Indemnizaciones

Fiscales y particulares cubren las multas de la condena a García Ortiz

La asociación a la que perteneció el ex fiscal general anuncia que la "respuesta solidaria" ha permitida abonar los 10.000 de indemnización a González Amador y 7.200 euros de sanción

El fiscal general, Álvaro García Ortiz, a su salida este jueves del Tribunal Supremo
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El exfiscal general, Álvaro García OrtizEFE/J.J. Guillén
El fiscal general, Álvaro García Ortiz, a su salida este jueves del Tribunal Supremo

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Agencia Colpisa

Publicado el 23/01/2026 a las 09:06

La Unión Progresista de Fiscales (UPF), colectivo de la carrera profesional, anunció este jueves que "se ha alcanzado íntegramente el importe necesario" para abonar la multa que el Tribunal Supremo impuso al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en su condena por revelar datos reservados de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

En un comunicado, la asociación indicó que "decenas de fiscales de todos los territorios y categorías" han respondido a un llamamiento "que no era económico, sino ético", en referencia a la campaña de recaudación que abrió hace justo un mes para apoyar a García Ortiz en el pago de la partida de 7.200 euros y la indemnización de 10.000 euros que sentenció el Supremo, además de los dos años de inhabilitación para el cargo como fiscal general."Nadie debe quedarse solo cuando actúa conforme a la ley, a su conciencia profesional y en defensa de una institución constitucional", señaló la UPF, que ha venido defendiendo la actuación e inocencia del ex fiscal general.

Además, el colectivo que en su momento estuvo presidido por García Ortiz informó que han recibido "mensajes de ciudadanos y ciudadanas que, sin pertenecer al Ministerio Fiscal", se han puesto en contacto con ellos "para manifestar su deseo de colaborar", como "así finalmente han hecho".

"Álvaro García Ortiz asumió en primera persona una responsabilidad institucional que protegía a la Fiscalía en su conjunto. Hoy la respuesta solidaria demuestra que esa responsabilidad no fue en vano. Defender a un compañero en estas circunstancias es también defender la dignidad del servicio público, la independencia profesional y la idea de que la justicia nos concierne a todos", finaliza el comunicado.

La asociación impulsó una campaña de colaboración "de carácter estrictamente voluntario y solidario" con el fin de alcanzar "el abono de las responsabilidades económicas derivadas" de la condena de la Sala de lo Penal del Supremo.

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