crítico en la seguridad de la infraestructura. La Guardia Civil destaca que, ante estas dudas, resulta necesario verificar la autenticidad y fiabilidad de los controles que dieron por válidos los trabajos realizados en la vía.

El informe pone especialmente en cuestión el proceso de supervisión de las soldaduras. En relación con los requisitos de seguridad exigidos en este tipo de intervenciones, los agentes recuerdan que la normativa contempla la "presencia de inspectores de soldaduras durante los trabajos" como medida de control. Sin embargo, añaden que "según las manifestaciones recogidas no se encontraban presentes durante su ejecución".

Esta posible ausencia abre interrogantes sobre si los trabajos se realizaron conforme a los estándares exigidos en una línea de alta velocidad, donde cualquier defecto puede tener consecuencias críticas. La Guardia Civil también recuerda que la normativa exige que el personal encargado de estas tareas esté debidamente cualificado. Así, señala que "la normativa exige que el personal esté certificado bajo la norma ISO 9712" y que "deben ser especialistas homologados por Adif en control de calidad de soldaduras aluminotérmicas". No obstante, el informe no concluye de forma definitiva si estos requisitos se cumplieron en todos los casos, dejando abierta la puerta a la necesidad de realizar nuevas comprobaciones.

SOLDADURA

En este contexto, el documento apunta a posibles carencias en la capacitación de algunos de los intervinientes, al deslizar dudas sobre si los técnicos que revisaron las soldaduras contaban con la experiencia mínima exigible, habitualmente fijada en torno a dos años en este tipo de trabajos. La normativa consultada por la instrucción establece que estos equipos deben estar formados por técnicos certificados en Ensayos No Destructivos (END) de nivel 2, que además deben "acreditar una experiencia mínima de dos años en análisis de material de vía y su equipamiento en la REFIG (Red Estatal Ferroviaria de Interés General)".

Sin embargo, tras solicitar las acreditaciones de los operarios intervinientes, la Guardia Civil ha detectado irregularidades temporales. Según el atestado, el certificado de uno de los técnicos, David A., fue expedido el 24 de julio de 2024, mientras que el de su compañero, Pedro A., data del 13 de noviembre de 2023. El informe es tajante al respecto: "Ninguna de las certificaciones tiene más de dos años desde que se expidieron los correspondientes certificados hasta que se llevó a cabo la auscultación en la soldadura".

Ante este hallazgo, los agentes están realizando gestiones para "comprobar si esa experiencia requerida se completa con labores en análisis de material de vía" en otros ámbitos, dado que los títulos no cubren el periodo de tiempo exigido por la norma en el momento de la inspección.

Los investigadores destacan que los controles técnicos realizados con posterioridad a las obras dieron resultados aparentemente correctos. Según la documentación aportada, tras una revisión ultrasónica de las soldaduras, estas fueron calificadas como "aptas". Sin embargo, la existencia de dudas sobre la documentación previa y sobre la supervisión efectiva de los trabajos introduce incertidumbre sobre la fiabilidad global del proceso.

Estas revelaciones ponen bajo el foco la gestión de Adif y coincidieron con la reunión que el ministro de Transportes, Óscar Puente, mantuvo con el presidente catalán, Salvador Illa, en el Palau de la Generalitat. Ambos repasaron el estado en Rodalies tras la crisis de los últimos meses, el traspaso de Cercanías y el impacto sobre las infraestructuras del cambio climático. Puente no se ha pronunciado -más allá de descalificar en redes algunas informaciones periodísticas- sobre el tenor de las investigaciones de la Policía Judicial.

Este miércoles, tras conocerse parte del resultado de ese trabajo, Adif lo rebatió en una nota objetando que la leve bajada de tensión en la línea registrada la víspera del siniestro y que el sistema no detectó como una señal de alarma de lo que terminó sucediendo, no tiene por qué responder necesariamente a la rotura del carril.