Elecciones
El fraude del voto en Melilla se cobra ya diez detenidos y salpica a los socios de Díaz
El Acuerdo del Turia de Más País y Compromís aparta a Coalición por Melilla, con su número tres arrestado y su líder condenado en 2021 por otro amaño
Actualizado el 24/05/2023 a las 08:08
El fraude en el voto por correo detectado en Melilla ha convertido a la ciudad autónoma en un sobrevenido e inesperado epicentro de la campaña para los comicios de este domingo 28 de mayo por el alcance de un intento de trucar el escrutinio que representa ya el de mayor envergadura registrado en la historia democrática española y por la onda expansiva que ha extendido sobre el bautizado como Acuerdo del Turia.
La plataforma, que agrupa a partidos identificados con la izquierda y afines al proyecto Sumar de la vicepresidenta Yolanda Díaz -sin Podemos-, incluye también a Coalición por Melilla (CpM), el partido situado en el ojo del huracán de los presuntos ilícitos después de que la Policía Nacional detuviera ayer a su número tres y consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana de la ciudad, Mohamed Ahmed Al Lal, y al yerno de Mustafá Aberchán, el líder de la formación.
Aberchán se encuentra inhabilitado tras ser condenado por el Supremo en 2021 por una compra de votos para el Senado. Las investigaciones contra la trama, destapada en la primera semana de campaña, han reventado con una macroperación policial desplegada entre el lunes por la noche y la mañana del martes saldada, por el momento, con diez arrestados por su posible vinculación con la adquisición fraudulenta de papeletas por correo para tratar de amañar las elecciones de este domingo a la Asamblea melillense.
El foco de la sospecha estaba situado desde hace días sobre CpM. Pero las detenciones de Al Lal -quien compareció por la tarde, en libertad provisional y junto a la candidata Dunia Almansouri, para defender su inocencia-, del yerno de Aberchán, Abdel-ilah Nourdine Ahmed, y del hermano de este fueron las que acorralaron ayer a la formación que llegó a presidir con su líder, hace un cuarto de siglo, el Gobierno local.
Si la gravedad del presunto fraude ya había traspasado las fronteras del territorio, las eventuales implicaciones de CpM salpican a los firmantes del Acuerdo del Turia. El pacto llamado a arropar a Yolanda Díaz fue constituido hace un año por Más País, Compromís, la Chunta, Més por Mallorca y Verdes Equo y se amplió meses después con Coalición por Melilla y Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta.
Fuentes de la alianza revelaron que el partido de Aberchán ha quedado excluido de la misma desde el momento en que se abrieron las investigaciones y a la espera de que se esclarezca todo lo ocurrido; un orillamiento que, sin embargo, no había trascendido hasta ahora, cuando ya se han practicado los primeros arrestos. Si Podemos siempre se mostró receloso de la cooperación con CpM precisamente por los antecedentes de Aberchán, Ione Belarra no dejó pasar la ocasión ayer de reafirmarse en sus reticencias y enviar un nítido recado a los afines a Díaz. "Es preocupante que algunos partidos progresistas consideren a Coalición por Melilla un socio aceptable", apuntó la secretaria general de los morados, que siguen sin consenso con la vicepresidenta y compiten con el partido de Íñigo Errejón en Madrid y con Compromís en Valencia.
PERTENENCIA A GRUPO CRIMINAL
Al margen del número tres de CpM y de los otros dos detenidos relacionados familiarmente con Aberchán, el resto de los arrestados son supuestos miembros de base de la red que consiguió hacerse con no menos de 10.000 papeletas para el sufragio postal a cambio de cantidades que oscilaban entre los 50 y los 200 euros, según fuentes conocedoras de las pesquisas.
A los sospechosos, que han quedado en libertad a disposición de la justicia, se les atribuye un delito contra la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y otro de pertenencia a grupo criminal.
Los agentes practicaron un allanamiento en un local de tratamiento de datos de CpM y llevaron a cabo otros nueve registros en diversos puntos marginales de la ciudad como Farhana, Tadino de Martinengo o La Cañada de Hidum. En ellos se incautaron de diversas cantidades de dinero y documentación, además de votos listos para ser entregados en Correos.
En la investigación en marcha se indaga, asimismo, el supuesto intento de soborno de funcionarios de Correos en Barcelona para registrar votos con destino a Melilla. Su tramitación ya se había solicitado, pero no se habían registrado todavía ante la exigencia de las autoridades electorales del DNI para identificar a las personas que entregan las papeletas en las oficinas postales de la ciudad norteafricana.
La Brigada Provincial de Información y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla tienen bajo su radar, al menos, a 32 miembros de la supuesta trama. Muchos de ellos son delincuentes de poca monta -sobre todo dedicados al trapicheo de hachís-, a los que la red habría encargado localizar y captar a miembros de familias vulnerables melillenses para comprar su voto por correo. Barriadas completas, relatan los investigadores, habrían accedido a vender sus sufragios a los miembros de esta trama formada tanto por ciudadanos españoles como marroquíes.
La investigación policial se inició hace una semana después de que la Delegación del Gobierno detectara un fortísimo incremento en las solicitudes de voto por correo en la única oficina postal de la ciudad. Melilla superó el jueves por la tarde -cuando en un principió se cerró el plazo de solicitudes de voto postal que finalmente se ha ampliado hasta el 25 de mayo- las 11.000 peticiones. Es decir, cerca del 20% del censo, más del doble que en las elecciones de 2019 y muy por encima de la media nacional, que ronda el 2,84%, o de Ceuta, con el 3,3%.
Las sospechas de Interior provocaron también la intervención de la Junta Electoral de Zona y de la Junta Electoral Central para obligar a identificarse con el DNI a cualquier persona que entregara votos de Melilla en la oficina local o en cualquier otra del país. Esa medida cortó de raíz el posible fraude. De hecho, de las más de 11.000 peticiones, solo 1.882 -el 16%- han sido selladas en Correos.
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