En política, ninguna negociación se puede dar por cerrada hasta que esté cerrada del todo. La abierta entre Yolanda Díaz y María Jesús Montero sobre la tributación del salario mínimo interprofesional (SMI) iba a resolverse, según preveían ambas partes el pasado martes, en cuestión de horas, pero encalló. Las titulares de Hacienda y Trabajo mantenían todavía este jueves su discrepancia sobre si debe buscarse algún tipo de compensación este año para las 500.000 personas que perciben ese sueldo y están viendo cómo se aplican retenciones por IRPF en sus nóminas, como plantea la vicepresidenta socialista, o si hay que buscar una salida para todo aquel que reciba ese salario aplicable a futuros ejercicios, como pretende la dirigente de Sumar.

De momento, lo único claro es que "no hay acuerdo", como reconoció Díaz en una entrevista en RNE y corroboró la vicepresidenta primera en una comparecencia en la sede de su Ministerio. Una y otra aseguran, sin embargo, que no tiran la toalla. El tiempo corre para evitar un choque sin precedentes entre dos partidos que gobiernan juntos. Este viernes a las 18:00 horas concluye, en principio, el plazo para que el Gobierno (Hacienda) plantee un veto a las iniciativas que tanto Sumar como el PP y Podemos registraron en el Congreso el pasado febrero en un intento de impedir que, por primera vez, y tras alcanzar los 1.184 euros en catorce pagas, el salario regulado por el Ejecutivo pague impuesto sobre la renta.

Fuentes cercanas a Montero aseguran que la opción de hacer uso del artículo 134.6 de la Constitución, el que le faculta para bloquear el debate en las Cortes de propuestas que supongan un aumento de los créditos o una minoración de los ingresos presupuestarios, sigue vigente. Sumar venía advirtiendo, a su vez, de que si fuera preciso haría pinza con el primer partido de la oposición en la Mesa del Congreso para levantar ese veto.

La vicepresidenta primera se mostró confiada aun así en poder llegar a un acuerdo a lo largo de " los próximos días". En ese caso, dicen en su entorno, el veto -que seguramente no podrá ser analizado por el órgano rector de la Cámara baja hasta el próximo 8 de abril- se retiraría. Y cabe deducir que la propuesta de Sumar se reformularía.

"A LA DESESPERADA" 

En público las posturas siguen, en cualquier caso, alejadas. Y es Díaz quien ha mostrado mayor interés en evitar el encontronazo. Hasta el lunes por la noche, en el que, según su propio relato, envió una propuesta de acuerdo "a la desesperada" a Montero, esta no había movido ficha. La vicepresidenta primera alegó este jueves que Sumar tendría que "saludar positivamente" que esté dispuesta a hablar de lo que ni siquiera hace mes y medio aceptaba: una salida para el medio millón de contribuyentes, en su mayoría solteros sin hijos, afectados por su decisión de no mover el mínimo exento tras la última subida del SMI, del total de 2,5 millones que perciben ese salario.

Díaz argumentó que con un sueldo anual de 16.500 euros, el tipo marginal a aplicar en el IRPF es del 43%, "una tremenda injusticia fiscal", que hace a sus perceptores (en la práctica, solo al 20% de ellos que son los que no se benefician de ninguna reducción) aportar a Hacienda 22 de los 50 euros al mes en los que se ha visto incrementada su retribución en 2025. También recordó que su posición es compartida por "la mayoría" del arco parlamentario.

200 MILLONES

Montero replica que si se pretende que el SMI siga subiendo, como según insiste Sumar quedó recogido en el pacto de Gobierno, tiene que "empezar a aportar a las arcas públicas" porque desde 2018 se ha incrementado en un 61% y ha dejado de ser un salario de subsistencia y porque el volumen de personas que se mueven en ese nivel de renta es ya demasiado amplio como para eximirles de esa obligación. Alega, además, que su "oferta" está "en la línea de lo que Sumar quería".

La vicepresidenta primera cifró este jueves en 200 millones de euros el coste que podría tener su propuesta a la formación de Díaz -esa compensación limitada a un grupo reducido de personas, el 20% de quienes cobran el SMI- frente a los en torno a 1.700 o 2.000 millones de merma en ingresos que supondría para el Estado ajustar, como se hizo en años previos, el mínimo exento. Por eso insistió en que solo aceptará una medida quirúrgica y no extensiva a todos los que perciban rentas equivalentes al salario mínimo.