Interior aplicará el reconocimiento facial automático para resolver crímenes a partir de primavera

Será en el mes de abril. O, a lo sumo, en mayo. Estos son los plazos en que el Ministerio del Interior se mueve para comenzar a utilizar la herramienta que muy probablemente va revolucionar la investigación policial: el sistema automático de reconocimiento facial.

Según los documentos e informaciones recabados por este periódico, el programa, que se denomina ABIS (Sistema Automático de Identificación Biométrica, por sus siglas en inglés), será capaz de identificar en segundos a la persona que aparezca en cualquier grabación de cámaras "públicas y privadas" y facilitar una identidad si el sujeto en cuestión está en las bases de personas fichadas de la Policía y la Guardia Civil. Las policías autonómicas, por el momento, no van a cebar con sus reseñas los archivos que usará el ABIS, pero está previsto que lo hagan en el futuro. 

Esta herramienta casi de ciencia ficción, que viene testándose desde hace años en la Sección de Antropología Forense de la Comisaría General de Policía Científica, cotejará las imágenes grabadas en los lugares de los crímenes con las 1.347.120 reseñas que ha introducido ya en el sistema el instituto armado y las 3,5 millones de fotografías "indubitadas" de sospechosos que el CNP está acabando de volcar. En dos o tres semanas, según los responsables de Interior, el enorme archivo de fichados, "salvo problemas técnicos", deberá estar operativo y listo para usarse con el ABIS. Los informes del ministerio y las numerosas respuestas del Gobierno a preguntas parlamentarias a las que ha tenido acceso este periódico afirman tajantes que en ningún caso las fuerzas de seguridad del Estado recurrirán al ABIS para el control de personas en espacios públicos, como sí hace desde hace años de manera masiva el Gobierno chino. Tampoco -promete el Ejecutivo- se utilizará nunca para cotejar con bases ajenas a las de los sujetos fichados, como podría ser el fichero fotográfico del DNI. "ABIS se utilizará exclusivamente en investigaciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad del Estado en materia de prevención, investigación y detección de infracciones penales, concretamente cuando sea necesaria la identificación de las personas implicadas en esas infracciones a través de huellas dactilares y/o fotografías faciales", afirma el Ejecutivo en uno de los documentos remitidos al Parlamento, donde la futura puesta en marcha de esta herramienta ha levantado muchos recelos, sobre todo entre las fuerzas de izquierdas aliadas del propio Gobierno de Pedro Sánchez. 

Los informes del Ministerio del Interior se esmeran en destacar la legalidad de esta herramienta, que ha provocado también muchas críticas entre los expertos del sector. El equipo de Grande-Marlaska asegura que el ABIS cumple con la Ley Orgánica 7/2021 de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales. Y que, en cualquier caso, va a operar bajo el amparo del fichero número 15 denominado SAID (Sistema Automático de Identificación Dactilar), que ya estaba autorizado por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Interior arguye que esta herramienta ya tendría el visto bueno de la agencia porque al SAID, simplemente, se le va a "añadir un nuevo dato biométrico". "Ya se trataba de un patrón dactilar y se añade un patrón facial", afirman los informes oficiales del Gobierno, que insiste en las "garantías" en la "protección de los derechos" de las personas que sean investigadas por este sistema. El cual, agregan, podrá ser "auditado" por cualquier organismo y en especial por la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial y Control de los Algoritmos.

El ABIS no es infalible en las identificaciones, pero se acerca. Según los documentos de Interior, la herramienta está en el "top 50 de los mejores 'softwares' del mercado internacional" en el que se venden 394 sistemas similares. El ABIS, tras ser sometido a dos tandas de búsquedas entre 1,2 millones y 3 millones de fotografías, da un "solo" un 3% de "falsos negativos". En cualquier caso, la decisión final nunca será de la máquina, sino de los policías expertos. "Una vez se cuente con este resultado, los especialistas en reconocimiento facial, deberán realizar sobre cada imagen ofertada el mismo proceso de comparación manual efectuado hasta la fecha para confirmar o descartar la correspondiente identificación", señala la información oficial.

Interior prevé que las identificaciones realizadas por el ABIS puedan conservarse durante "un plazo máximo de 20 años, revisable cada tres". No obstante, ese plazo puede ampliarse si esas coincidencias son parte de una investigación que no esté cerrada. Como en el caso de las huellas o las pruebas de ADN, el interesado también podrá pedir su cancelación junto a sus antecedentes policiales. "Todas las operaciones que lleve a cabo un usuario de la utilidad de reconocimiento facial (siempre un miembro de las fuerzas de seguridad) serán trazadas almacenadas en la base de datos del fichero, de forma que siempre podrá saberse quién hizo qué, cómo, cuándo y con qué registros", intenta tranquilizar Interior a los parlamentarios en sus respuestas oficiales.