El eurodiputado Luis Pérez, alias 'Alvise', declaró este viernes como investigado ante el magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar. El líder de Se Acabó La Fiesta (SALF) fue citado junto al empresario Álvaro Romillo, alias 'CryptoSpain', por la presunta financiación ilegal del partido. El instructor dio este paso en el marco de la causa abierta por los 100.000 euros que Romillo dio en mano a Alvise en plena campaña de las elecciones europeas del 9 de junio de 2024. Una entrega que el investigado admitió este viernes en su interrogatorio, aunque negó que fuera para engordar las cuentas de su formación, ya que gastó la mitad de ese dinero en cosas personales, según señalaron fuentes jurídicas presentes en la declaración. Sobre su participación en un evento de criptomonedas con Romillo, el parlamentario sevillano de 35 años aseguró que fue por una charla de media hora sobre "libertad financiera" en el Hipódromo de Madrid y detalló que el dinero se lo dieron dos trabajadores del empresario en sus oficinas, en un maletín negro con diez fajos de 10.000 euros cada uno en billetes de 50 y 100.

El eurodiputado sostuvo, de acuerdo con las citadas fuentes, que llevó ese dinero a su casa pero que no lo gastó en la campaña de SALF, que dice que le costó poco más de 30.000 euros, de ahí que no lo reflejara en las cuentas oficiales. Sobre los 100.000 euros, precisó que usó aproximadamente la mitad en gastos propios, entre los que mencionó viajes personales y profesionales. El resto, indicó, sigue a su disposición.

En cambio, su donante Romillo sostuvo ante el juez que dio ese dinero al político para la campaña electoral de SALF, confirmando así lo que ya expuso ante el juez que investiga la presunta estafa piramidal de Madeira Invest Club (MIC) en la Audiencia Nacional, de la que era su administrador. "Se le han dado 100.000 euros a Alvise y él ha testificado que no se los he dado para el uso de la campaña. En todas las conversaciones que se aportó en su día son para el uso de la campaña. No es de ningún evento ni es de ningún pago", dijo Romillo en declaraciones a la prensa.

El estafador confeso especificó que Alvise "quiso poner un testaferro, que es una empresa que se llama Somos Libres, para que se hiciera un pago por transferencia", pero que "no se le hizo". De acuerdo con 'CryptoSpain', ese supuesto testaferro "se dedica a temas de ocio nocturno y prostitución". Interrogado por los periodistas sobre la razón por la que le dio esos 100.000 euros, el empresario contestó que era para hacer promoción de Centinel, "una de las actividades" que se desarrollaban a través del MIC. Pero "como no lo llegó a hacer", entendieron que ese dinero era para "cualquier otro servicio relacionado con su futuro puesto o con su futuro puesto de poder". 

COPIA DEL MÓVIL

Según fuentes jurídicas, la defensa de Romillo entregó al juez copia del contenido de su móvil con las conversaciones con Alvise, junto a un informe pericial encargado por sus letrados. No obstante, la acusación popular que ejerce el PSOE reclamó que se contrastaran esos datos y el magistrado accedió, ordenando volcar el contenido del teléfono del empresario cuando lo entregue.

Es la tercera vez que Alvise estaba citado a declarar como investigado en el Supremo. Ya compareció por las otras dos causas que tiene abiertas: una relativa a la difusión de una PCR falsa del entonces ministro de Sanidad y actual presidente catalán, Salvador Illa; y otra por el presunto acoso a la fiscal delegada de delitos de odio, Susana Gisbert. Así las cosas, ayer respondió a las acusaciones de presunta financiación ilegal de SALF. El Supremo consideró de forma inicial que la actuación encajaría en este delito, que castiga a los administradores de las candidaturas de partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que falseen las cuentas, reflejando u omitiendo indebidamente aportaciones o gastos o usando de cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables. Las penas van de uno a cuatro años de cárcel y multa de 12 a 24 meses.

La Sala Penal, cuando abrió esta causa, señaló que los hechos atribuidos a Alvise también podrían "indiciariamente" constituir "delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental".