José Luis Ábalos se convirtió este jueves en el primer diputado en activo en ingresar en prisión desde la restauración de la democracia. Una situación inédita -una más en las dos últimas legislaturas- que obligó al Congreso a iniciar los trámites para desposeerle de sus prerrogativas como parlamentario. Entre ellas, las dos más importantes: su salario y su derecho a voto. La presidencia de la Cámara baja envió este jueves un oficio al Tribunal Supremo con el fin de que certifique la decisión de encarcelarlo. Se trata de un requerimiento necesario para poder convocar una reunión extraordinaria y telemática de la Mesa, el máximo órgano rector de la Cámara baja, con el fin de aplicar este procedimiento, recogido en el artículo 21.2 del Reglamento. 

Pero en el aire aún queda la principal duda, de la que están pendientes, calculadora en mano, todos los grupos parlamentarios, si Ábalos entrega su acta o la retiene. Algo que solo le corresponde a él decidir. El desenlace de esta cuestión no solo afecta al propio exministro, también impactará en la aritmética parlamentaria del Congreso. Si opta por encadenarse a su cargo, el Gobierno vería ampliada su debilidad en el hemiciclo al perder el voto de su exdiputado, que incluso tras abandonar la bancada socialista en febrero de 2023 ha seguido manteniendo la disciplina como si aún siguiera ligado a sus excompañeros.

Si entrega el acta, como hizo el también diputado socialista Santos Cerdán antes de ingresar en Soto del Real el pasado junio, el PSOE recuperaría el escaño, que iría a parar a manos del siguiente candidato en la lista del partido que se presentó a las generales del 23-J en la circunscripción de Valencia, y que encabezó el propio Ábalos.

Sin embargo, y con el transcurrir de las horas, fuentes cercanas a la presidencia del Congreso empiezan a dar por hecho que el exministro de Trabajo mantendrá el acta, dado que ya ha ingresado en Soto del Real. "Si no lo ha hecho ya, dudamos que lo haga", zanjan.

UNA MAYORÍA ALTERADA 

Si esto finalmente se confirma, en cada pleno habría 349 diputados con derecho a voto en lugar de 350. El debate estaría entonces en si se debería o no alterar el quórum, es decir, modificar donde se sitúa la mayoría absoluta necesaria para la aprobación de leyes orgánicas. Esa misma duda ya surgió cuando el Congreso suspendió en 2019 a cuatro diputados en prisión preventiva por el procés (Oriol Junqueras, que renunciaría al acta para presentarse como eurodiputado, Jordi Sanchez, Jordi Turull y Josep Rull). Entonces la decisión fue no alterarla.

En ese caso, y pese a lo que han alentado desde PP y Vox en los últimos días, el Congreso, explican estas mismas fuentes de presidencia, no tienen "voluntad de abrir ese melón". Por lo que descartan rebajar la mayoría absoluta a los 175 escaños.

La realidad es que el voto de Ábalos no resultaría significativo en el actual contexto parlamentario. Sin ir más lejos, este jueves el Gobierno vio como un bloque formado por los 178 diputados de PP, Vox, UPN y Junts tumbaban la senda de déficit y anticipaban el rechazo a los Presupuestos Generales del Estado para 2026. Con las abstenciones de Podemos y la diputada de Compromís Águeda Micó, el Ejecutivo se plantó en 164 votos a favor, 14 menos.