La Policía Nacional ha detenido en varios puntos de España a 22 presuntos integrantes de la organización ecologista Futuro Vegetal, entre ellos sus tres líderes, acusados de conformar una estructura criminal y causar daños al patrimonio por valor de más de medio millón de euros.

A este colectivo se le atribuyen 65 hechos delictivos, entre ellos el lanzamiento de pintura a la fachada del Congreso de los Diputados, el corte de carreteras en Madrid, daños a obras del Museo del Prado y el acceso a las pistas de los aeropuertos de Ibiza y Adolfo Suárez Madrid-Barajas, provocando el cierre temporal de las mismas.

Según ha informado la Policía Nacional, los arrestos se realizaron de forma coordinada en las ciudades de Madrid, Barcelona, Cádiz, Murcia, Elda (Alicante), Zaragoza, Granada, Valencia, Soria, Santander y San Sebastián.

La investigación policial, que arrancó hace un año, constató que la organización estaba compuesta por un elevado número de integrantes, con un claro reparto de tareas coordinados por líderes –conocidos como "dinamizadores"–, quienes asumían roles directivos y recibían remuneraciones por sus responsabilidades.

Futuro Vegetal recibió más de 140.000 euros en donativos, parte de los cuales fueron supuestamente empleados por los tres cabecillas de la organización para coordinar su actividad delictiva.

Los miembros de la organización establecieron relaciones internacionales con otros colectivos similares, llegando a cometer acciones en el extranjero, como el sabotaje de una gasolinera en la localidad de Laruns (Francia) el pasado septiembre.

La investigación arrancó en enero de 2022 después de que varios activistas lanzaran pintura contra la fachada del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en Madrid.

Desde entonces, miembros de este colectivo actuaron al menos en otras 65 ocasiones en otros puntos de España causando daños estimados en más de 500.000 euros, sin cuantificar los desperfectos causados al patrimonio artístico.

Por estos hechos los 22 arrestados pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de los delitos de pertenencia a organización criminal, daños, daños contra el patrimonio histórico, contra la seguridad vial y del tráfico aéreo, atentado a agente de la autoridad y desórdenes públicos.