La esperada comparecencia en el Supremo el 29 de enero de Álvaro García Ortiz se pone cada vez más cuesta arriba para el investigado. Y es que el primer interrogatorio como imputado de un fiscal general en la historia judicial española no solo va a girar sobre las últimas revelaciones de uno de los testigos claves del caso, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, quien el jueves apuntó directamente contra él como autor de la filtración de los correos del novio de Isabel Díaz Ayuso. García Ortiz va a tener que dar explicaciones al instructor, Ángel Hurtado, de por qué borró el contenido de su móvil y por qué cambió de terminal el 23 de octubre, una semana después de que el Supremo le encausara y una semana antes de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le requisara su teléfono.

Cuando la propia UCO desveló en un informe de diciembre que en el móvil de García Ortiz había "0 mensajes", el equipo de comunicación de la Fiscalía General se esmeró en explicar que el formateado respondía a la "Instrucción 2/2019, de 20 de diciembre, de la Fiscalía General del Estado, sobre la protección de datos en el ámbito del Ministerio Fiscal"; la cual fija en su artículo 7.3 las "obligaciones de las fiscalías, unidades y de los demás órganos del Ministerio Fiscal", de llevar a cabo la "destrucción de forma segura de documentos y dispositivos en desuso".

La Fiscalía General sostuvo que cíclicamente hace un borrado del contenido de teléfonos, ordenadores y otros dispositivos por razones de seguridad, tanto de su máximo responsable como del resto de miembros de la institución. Y que a veces, en el marco de esas mismas tareas de protección, se procede al cambio de los terminales.

Sin embargo, nadie confirma que esa instrucción derivase en un protocolo que obligara al borrado de móviles. Tampoco los dos testigos claves de esta causa contra García Ortiz que declararon el jueves: la propia Lastra y Julián Salto, el fiscal que acusaba Alberto González Amador, pareja de la presidenta.

El testimonio de Salto -explican en el Supremo- tiene un especial valor, porque además de ser fiscal de la Sección de Delitos Económico es también el responsable de las aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías de la institución en la Comunidad de Madrid (coloquialmente conocido como 'fiscal SIM', por Sistema Informático del Ministerio Fiscal). Salto negó de manera categórica que exista un protocolo interno de seguridad que fuerce al borrado periódico de las memorias y mucho menos que obligue a cambiar de terminal o formatear el aparato.

En su declaración ante el Supremo, Almudena Lastra también negó conocer la existencia de ese protocolo y aseguró que nunca le han obligado desde la Fiscalía a borrar mensajes de su móvil . Es más, que siempre que le han cambiado de terminal oficial los informáticos le han volcado toda la información del viejo teléfono en el nuevo.

EL TERMINAL EN CUESTIÓN

El testimonio de Lastra y, sobre todo, de Salto se unen a otras evidencias de que en la Fiscalía General no existían órdenes de borrados periódicos, como prueba el hecho de que ni la propia lastra ni la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, coimputada en esta misma causa con García Ortiz, no eliminaran los mensajes de las fechas que están bajo sospecha por la filtración (del 8 al 14 de marzo de 2024). No se conoce tampoco que ningún fiscal haya confesado públicamente que su móvil ha sido formateado de forma periódica por órdenes de los servicios técnicos del Ministerio Público.

A la espera de que García Ortiz dé explicaciones en el Supremo, el nerviosismo en la Fiscalía General crece, según confiesan fuentes internas de la institución. Sobre todo, porque tienen la convicción de que el juez del Supremo va a reclamar a García Ortiz que entregue el terminal físico que usaba el pasado marzo en cuanto la UCO informe al instructor Hurtado del IMEI de ese aparato; es decir, el número que identifica a cada terminal que existe en el mercado. Si ese terminal, propiedad del Estado, no ha sido destruido, los expertos forenses de la Guardia Civil están persuadidos de poder recuperar al menos parte de la información borrada.