Telegram seguirá en línea. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dio marcha atrás este lunes y levantó definitivamente la suspensión de los recursos asociados a la plataforma de mensajería instantánea. El magistrado argumentó que la medida sería "excesiva y no proporcional" y admitió que supondría "un claro perjuicio a aquellos millones de usuarios que la utilizan": solo en España 8,5 millones.

En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco incidió en que el bloqueo "tendría un cierto impacto económico para las empresas o sociedades que desarrollan gran parte de su actividad comunicativa a través de esta plataforma de comunicación puesto que la consideran un canal fiable y seguro contra intervenciones no deseadas". Para llegar a esta reflexión, solicitó información a la Policía Nacional sobre sus características así como sobre la incidencia que pueda tener sobre los usuarios la suspensión temporal que acordó el viernes.

El juez había dado un ultimátum a diez operadoras telefónicas y de acceso a Internet que operan en España para "suspender temporalmente los recursos asociados" a Telegram por una vulneración continuada de los derechos de propiedad intelectual en España.

DEMANDA

El auto, fechado a viernes 22 de marzo, era de obligada aplicación en el momento en que Telefónica, Vodafone, Orange, Masmóvil o Digi Telecom, entre otras, recibieran el mandamiento del juzgado. Un día después, el sábado, el juez dio tres horas a las operadoras españolas para que, desde la recepción de su comunicación, procediesen a la suspensión.

En su resolución de siete páginas, Pedraz acordó además prorrogar seis meses el plazo de instrucción de la causa penal, hasta el 29 de septiembre próximo, para instruir la causa abierta por la denuncia inicial de Telefónica contra la reiterada infracción de los derechos de propiedad intelectual y la falta de colaboración de las autoridades de Islas Vírgenes desde julio de 2023.

Precisamente, estos aspectos primaron para que el juez ordenara suspender de forma cautelar la aplicación tras una denuncia presentada por las compañías de televisión Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus y la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales, quienes acusan al sistema de mensajería de estar sirviendo para redistribuir sus contenidos sin permiso. Ahora, la causa penal sigue abierta, pero el juez ha desatendido la petición cautelar de bloquear su acceso en España tras dar marcha atrás en 72 hora.