Pedro Sánchez no tiene intención de llevar al Congreso un proyecto de Presupuestos Generales del Estado si no tiene garantizado el apoyo de los grupos parlamentarios de antemano. El Ejecutivo ha encajado hasta ahora derrotas parlamentarias de calado -la última, el pasado jueves, cuando el PP y Junts tumbaron contra pronóstico la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública-, pero la trascendencia de que las Cortes digan no a la ley en la que queda plasmado el programa anual de todo gobierno no es soslayable.

Siempre se ha considerado, como norma no escrita de la democracia, que un portazo de esa envergadura era razón suficiente para convocar elecciones anticipadas. Y ahora el presidente quiere evitar ese escenario.

Un día después de que Sumar, socio minoritario de la coalición gubernamental, y su propia vicepresidenta, Yolanda Díaz, insistieran en que presentar las Cuentas es una "obligación" y reclamaran llevar el texto al Congreso para, una vez allí, abrir negociaciones con el resto de formaciones, como se hace con cualquier otra iniciativa, la portavoz del Consejo de Ministros, Pilar Alegría, replicó que contar con un acuerdo previo es "importante". "Si no -llegó a decir- podemos hacer perder el tiempo al Congreso de los Diputados y, desde luego, a los ciudadanos".

Los socialistas intentan zanjar un debate que les resulta muy incómodo. Oficialmente, nadie admite que los Presupuestos de 2025 ya se dan por perdidos. Alegría volvió a repetir lo que viene diciendo las últimas semanas y lo que también ha sostenido el propio Sánchez en intervenciones recientes ante la prensa en Bruselas y en Madrid: que siguen "trabajando y dialogando" para presentarlos. Pero en privado, varios ministros admiten que no hay margen.

La fecha límite para tirar la toalla se ha ido moviendo a conveniencia y de manera progresiva. Tras renunciar a los Presupuestos de 2024 con el argumento de que no se daba el clima para su negociación en plena campaña de las catalanas anticipadas por el entonces president, Pere Aragonès, el Gobierno aseguró que presentaría los de este año en tiempo y forma; es decir, antes del 30 de septiembre. Luego habló de diciembre, más tarde del primer trimestre de este ejercicio y, ahora, de mayo.

Su propósito es que la no presentación de las Cuentas, una anomalía en la democracia española, se acabe asumiendo como normal e irrelevante. Por eso el empeño de Sumar, que, con el aliento de Podemos en el cogote, quiere ver plasmadas sus principales demandas negro sobre blanco en las Cuentas, es una china en el zapato de la que tratan de zafarse. Fuentes gubernamentales aducen, incluso, que se trata "como un problema mayor lo que no es un problema".

EN "REBELDÍA"

El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, restó de hecho la más mínima trascendencia a que sea la propia Constitución la que fija que el Gobierno debe presentar anualmente las Cuentas a las cámaras. Y alegó que la Carta Magna también regula qué hay que hacer en caso de que no haya Presupuestos: prorrogarlos. Fuentes gubernamentales ironizan con que si el Ejecutivo está "en rebeldía", lo están también muchos ejecutivos autonómicos del PP. Tanto Bolaños como Alegría incidieron, además, en algo muy discutible: que las Cuentas en vigor, las de 2023, son "de este Gobierno". En realidad, no lo son. Fueron presentadas la pasada legislatura por el Ejecutivo de coalición del PSOE y Unidas Podemos, que incluso tenía una estructura distinta de la actual -no había, por ejemplo, Ministerio de Juventud e Infancia- y fueron aprobadas por unas Cortes Generales con otra configuración. Pero Sánchez suele argumentar que él está "cómodo" con ellas y que han permitido que España sea la economía de la UE que más crece y más empleo genera, por lo que mantenerlas prorrogadas no supone drama alguno.

Este miércoles en el Congreso volverá a evidenciarse que resulta casi imposible ahormar una mayoría en torno a asuntos clave para el Gobierno y que deberían quedar plasmados en un proyecto presupuestario, como el aumento del gasto militar comprometido ante Bruselas y la OTAN. Sánchez interviene ante el pleno para informar de sus últimas reuniones internacionales sobre la situación geopolítica y la guerra de Ucrania y lo hará sin dar cifras cerradas y con un discurso antibelicista para no incomodar a sus socios.