Es un mantra que se repite desde hace meses cada vez que hay un informe internacional sobre la economía española. La difícil aritmética parlamentaria y la debilidad del Gobierno de coalición pueden convertirse en una amenaza para el crecimiento del país, ante las mayores dificultades para aprobar medidas o reformas necesarias. Es cierto que las tres principales agencias de rating -S&P, Moodys y Fitch- han mejorado recientemente la calificación crediticia de España, destacando el crecimiento del PIB, al que ha contribuido en buena medida el positivo impacto de la inmigración en el mercado laboral. Sin embargo, las tres firmas apuntan a esa "fragmentación política" como uno de los principales riesgos que hay que superar para seguir siendo la locomotora de Europa. "La fragmentación política y regional impide el progreso en reformas cruciales, incluyendo soluciones para la oferta de vivienda y el desarrollo de una estrategia coherente de consolidación fiscal", apuntan desde las agencias. Polarización 

POLARIZACIÓN

El mismo mensaje ha transmitido esta semana el Foro de Davos en su último informe sobre riesgos globales, en el que los expertos apuntan directamente a la "polarización" como amenaza para España, en un momento en el que el país se mueve sin Presupuestos y los niveles de deuda, aunque a la baja, son aún demasiado elevados, por encima del 101% en términos de PIB. El Gobierno se ha amparado estos años en los fondos europeos del Plan de Recuperación para sostener la inversión sin nuevas cuentas públicas sobre la mesa. Pero ese dinero de Bruselas se termina en agosto de este año y el Ejecutivo debe avanzar en su ejecución para mantener la tracción, una vez finalice el plazo. De momento, el presidente Pedro Sánchez acaba de anunciar la creación de un fondo soberano que, en realidad, se basará en una inyección de 10.500 millones de euros procedentes de esos fondos europeos al Instituto de Crédito Oficial (ICO). Con la colaboración del sector privado, ese vehículo aspira a movilizar unos 120.000 millones de euros en materias clave como la transición energética, la vivienda, la inteligencia artificial o la reindustrialización. Respecto a los fondos europeos, Moncloa mantiene convocatorias abiertas por valor de 86.696 millones de euros, según se desprende de los datos de la plataforma Elisa a través de la que se gestiona esta información. El país ha recibido ya más de 55.000 millones en transferencias, lo que representa el 70% del total previsto. Es decir, quedan menos de ocho meses -hasta agosto- para que el Gobierno cumpla los objetivos e hitos comprometidos con la Comisión Europea que dan acceso al dinero que resta. Y eso es clave para no perder comba antes de un 2027 en el que sí se espera cierta desaceleración en el ritmo de crecimiento.