Imputada por organización criminal, tráfico de influencias, malversación, prevaricación y cohecho. Es decir, la espada de Damocles de una condena potencial de años de cárcel. Isabel Pardo de Vera, una ingeniera de Caminos con una carrera profesional con lustre en la Administración y en la empresa privada, se enfrenta este lunes a la disyuntiva que marcará su vida y que puede también definir, en cierta manera, el futuro de parte de la investigación de la trama corrupta que salpica al PSOE. Pardo de Vera tiene que decidir entre intentar salvarse, tirar de la manta y confesar su participación en los amaños de las obras públicas que han certificado los audios de Koldo García. O, por el contrario, negarlo todo, como ya ha hizo en su interrogatorio como testigo en el Supremo, y enlazar su destino al de los políticos socialistas sin carrera profesional alguna (José Luis Ábalos, Santos Cerdán y García) con los que, según los indicios recopilados ya en los sumarios de alto tribunal y la Audiencia Nacional, se conchabó para favorecer "de manera recurrente" a las constructoras Acciona, Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) y OPR. 

Ismael Moreno, el juez que instruye el 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional, 'reimputó' a Pardo de Vera el pasado 7 de julio (ya estaba investigada por la contratación irregular de Jésica Rodríguez, exnovia de Ábalos, en Adif). Moreno, que toma declaración a la imputada este lunes, dio el paso de encausarla después de que el magistrado Leopoldo Puente, instructor de este mismo caso en el Supremo, dejara en sus manos la suerte de la exreponsable del organismo público entre 2018 y 2021. Fue a raíz de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregara el 12 de junio el demoledor informe basado en las grabaciones del exasesor de Ábalos. Un atestado que -además de provocar la renunia, la imputación y el encarcelamiento de Cerdán- puso contra las cuerdas a la propia Pardo de Vera.

La imputada -que ya atesoraba una carrera profesional asentada en Adif desde 2007, más de una década antes de que Ábalos desembarcara en el Ministerio de Fomento y luego en Transportes, y que incluso ascendió a la sombra de la popular Ana Pastor- encara una situación procesal muy complicada. Y no solo por el hecho de que los mensajes que intercambió con Koldo prueban que movió los hilos para que se contratara a Jésica. Tampoco por que diversos testigos hayan señalado a la "presidencia" de Adif como origen de las órdenes de que no se molestara a la "sobrina de Ábalos" por mucho que ésta no trabajara. Tampoco por la incómoda prueba incriminatoria de que en el registro de su casa se encontrara documentación sobre la compra de mascarillas a la trama de Víctor de Aldama. La prueba de cargo contra la alto cargo que llegó a ser secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana entre 2021 y 2023 es una conversación grabada por Koldo García el 18 de noviembre de 2020. En ella, el exasesor pedía con insistencia a la entonces presidenta del organismo público ferroviario una adjudicación para LIC, "en un primer momento tratando que fuese de mantenimiento, y ante la negativa de Pardo de Vera, proponiendo que fuera de emergencia".

A lo que ella le recordó que le acababan de conceder una poco tiempo atrás y advertirle de que darle otra iba a resultar sospechoso. Aunque "se comprometió", según los agentes de la UCO, "a sopesar las opciones para poder adjudicarle alguna obra a la constructora".

"OTRA VEZ, VA A CANTAR" 

"Le hemos dado una de 700.000, hace nada, eh. Hace nada, es que otra vez va a cantar, déjame mirarlo", contestó Pardo de Vera a García en el audio que la ha puesto contra las cuerdas, sobre todo porque finalmente, apenas un mes después de aquella conversación, Adif propuso de forma directa a LIC como adjudicataria de una obra de emergencia en Asturias por importe de 592.053 euros. Pero hay más. La Unidad Central Operativa (UCO) descubrió que el 28 de enero de 2019, Koldo envió a Pardo de Vera una imagen con los resultados de las ofertas presentadas a una licitación para el proyecto de construcción de la línea de alta velocidad en Extremadura, "previamente remitida" al asesor por un directivo de Acciona.

Según relatan los investigadores, en la imagen aparece subrayada en amarillo fluorescente la línea del resultado de una UTE, mientras que la oferta de Acciona se ve pero "en un color mucho más tenue". Horas más tarde, Koldo García escribió a la presidenta de Adif para que mirase la foto, "mostrando su descontento" por la empresa que obtuvo la mayor puntuación: "Nos ha jodido un poco". "De este modo, se infiere que dicha licitación debiera haber sido adjudicada a Acciona, y el hecho de no materializarse habría generado descontento en Koldo", infiere la UCO.

También aparecía en el informe una obra de integración del ferrocarril en Sant Feliú de Llobregat (Barcelona) por 71,5 millones de euros, que se adjudicó a Acciona y sobre la que también constan conversaciones entre Pardo de Vera y García.

264 millones Mucho menos conocido que Pardo de Vera es Javier Herrero, el otro imputado que declara este lunes ante el juez Moreno. Herrero fue director general de Carreteras entre 2018 y 2022 y, por ende, hombre de absoluta confianza de José Luis Ábalos. Los agentes de la UCO, en el oficio en el que pidieron el registro de su casa, le señalaron por el presunto amaño de siete contratos por valor de 264,5 millones de euros durante los más de cuatro años que estuvo en el cargo. Las empresas favorecidas, según los investigadores, por la influencia que habría ejercido el asesor ministerial Koldo García sobre el responsable de Carreteras fueron Acciona, Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC) y Obras Públicas y Regadíos (OPR). Sus responsables ya declararon como investigados en la pieza principal en el Supremo y negaron el pago de mordidas a los políticos para beneficiarse de la adjudicación de obra pública.