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Poder judicial

Los presidentes del Congreso y el Senado acatan con reproches la decisión del Constitucional

El PSOE da a entender que también la respetará pese a no estar ajustada a derecho, pero Unidas Podemos sí abre la puerta a no secundarla al no reconocer la "competencia" del TC en este caso

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La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha afirmado esta noche que acata la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la tramitación de la reforma del Código Penal, un hecho que "carece de precedentes en la historia" parlamentaria constitucionalEFE
Publicado el 20/12/2022 a las 00:27
No habrá desacato. Lo confirmaron a última hora de la noche de este lunes los presidentes del Congreso y el Senado, Meritxel Batet y Ander Gil, en sendas comparecencias solemnes desde ambas cámaras después de conocer la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la tramitación de la reforma impulsada por los partidos del Gobierno, a través de una enmienda a otra ley, para acelerar la renovación de la institución que garantiza el cumplimiento de la Carta Magna. Los dos altos cargos, ambos socialistas, dejaron claro que no comparten la decisión tomada por un Constitucional dividido entre conservadores y progresistas. Batet recordó que nunca el tribunal de garantías había tomado una decisión semejante y manifestó su "honda preocupación" por ese "cambio de proceder". Gil aseguró que la decisión, tomada sin oír a las partes implicadas, marca un "triste punto de inflexión" y supone un "paso de difícil retorno en la degradación de nuestro sistema democrático". Pero no desobedecerán. Es lo que ya habían avanzado a mediodía desde el PSOE. El Gobierno y su principal partido han sido contundentes en los últimos días respecto a lo que implicaría, a su juicio, la suspensión cautelarísima de la tramitación, ya en el Senado, de la reforma con la que Pedro Sánchez aspira a acelerar la renovación del tribunal de garantías. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la portavoz de la ejecutiva socialista, Pilar Alegría, dieron a entender, el domingo y este lunes, respectivamente, que no consideran la medida ajustada a derecho. Alegría habló incluso de "secuestro" del Legislativo. Sin embargo, ya sugirió que su partido acataría la decisión. "El PSOE ha dado muestras de su respeto a la división de poderes. Siempre hemos sido respetuosos con la justicia pero no me pongan un escenario que como demócrata no quiero ni me puedo imaginar", respondió la también ministra de Educación cuando se le preguntó sobre el asunto. Posible desacato No es exactamente la posición defendida por el socio minoritario del Gobierno. Aunque fuentes de la formación matizaron después que no hay una decisión tomada, tanto el diputado de UP y secretario general del PC, Enrique Santiago, como la diputada en la Asamblea de Madrid Alejandra Jacinto apuntaron a un desacato. "No hay posible desobediencia si la resolución se toma sin competencia ninguna", argumentó Santiago en La Sexta. Los socialistas se han resistido hasta ahora a aclarar cuáles serían sus siguientes pasos ante la paralización de sus reformas. Este lunes existían dudas incluso sobre si al aceptar las cautelares se suspenderían no solo los artículos que rebajan las mayorías requeridas al CGPJ para designar a sus dos magistrados en el Constitucional o eliminan el requisito de verificación de idoneidad por parte del tribunal sino también la reforma del Código Penal ideada para beneficiar a los condenados y procesados del 'procés' con la derogación de la sedición y el abaratamiento de las penas por malversación. El PP, en su recurso de amparo, solo pedía frenar los cambios relativos al órgano de gobierno de los jueces y la corte de garantías al entender que su tramitación como enmiendas de un texto que nada tiene que ver vulnera sus derechos de participación. Pero lo que se planteó como enmienda forma ya parte de un conjunto legislativo.
SITUACIÓN INÉDITA
Todo es tan inédito que la incertidumbre es muy elevada. Los partidos estuvieron toda la jornada en vilo pendientes de las deliberaciones del Constitucional hasta que se supo, a última hora de la tarde, que los magistrados habían rechazado por seis a cinco abordar ya las recusaciones del Pedro González-Trevijano y Antonio Naváez - los dos magistrados conservadores que serán sustituidos inmediatamente por el exministro de justicia Juan Carlos Campo y la exasesora del ministerio de Presidencia Laura Díez- solicitadas por UP y el PSOE al considerar que son parte interesada. En el PSOE se tomaron la decisión como una mala señal. Sobre todo por el hecho de que en ella participaran también los propios Trevijano y Narváez. Y lo mismo apuntaron desde la formación morada. " Todo indica que el ala derecha del Tribunal Constitucional tiene intención de proseguir con su golpe a la democracia parlamentaria", adujeron. "Como ya hemos dicho, si finalmente un tribunal constitucionalmente caducado y, por primera vez en 40 años, se atreve a llevar a cabo un pronunciamiento para intervenir el proceso de producción de leyes en el Poder Legislativo, estaría cruzando una línea roja de gravísimas consecuencias".
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