El PP obtendría entre 29 y 30 escaños en las elecciones que Extremadura celebra el próximo domingo, un resultado que le dejaría a tres o cuatro diputados de alcanzar la mayoría absoluta y que, por tanto, obligaría a la formación liderada por María Guardiola a pactar con otras formaciones. La coalición de gobierno más probable la completaría Vox (7-9 escaños), aunque la dirigente popular ha mantenido un tenso enfrentamiento en las últimas semanas con Santiago Abascal, a quien acusó el pasado lunes de desprender un “tufo machista”. En el bloque de la izquierda, los comicios del 21 de diciembre arrojarían entre 21 y 23 escaños para el PSOE y 5 o 6 para Unidas por Extremadura, según la encuesta elaborada por el Instituto DYM para Diario de Navarra.

De cumplirse las estimaciones, el PSOE sería el único de los cuatro principales partidos que perdería escaños en la Asamblea de Extremadura. En concreto, la formación de Miguel Ángel Gallardo, al que se le imputa un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias por la contratación en la Diputación de Badajoz de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, perdería entre 5 y 7 diputados con respecto a la convocatoria de mayo de 2023. En cambio, el PP sumaría entre 1 y 3, Vox ganaría de 2 a 4 y Unidas por Extremadura lograría 1 o 2 más.

La intención de voto declarada por los encuestados estima, asimismo, que el PSOE sufrirá un importante trasvase de votantes a otras formaciones: tan solo el 58,6% de quienes introdujeron la papeleta socialista en las urnas en mayo de 2023 harán lo propio el próximo domingo. La cifra crece hasta el 74,9% en el caso de los populares y supera el 80% en ambos extremos del espectro político: Unidas por Extremadura retendría un 81,5% de electores y Vox saldría vencedor en esta faceta con un 82,2%.

Echando la vista al frente, al momento en el que deba conformarse un gobierno que probablemente será de coalición, un 28,9% de los encuestados consideran que si el PP es la formación con mayor cantidad de escaños, debería buscar un pacto con el PSOE. Similar cifra ofrece el recuento de quienes preferirían un acuerdo con Vox (27,8%), mientras que un 22,4% apostarían por no negociar con ningún partido. En cambio, si el PSOE se proclama vencedor el próximo domingo y no alcanza la mayoría absoluta, un 34,1% de los entrevistados opinan que debería pactar con Unidas por Extremadura. Por contra, un 27,6% optarían por no buscar ningún acuerdo y un 19,9% verían con buenos ojos una coalición con el PP.

Y regresando al momento en el que Guardiola decidió convocar elecciones, cuando constató que no contaba con los apoyos suficientes para aprobar los presupuestos extremeños, más de la mitad de los encuestados (54,6%) creen que fue una decisión acertada. Sustentan esta cifra, sobre todo, los votantes en 2023 del PP (un 81,5% valora positivamente la iniciativa de la presidenta) y de Vox (59,9%). El adelanto electoral encuentra menor apoyo entre los electores de izquierdas: un 53,1% de los votantes socialistas hace dos años opinan que es una buena solución, y la cifra desciende hasta el 38% entre los partidarios de Unidas por Extremadura.

SUSPENSO GENERAL

La misma encuesta del Instituto DYM refleja la decepción general con los cuatro principales candidatos a la presidencia extremeña. Todos suspenden, aunque la que mejor parada sale es María Guardiola: la candidata popular obtiene un 4,9 sobre 10 a nivel general, y quienes votaron al PP en las últimas elecciones le otorgan un 7,9. Detrás de ella se sitúa Irene de Miguel (Unidas por Extremadura), que logra un 4,1 del total de encuestados y un 7,5 de aquellos que votaron a la coalición de izquierdas en 2023. Mientras tanto, empatan en la zona baja Óscar Fernández Calle (Vox) y Miguel Ángel Gallardo (PSOE), con una valoración general de 3,2. Quienes apoyaron a la formación de extrema derecha en los anteriores comicios califican a Fernández con un 6,8, y los electores socialistas dan a Gallardo un aprobado raspado: 5 sobre 10.

A pesar de ser Guardiola la mejor valorada, casi la mitad de los encuestados consideran que, si la predicción se cumple y el PP se proclama vencedor en las elecciones de este domingo, la última palabra no la tendrá Mérida, sino Madrid: un 44,7% piensa que la líder extremeña es poco o nada independiente de la dirección nacional de los populares. En el otro extremo, sólo un 13,8% ve a la baronesa bastante o muy independiente de Alberto Núñez Feijóo.

En cualquier caso, la candidata popular encuentra el respaldo mayoritario de los encuestados a su gestión al frente de la Junta de Extremadura, en coalición con Vox tras los comicios de 2023 y en solitario desde julio de 2024, cuando la formación de extrema derecha anunció su salida de cinco gobiernos autonómicos. Un 65,2% de los entrevistados aprueba la actuación de la Junta de Extremadura -es decir, le otorga una calificación de entre 5 y 10 puntos-, que recibe una nota media de 5,6. La valoración más generosa proviene de los votantes populares en las anteriores elecciones (7,6), aunque también aprueban la gestión de Guardiola los electores de Vox (6) y del PSOE (5,3), mientras que quienes cogieron en 2023 la papeleta de Unidas por Extremadura suspenden a la Junta (3,8).

FALTA DE OPORTUNIDADES

El ganador de estas elecciones deberá hacer frente a la falta de oportunidades para los jóvenes (el principal obstáculo para el 23,2% de los entrevistados), la escasez de conexiones ferroviarias (19,6%), los problemas de vivienda (13,3%), las tasas de paro (12,7%) y la carencia de iniciativas empresariales (11,8), entre otros asuntos a resolver. Los impedimentos que los jóvenes encuentran para prosperar tienen mayor peso entre los votantes de centro, mientras que la vivienda preocupa más a los votantes del PSOE y a los encuestados con posicionamientos de centro izquierda.

Además, la energía concentra buena parte de las decisiones que deberá afrontar el próximo Ejecutivo extremeño. Un 40,2% de los encuestados se muestra a favor de la apertura de minas de litio en la comunidad, mientras que un 33,5% está en contra y el resto, un 26,3%, no sabe o no contesta. Mayor consenso suscita la ampliación de la vida útil de la central nuclear de Almaraz: un 55,7% de los entrevistados está a favor de extender el cierre, fijado en noviembre de 2027 para la unidad I y en octubre de 2028 para la unidad II. En cambio, un cuarto de los encuestados es partidario de mantener los planes establecidos para el complejo y un 19,4% no opina sobre este asunto.