“Tomaremos las decisiones de acuerdo a lo que nos exige la ciudadanía, nuestros votantes y nuestro código ético, no porque nos presionen unos u otros”. Aitor Esteban quiso dejar claro ayer que, tras el estallido del caso Cerdán, el PNV -al que definió como un partido “serio” que ocupa “el centro del hemiciclo”- no se casa con nadie. Ni el PSOE, al que exigió más “explicaciones”» porque no basta con las “disculpas”, puede dar por hecho su apoyo en el tiempo que reste de legislatura, ni el PP está en la mejor posición para abonar el acercamiento a Sabin Etxea, advirtió el líder del EBB, tras vincularles “sin ton ni son” a una trama corrupta con la que, defendió, el PNV “no tiene nada que ver”.

Los jeltzales son conscientes de que “todo el mundo nos mira” y prefieren no cerrarse puertas. Ganan tiempo, en definitiva, a la espera de acontecimientos, de nuevas revelaciones de la UCO o de lo que pueda aportar Pedro Sánchez en su comparecencia del próximo miércoles ante el Congreso, en la que el PNV espera que “delimite claramente” las responsabilidades y aporte “pruebas” de que la red se limitaba exclusivamente al triángulo Ábalos-Koldo-Cerdán, la línea roja que se ha marcado la dirección peneuvista de Sabin Etxea para romper con el presidente.

Y han activado a su vez el modo control de daños, con ostensibles esfuerzos para poner distancia con Santos Cerdán -que, insisten, era el interlocutor preferente “de Bildu” pero no del PNV, que despachaba sobre todo con María Jesús Montero y Félix Bolaños- y con el empresario clave de la trama y dueño de Servinabar 2000, -“el tal Antxon”, en palabras de Esteban-, al que dijo no conocer de nada. “Ni idea de quién es”, recalcó, en contraste con Otegi, porque, rememoró, fue Sánchez quien llamó directamente al PNV para negociar la moción de censura en 2018.

En paralelo, y a pesar de que los populares vascos han denunciado en público los presuntos vínculos de los nacionalistas con la red corrupta, Esteban se resiste a dar por rotas las relaciones con Génova, pese a reconocer que “el clima no es el más apropiado para hablar” y que la interlocución no está “en su mejor momento”. “Ellos tienen mi teléfono y yo tengo el suyo. Mi teléfono siempre ha estado abierto”, deslizó en una entrevista en RTVE. El mismo argumento, por cierto, que lleva empleando desde principios de junio, cuando empezó a lanzar mensajes a Génova para que suavizara los ataques al PNV para no hacer imposible la venta interna de un eventual acercamiento entre ambos.

En Sabin Etxea han sentado mal las acusaciones de Javier de Andrés en el momento más inoportuno, apenas unas horas después de que, como relató ayer Esteban, el virtual número dos del PP, Miguel Tellado, se pusiera en contacto con su partido para pedir “disculpas” por las descalificaciones previas en una rueda de prensa en el Congreso por seguir sosteniendo al Gobierno y para instarles a abrir un canal de comunicación permanente. Los peneuvistas decidieron hacer público el movimiento de Génova, aunque, al día siguiente, acusaron al PP de “dinamitar todos los puentes” por intentar salpicar al PNV con la sospecha de la corrupción.

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ALZAGA "NO ES AFILIADO"

Esteban quiso salir al paso de las informaciones que vinculan al PNV con la trama de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública que ha llevado a la cárcel al exsecretario de Organización del PSOE y se afanó incluso en defender la limpieza de los contratos adjudicados en Navarra hace siete años, en la etapa de Uxue Barkos al frente del Ejecutivo foral. En concreto, De Andrés señaló este miércoles al empresario Iñaki Alzaga, presidente de Nortegas (distribuidora de gas participada por el Gobierno vasco) y consejero delegado del Grupo Noticias (editor de medios como Deia) como una persona “estrechísimamente vinculada” a la formación jeltzale y dueño además del 4% de una empresa, Alegure, filial a su vez de Servinabar.

El presidente del PNV se desligó del asunto con el argumento de que Alzaga “no es afiliado” y por lo tanto el PNV “ni puede ni debe” hablar en su nombre.

Esteban insistió en que las acusaciones que De Andrés vertió “como un auténtico poseído” son “burdas y sin fundamento”, “sin ningún tipo de pruebas” y en base a “mentiras”. En todo caso, entró al fondo de los supuestos vínculos de la trama con su partido. Según dijo, la adjudicación de las obras del colegio público de Arbizu por valor de 2,6 millones de euros, una operación que se licitó cuando era consejera de Educación en Navarra la jeltzale María Solana, se basó exclusivamente en “criterios técnicos” y se adjudicó además a la “oferta más barata”, que lo siguió siendo, profundizó, pese a los sobrecostes durante la ejecución de las obras.