El Gobierno de Pedro Sánchez decidió este martes en el Consejo de Ministros desclasificar una parte de los documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre el espionaje al presidente de la Generalitat Pere Aragonès. En particular, da luz verde a revelar el contenido del auto del juez del Tribunal Supremo Pablo Lucas, el magistrado que controla al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), por el que se autorizó la intervención del móvil al mandatario catalán.

El Ejecutivo accede así a levantar parcialmente el secreto de este material tal y como le había reclamado el titular del Juzgado de instrucción número 29 de Barcelona, Santiago García, quien investiga la infección con este programa de 18 líderes independentistas.

La información que el juez de Barcelona había reclamado al Gobierno era, no obstante, mucho más extensa que la desclasificada ahora: quería saber si el CNI tiene licencia de Pegasus, quién habría comprado ese permiso a la empresa israelí NSO Group; qué personas participaron en esa supuesta compra; o registros sobre el empleo de Pegasus, entre otras cuestiones.

El juez quería tener todos los detalles de la operativa del espionaje antes de interrogar, como imputada, el próximo 26 de enero a la exdirectora del CNI Paz Esteban, el único alto cargo gubernamental que está siendo investigado por Pegasus.

La operación de espionaje no puede ser negada por el Gobierno, ya que fue reconocida el 5 de mayo de 2022 en la comisión de secretos oficiales del Congreso por la propia exdirectora del centro Paz Esteban, quien aseguró, no obstante, que esos 18 pinchazos siempre fueron con autorización del Tribunal Supremo. La exdirectora negó, sin embargo, que lo servicios secretos estuvieran detrás de la infección de los "smartphones" de otros 43 políticos independentistas -41 catalanes y 2 vascos- que fueron atacados a través del "malware" israelí, según el análisis de Citizen Lab, el centro canadiense que reveló el espionaje al secesionismo catalán. Esteban fue fulminada el 11 de mayo de ese mismo año, menos de una semana después de desvelar ante los diputados este operativo.

El pasado 13 de diciembre el propio Aragonès declaró ante el juez como perjudicado y en calidad de testigo. El presidente acusó al CNI de espiarle entre julio de 2018 y marzo de 2020. En aquella época era aún vicepresidente del Govern, bajo la presidencia de Quim Torra. En ese periodo se inició la mesa de diálogo entre los dos gobiernos, se impulsó la moción de censura contra Rajoy, se negociaron los presupuestos del Gobierno, que ERC tumbó, y la investidura de Pedro Sánchez. Aragonès citó conversaciones sobre estos cuatro acontecimientos en sus llamadas telefónicas, además de contactos con banqueros y empresarios. En julio de 2022, Pere Aragonès se querelló contra la exdirectora del CNI y contra la empresa fabricante del software del espionaje.

El pasado 25 de octubre, ERC dejó muy claro en el Parlament que "con la amnistía no basta" y que, además de otras exigencias, para dar estabilidad a la legislatura de Pedro Sánchez los republicanos querían que el Gobierno desclasificara los documentos del CNI sobre el espionaje a los independentistas catalanes, entre ellos al president Pere Aragonès.

COMPARECENCIA DE MARLASKA

La desclasificación llega, además, en un momento en el que vuelve a saltar a la primera línea la llamada 'Operación Cataluña'. La ministra portavoz, Pilar Alegría, no descartó que el PSOE solicite que miembros del Ejecutivo del PP de la época de Mariano Rajoy, incluido el mismo, comparezcan en el Congreso de los Diputados en la comisión de investigación que tratará de aclarar los hechos.

Esquerra, sin embargo, quiere también solicitar la comparecencia de Fernando Grande-Marlaska y los miembros de la actual cúpula del Ministerio del Interior, una petición a la que Podemos ya ha mostrado su intención de sumarse. Sin embargo en Sumar mantienen el foco puesto sobre Rajoy y su entonces titular del Interior, Jorge Fernández Díaz.

Los morados, además, piden a Sánchez que la decisión de enviar oficiales de enlace a las operaciones militares que EE UU y Reino Unido desarrollan en Yemen, si se produce, se vote en el Congreso. "Y ya les adelanto que nuestro voto será 'no'", avanzó este martes el coportavoz de la formación, Javier Sánchez Serna.